El PSOE de Madrid presenta una querella contra el CEO de Ribera por el escándalo en Torrejón | Noticias de Madrid


El PSOE de Madrid ha tomado la delantera en el caso del hospital de Torrejón de Ardoz. La formación liderada por Óscar López, quien también ocupa el cargo de ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez y se prepara para competir en las elecciones contra Isabel Díaz Ayuso, presentará esta mañana ante la Fiscalía de Madrid una denuncia contra Pablo Gallart, consejero delegado del grupo Ribera Salud. Esta acción surge tras la publicación en EL PAÍS de audios en los que Gallart menciona la necesidad de aumentar la lista de espera en el hospital público, gestionado por su empresa, con el fin de obtener mayores beneficios. Los socialistas lo acusan de ser el presunto responsable de “irregularidades en la gestión”, y hacen extensiva la responsabilidad al Gobierno de Ayuso, por posible “omisión de deberes de supervisión”.

Después de que se revelara que, en una reunión del pasado septiembre con un grupo de directivos del hospital de Torrejón, Gallart abogó por priorizar las ganancias económicas por encima de la atención médica a pacientes que no resultaban rentables para la empresa, los denunciantes señalan que estas acciones podrían significar indicios de delitos como la prevaricación administrativa, la corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, así como la denegación de prestaciones públicas por discriminación, el mismo delito por el que tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso están imputados en relación con las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia.

El PSOE ha señalado que la denuncia también se presentará “contra todos aquellos que, como consecuencia de las diligencias de la investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal”. Ayuso había ordenado iniciar una investigación que concluyó que no existían irregularidades en el centro y que la atención era adecuada, argumentando que las expresiones de Gallart no se tradujeron en acciones concretas.

Durante días, Ayuso se había sentido cómoda en su posición. Nada parecía afectar su andar. Había logrado derrotar a un fiscal general del Estado, lo que se interpretaba como una victoria frente a su rival principal, Pedro Sánchez. Además, Ayuso constantemente le recordaba a Sánchez sus escándalos. Sin embargo, de repente, se ha visto atrapada en una crisis que nadie previó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo experimentaron un breve período de desconcierto tras la exclusiva de EL PAÍS. Se trató de un golpe directo al modelo de privatización sanitaria que el PP ha promovido en Madrid durante 30 años. Ayuso permaneció 48 horas sin hacer comentarios, quedando en silencio. Incluso el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que a menudo es menos elocuente que ella, se pronunció sobre el tema. Mientras tanto, el Gobierno de Madrid inició una investigación para aclarar los hechos. El equipo de la presidenta argumenta que su silencio fue por prudencia y que esperó más información antes de opinar. Sin embargo, esta pausa provocó un aumento en la indignación pública, convirtiendo la noticia en un escándalo sustancial.

La presidenta y su entorno han tomado la ofensiva. Rechazan las declaraciones de Gallart, pero en lugar de centrar las culpas únicamente en él, ahora dirigen la atención hacia los directivos de la empresa que denunciaron las instrucciones poco éticas de Gallart. “Ese tipo ha sido cesado”, afirman desde el círculo de Ayuso; sin embargo, la realidad es que solo ha dimitido de su “cargo de gestor” del hospital, y Gallart permanece en su puesto actual.

Desde la Comunidad de Madrid sostienen que las órdenes de Gallart no afectaron la rutina diaria del hospital. “Las disputas internas no pueden cuestionar la sanidad madrileña”, minimizan. Insinúan que se trata de un asunto de “resentimientos” y que los denunciantes han utilizado al periódico “para una venganza infundada”. “Deberían aparecer nombres y apellidos de los denunciantes, las ‘fuentes’ no son suficientes”, argumentan. “Es claramente una vendetta”, añaden.

El caso continúa expandiéndose. EL PAÍS reveló nuevamente el viernes que los empleados del hospital recibieron instrucciones de reutilizar material sanitario de un solo uso. Esta directriz está documentada y se denunció a través del canal ético de la empresa. La inspección de la Consejería de Sanidad, a cargo del Gobierno de Ayuso, no halló pruebas de que esto se haya implementado, lo que les lleva a concluir que la noticia “es falsa”, a pesar de que la directriz es real y existe constancia de ello.

Desde la Comunidad de Madrid y el Grupo Ribera quieren dar a entender que los audios publicados están fuera de contexto. La empresa ha comisionado la difusión de uno en el que se escucha a Gallart afirmar: “Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad futura sea nula. ¿De acuerdo? Tendremos que mantener una lista de espera mucho menor que la pública. Hablamos de cómo podemos asegurar la supervivencia de Torrejón”. Sin embargo, esto no contradice la investigación de EL PAÍS. En la información original ya se mencionó que Gallart expresó la difícil situación financiera del hospital como justificación para hacer recortes y aumentar las listas de espera.

Ayuso se enfrenta a una crisis inesperada en un momento en el que ella confiaba en tener la iniciativa política. La condena del fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el caso del supuesto fraude fiscal de su pareja había desviado la atención del verdadero problema, que es el presunto delito cometido por su pareja.

Tras el juicio, el exministro socialista y antiguo aliado de Sánchez, José Luis Ábalos, fue encarcelado. Poco después, se supo que el PSOE había actuado de manera descuidada y lenta en los casos de acoso sexual denunciados por varias militantes contra otro destacado miembro del partido, Paco Salazar. El Gobierno central parecía estar inmerso en una tormenta perfecta. Sin embargo, el escándalo del Hospital de Torrejón ha alterado el curso de los acontecimientos. Ayuso se ha visto obligada a dar explicaciones en un asunto que le involucra directamente, desafiando su gestión, algo que rara vez ocurre, ya que normalmente la discusión se centra en la política nacional. Después de un momento de confusión, la presidenta y su equipo han decidido contraatacar.

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