El Kremlin designa a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones por cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha catalogado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta clasificación conlleva penas de hasta seis años de prisión para aquellos que trabajen con el canal, así como multas e incluso encarcelamiento para los espectadores que compartan o den “me gusta” a sus noticias. Las razones detrás de esta prohibición no han sido aclaradas por el organismo ruso. “Este nuevo intento de silenciar a medios independientes resalta el evidente desprecio del régimen ruso hacia la libertad de prensa y evidencia su temor a la información libre”, declaró Barbara Massing, directora general de Deutsche Welle, antes de la confirmación de la prohibición en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que nunca”, sostiene Massing en un comunicado. “Continuaremos con nuestra cobertura periodística objetiva sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas en los que la información es prácticamente inaccesible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, añade la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el resultado final de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque la presión sobre los medios occidentales comenzó antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la transmisión del canal del Kremlin, Russia Today, en alemán, lo que llevó a Moscú a catalogar al medio alemán como agente extranjero. Esto no era un veto formal, pero limitaba su operación a tal punto que se tornó casi imposible informar tanto a los rusos como al resto del mundo. Deutsche Welle decidió cerrar su corresponsalía, pero el Kremlin luego clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Actualmente, con varias reformas legales, esta categorización también puede llevar a la encarcelación por no identificarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle optó por no contar con colaboradores en Rusia en 2024, año en que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos al expulsar a varios corresponsales y bloquear el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas siguen inaccesibles hoy, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido severamente ralentizado y que el Parlamento ruso aseguró el martes que bloqueará por completo en seis meses.

El Kremlin implementó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el objetivo de silenciar cualquier voz crítica. Bajo esta normativa han sido prohibidas 280 entidades, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la simple mención de una organización de la lista en las redes sociales conlleva multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), y la reincidencia o tener antecedentes puede justicar la apertura de un caso penal contra el presunto infractor.

Según Vasili Piskariov, presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Deutsche Welle “difunde propaganda antirrusa” y “forma a expertos en desinformación a través de su academia de medios». Precisamente, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022 una ley que sanciona con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto significa que la difusión de información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, el nombre oficial que la legislación rechaza llamar “invasión” o “guerra”, puede ser castigada.