El presupuesto de Ayuso excluye un programa nacional de vivienda para sobrevivientes de violencia de género | Noticias de Madrid

El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que se extenderá hasta 2030, es uno de los proyectos clave del Gobierno y se organiza en 13 programas. Entre estos se incluyen iniciativas para promover el alojamiento de personas con discapacidad, erradicar el chabolismo y ofrecer ayuda habitacional a las víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha destinado fondos propios para estas iniciativas y ha redistribuido su asignación de recursos estatales adicionales para 2025, que asciende a 1,075 millones de euros, dejando únicamente 300.000 euros para este fin. Así lo ha denunciado Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, y ha sido adelantado por la Cadena SER este martes.

Son las comunidades autónomas las responsables de proponer la distribución de los fondos del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda entre los distintos programas, así como de informar al Gobierno central sobre su contribución regional. Según la legislación vigente, si la cofinanciación autonómica es inferior al 10%, el compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también se ve reducido.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional comunicó en sus previsiones de 2022 que aportaría aproximadamente un millón de euros anuales en 2023, 2024 y 2025 para el programa de asistencia a las víctimas de violencia de género, desahuciados, personas sin hogar y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. No obstante, fue ajustando su presupuesto hasta dejar sin financiación en esos tres años.

“A pesar de no destinar ni un euro a esta causa, recibió una financiación adicional del Gobierno de España de 1,075 millones en 2025″, denuncia la diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Subraya que, además, “gran parte de estos fondos estatales han sido desviados a otros programas, quedando solo 300.000 euros para esta ayuda”, diseñada para proporcionar soluciones habitacionales inmediatas en forma de vivienda, alojamiento o habitación en alquiler o cesión de uso, con límites de renta que pueden aumentarse en situaciones urgentes.

El subsidio oscila entre 600 y 900 euros mensuales, además de apoyo para gastos de comunidad, suministros e internet. Se concede por un período de hasta cinco años, con seguimiento social y posibilidad de pago directo al propietario o gestor del hogar. Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha priorizado otros programas en su presupuesto del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda: más de 4 millones de euros para ayudar a jóvenes, más de 3 millones para la accesibilidad en viviendas, y más de 1,5 millones para fomentar alojamientos temporales, modelos de cohousing, viviendas intergeneracionales y modalidades afines.

El reparto de fondos regional genera indignación en Morales. “La ayuda a víctimas de violencia de género es una prioridad para el Gobierno de España, tal como se establece en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda”. No oculta su enfado: “Además de no aportar nada, la Comunidad de Madrid redirige el dinero hacia programas que le interesan más. Es un reflejo de esta autonomía, resulta doloroso”.

Asegura que 300.000 euros son insuficientes para atender a quienes han sufrido violencia machista, sinhogarismo, desahucios u otras circunstancias de vulnerabilidad. Señala que esta política autonómica tiene repercusiones en las calles. “Este mes, han desahuciado a una mujer con dos nietas pequeñas, cuya hija fue asesinada. Si no fuera por la solidaridad vecinal, se habrían quedado en la calle”, relata.

Regiones como Cataluña aportaron más de 30 millones de euros a este programa, logrando un total de 90 millones con los fondos estatales adicionales. Morales enfatiza que la financiación en el ámbito de la violencia de género es crucial. “Es lo que permite a una mujer escapar de su agresor y tener un hogar mientras se recupera; de lo contrario, debe quedarse con el agresor o vivir en la calle. Muchas no cuentan con independencia económica”, declara, al tiempo que explica que el mercado de la vivienda en la capital está muy tensionado, y las opciones de alquiler se complican aún más cuando hay menores a cargo.

Desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid afirman que no han incluido financiación al convenio suscrito porque “la región cuenta desde hace años con un procedimiento propio y estructurado para la adjudicación de vivienda por especial necesidad, que prioriza expresamente a las personas víctimas de violencia de género, cumpliendo con el mismo objetivo que el programa estatal”.

Con el proyecto autonómico, las mujeres deben pasar por un baremo específico que les asegura una puntuación reservada, asignada por los trabajadores sociales, “con el objetivo de colocarlas en las primeras posiciones de la lista de adjudicación”, indican desde la Consejería de Vivienda.

Sin embargo, Morales sostiene que la aplicación real de este procedimiento no satisface la demanda habitacional de manera urgente en la Comunidad de Madrid: “En 2024 se concedieron solo 91 viviendas, frente a las 32.004 denuncias por violencia de género y los 2.845 títulos acreditativos de ese año. Además, la espera para acceder a una vivienda alcanzó entre 12 y 18 meses en muchos casos. Las mujeres no pueden esperar tanto tiempo”.

La diputada socialista no tiene información sobre el número de solicitudes rechazadas, a pesar de haber solicitado dicha información a la Consejería de manera reiterada. “La presidenta Ayuso muestra poco interés por las mujeres”, comenta, recordando que la ley autonómica en violencia de género prioriza el acceso a una vivienda pública. El PSOE ha presentado una propuesta no de ley que incluye un conjunto de medidas, entre las cuales se encuentra el compromiso de la Comunidad de Madrid de aportar un 20% de financiación autonómica al programa destinado a las víctimas de violencia de género dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda.