El PP choca con el Tribunal Constitucional en su confrontación con el Congreso.

El incremento de la polarización ha provocado un ambiente de tensión política que afecta a las instituciones y al debate público. La confrontación ha reemplazado la tranquilidad y la limpieza de la democracia en los tiempos recientes. Particularmente en esta legislatura, hemos sido testigos de un choque sin precedentes entre las Cámaras parlamentarias que componen el poder legislativo: el Congreso y el Senado.

La Cámara Alta, dirigida por Pedro Rollán (PP) y con una considerable mayoría absoluta del Partido Popular, y la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol (PSOE) y respaldada por una mayoría absoluta plurinacional que invistió a Pedro Sánchez, están inmersas en un tensado institucional por intereses partidistas.

Tras el 23-J, los de Alberto Núñez Feijóo señalaron a Armengol y al resto de la dirección del Congreso de los Diputados, optando por manipular su poder en la Cámara de representación territorial para lanzar una ofensiva que incluye cerca de una treintena de recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, ya sea por el propio partido o a través de la dirección del Senado.

No obstante, el tribunal de garantías emitió en 2025 una veintena de resoluciones relacionadas con el Congreso, y en cada una de ellas la Cámara se ha mantenido indemne.

Según el diario El País, el Senado ha concretado recientemente lo que ya había anunciado en octubre pasado: la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no haber presentado un proyecto de Presupuestos a las Cortes.

Esta será la tercera iniciativa similar del año que concluye. Las otras dos también se plantearon contra el Congreso. Una fue por incorporar a la ley del Servicio Público de Justicia una enmienda sobre mejoras salariales para un grupo de jueces que fue accidentalmente excluido de la redacción y se recuperó a través de una corrección de errores.

La otra surgió por el veto del Ejecutivo, con el consentimiento de la Cámara Baja, a una enmienda aprobada en el Senado sobre la ley de Desperdicios Alimentarios que buscaba reducir del 4% al 2% el IVA de los alimentos esenciales.

El Ejecutivo ejerció su prerrogativa de bloquear iniciativas parlamentarias que supongan una modificación directa de los Presupuestos vigentes, una justificación considerada insuficiente por el Partido Popular.

Además, hay otro conflicto institucional pendiente en el Tribunal Constitucional, planteado por el Senado contra el Congreso de manera exclusiva. Se refiere a la trasposición de la directiva europea que permite a los presos descontar los años de condena cumplidos en otros países, beneficiando así a reclusos etarras al acortar su tiempo en la cárcel.

El PP no consideró las consecuencias de la reforma mientras avanzaba su tramitación en el Congreso y luego en el Senado. Hasta que el tema salió a la luz en los medios de comunicación, y intentaron corregirlo en la Cámara que controlan introduciendo una enmienda cuando el plazo legal ya había concluido. La Cámara Baja no la aceptó.

La ley de amnistía marcó el inicio

Esta movilización de la maquinaria institucional y política del Partido Popular alcanzó su punto máximo con la ley de amnistía. Sus recursos no solo se dirigían contra el contenido de la norma, sino también contra el procedimiento por el cual fue tramitada en el Parlamento, mediante una proposición de ley del grupo socialista y no como un proyecto de ley del Ejecutivo.

Estas demandas de inconstitucionalidad impulsadas por el PP sumaron 15: una del grupo parlamentario en la Cámara Baja -dirigido en ese momento por el actual secretario general y de organización del PP, Miguel Tellado– y varias de las comunidades autónomas en las que gobiernan -entre ellas, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, etc.-

En el último año, el tribunal de garantías, presidido por Cándido Conde-Pumpido, con una mayoría de magistrados progresistas, ha resuelto 20 contenciosos en los que estaba implicado el Congreso y la decisión ha sido favorable a la sede de la soberanía nacional en todos ellos.

Además de los relacionados con la ley de amnistía, el PP perdió otro, el presentado contra la forma en que se aprobó durante la pasada legislatura la reforma legal que impedía que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estaba con el mandato caducado por el bloqueo de los populares, continuara nombrando magistrados del Supremo.

En el Tribunal Constitucional hay pendientes de resolución otros seis recursos del PP que implican al Congreso, así como los tres conflictos institucionales planteados por el Senado. Los órganos de gobierno del Congreso subrayan que las 10 resoluciones emitidas en 2025 por el Supremo sobre demandas contra la institución también han sido favorables a ella.

Entre estas se incluye un recurso de Vox contra su exclusión en los nombramientos de la Junta Electoral Central y tres más de uno de los letrados de la Cámara, Manuel Fernández-Fontecha, muy combativo con la Mesa del Congreso en los medios de comunicación y en los juzgados.