El PP a nivel nacional cerró el caso de acoso relacionado con la exconcejala de Móstoles sin convocar a la afectada | España

La defensa del PP frente al desamparo que asegura haber vivido una exedil del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) al denunciar acoso sexual y laboral por parte del alcalde, Manuel Bautista, se centró este jueves en desmentir las acusaciones. Sin embargo, esto resultó contradictorio. Desde el PP de Madrid afirmaron, por un lado, que la mujer había negado haber sufrido acoso; pero, al mismo tiempo, indicaron que ese acoso —el supuestamente no alegado— sí fue objeto de investigación. Aseguraron que el verdadero problema era la falta de pruebas, lo que llevó a archivar el caso cuando llegó al comité nacional de derechos y garantías del Partido Popular. Sin embargo, el análisis de la documentación revela que este comité cerró el expediente sin escuchar en persona ni a la presunta víctima ni a los testigos mencionados en su escrito.

La concejala denunció primero ante el PP de Madrid que había vivido acoso sexual y posteriormente acoso laboral por parte del alcalde, desde la campaña de las elecciones municipales de 2023 hasta su salida del Ayuntamiento y del partido en octubre de 2024. Según su relato, el regidor la abordaba con propuestas explícitas no deseadas y, tras su negativa tajante a mantener una relación que no fuera estrictamente profesional, comenzó un proceso de aislamiento, invisibilización y trato humillante que se extendió durante meses y culminó con la retirada de sus competencias.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la dirigente comunicó los hechos a la dirección del PP de Madrid. En dos reuniones —a las que asistieron la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario general regional, Alfonso Serrano, la primera vez, y Millán y la también dirigente del PP madrileño Lucía Paniagua, la segunda— fue presionada para que no presentara acciones legales. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le expresó Millán. “Hacerlo público no es ayuda, esto te va a hundir”; “Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen”; “El amparo pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”.

Ante la falta de una respuesta efectiva y de la apertura de un protocolo de acoso, la mujer —que aún solicita mantener el anonimato, aunque este jueves desde la Comunidad de Madrid se filtró a los medios de comunicación información confidencial sobre sus comunicaciones y su identidad— decidió entregar su acta de concejala y darse de baja como militante del Partido Popular.

Fue entonces cuando la dirección nacional del partido intervino. Ella se dirigió a la Vicesecretaría de Organización del PP, informa lo siguiente:

“Antes de iniciar las acciones legales que correspondan, quiero informarles de la situación que se ha dado en el PP de Madrid, ya que he sido afiliada desde el año 2010 y durante más de un año he representado las siglas del Partido Popular como concejal de Móstoles.

En febrero de 2024 escribí a la presidenta para comunicarle la grave situación de acoso que estaba sufriendo en Móstoles. Desde febrero hasta octubre de este año he mantenido en Génova tres reuniones y realizado seis escritos pidiendo amparo y no se ha hecho nada. Cuando renuncio a mi acta de concejal me contestan diciendo que no pueden hacer nada porque ya no soy afiliada. Les adjunto a continuación el email que el pasado 12 de octubre le envié a la presidenta. De esta comunicación no he recibido respuesta.

Como iniciaba mi email, esta situación está siendo muy complicada para mí, pero creo que la política debe ser ese mecanismo de cambio hacia una sociedad mejor en la que comportamientos como los que yo he sufrido no vuelvan a repetirse.

Lo único que solicito es que se depuren responsabilidades para que lo que he vivido no vuelva a suceder”.

A raíz de esa carta, la Vicesecretaría de Organización del PP respondió que trasladaba el asunto al órgano competente en materia de garantías. Y el comité nacional de derechos y garantías le solicitó después “cuanta información” dispusiera sobre los hechos a los que se referían “sus comunicaciones”. Lo pidió el vocal-instructor Francisco Galeote.

Ella envió un escrito de 20 páginas en el que hablaba expresamente de “acoso sexual y profesional”, del “desprecio” del partido y de las “recriminaciones” que había recibido por parte de compañeras que, a su juicio, debían haberle garantizado protección. Detallaba la insistencia de Bautista en mantener una relación más allá de lo profesional, su negativa, la difusión de rumores falsos —incluido que ella era su amante— y el inicio de un acoso laboral continuado. Enumeraba situaciones concretas y proponía testigos y medios de prueba.

Paralelamente, la mujer había denunciado en un juzgado el hackeo de su correo electrónico, ya que había desaparecido la bandeja de entrada con comunicaciones mantenidas con la Comunidad de Madrid. El comité de garantías suspendió entonces la investigación al entender que existía un procedimiento judicial abierto. Ella aclaró que no era así, que la causa no versaba sobre el acoso, y solicitó que se reanudara la investigación interna. El comité le pidió el auto judicial sobre el hackeo, que ella remitió. Después, no recibió más noticias.

Un portavoz oficial del PP nacional asegura que el caso sí se reabrió, incluso pese a que la denunciante ya no era militante. “Se realizaron las consultas que se consideraron oportunas y necesarias”, indican. Sin embargo, ella no fue llamada de nuevo, ni se contactó con los testigos propuestos, ni se verificaron algunos de los medios de prueba aportados. Tampoco fue informada de que la investigación se hubiera reabierto.

Según el portavoz, esto se debe a que “al tratarse de un procedimiento interno realizado en el seno del PP no es necesario informar a personas ajenas al Partido Popular”, y la denunciante ya no era afiliada. Ella tampoco tuvo constancia de que finalmente se archivara el caso.