El Poder Judicial designa a Antonio Viejo como nuevo responsable del juzgado que indaga a la pareja de Ayuso | Noticias de Madrid

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este martes la designación de Antonio Viejo Llorente como nuevo responsable del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, encargado de investigar al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado tomará las riendas de un caso que hasta el mes pasado estaba bajo la supervisión de María Inmaculada Iglesias, quien había iniciado dos procedimientos contra Amador: uno por fraude fiscal, que está a punto de llegar a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, y otro por soborno empresarial, que aún se encuentra en fase de instrucción.

Viejo es un juez con amplia experiencia que provenía de la Audiencia Provincial de Madrid. Ganó por concurso de traslado la vacante dejada por Iglesias debido a su jubilación. Este concurso se resolvió de acuerdo con el criterio de antigüedad en la carrera, y el resultado se conoció el 23 de junio, cuando se anunciaron 133 plazas, pero estaba pendiente de confirmación por parte de la Comisión Permanente del CGPJ, que podría haber aceptado el recurso de los candidatos no seleccionados.

Los magistrados designados en este concurso cesarán en su puesto actual el día hábil siguiente a su publicación en el BOE, lo cual aún no ha sucedido. La toma de posesión en sus nuevos destinos debe hacerse dentro de los ocho días naturales posteriores.

Viejo es reconocido por su labor como decano de los jueces de Plaza de Castilla (donde se sitúa el 19 de instrucción) entre 2014 y 2018. Dejó el cargo para convertirse en secretario general en el Ministerio de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, un puesto técnico que funcionaba como vínculo entre el ministerio y la carrera judicial. Es una figura histórica de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las principales agrupaciones judiciales.

La jueza Iglesias imputó a Amador en marzo del año pasado por un presunto fraude fiscal de 350.910 euros, basado en una inspección previa realizada por Hacienda sobre el impuesto de sociedades de las dos consultoras sanitarias del empresario. Meses después, la magistrada abrió una nueva pieza al considerar que los hechos reunidos por la Agencia Tributaria también podían ser delictivos, en relación con presunta corrupción en los negocios y administración desleal.