El Kremlin clasifica a Deutsche Welle como una «organización no grata» y advierte sobre las consecuencias de cualquier relación con el medio | Internacional
El Ministerio de Justicia de Rusia ha calificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta clasificación conlleva penas de hasta seis años de prisión para quienes trabajen en el canal y multas, e incluso, la posibilidad de encarcelamiento para aquellos espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha proporcionado explicaciones sobre los motivos de esta prohibición hacia el medio germano. “Este último intento de silenciar a los medios libres resalta el evidente desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, afirmó la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de la confirmación del veto en Rusia.
“A pesar de la censura y el bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que antes”, declaró Massing en un comunicado. “Continuaremos con nuestra cobertura independiente de la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los que la información es casi inaccesible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, agregó la directora general del medio alemán.
Esta prohibición es el desenlace de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron anteriormente. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la transmisión del canal del Kremlin, Russia Today, en alemán, y Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Esta designación no implicaba un veto, pero limitaba su labor hasta casi volverla imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, y el Kremlin clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de forma individual. Hoy, tras diversas reformas legales, esa clasificación también puede conllevar encarcelamiento por no autoclasificarse como tal en redes sociales.
Deutsche Welle optó por prescindir de colaboradores en Rusia en 2024, un año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias informativas, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, hoy siguen siendo inaccesibles, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que el parlamento ruso ha asegurado que bloqueará completamente en un plazo de seis meses.
El Kremlin implementó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el objetivo de reprimir cualquier voz crítica. Bajo esta medida, se han prohibido 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.
Incluso la mera mención de una organización de la lista en redes sociales puede acarrear multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (equivalente a unos 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o antecedentes previos pueden justificar la apertura de un caso penal contra el supuesto infractor.
Según Vasili Piskariov, presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». En marzo de 2022, el Parlamento ruso aprobó una ley que penaliza con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto implica que difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, término oficial que la legislación se niega a denominar “invasión” o “guerra”, puede ser castigado.



