El sector agrícola de Madrid continúa sus protestas a pesar de la suspensión del pacto entre la UE y Mercosur: «Es el ocaso de la soberanía alimentaria».

Después de más de 25 años de negociaciones, el sábado 17 de enero se firmó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Para sus defensores, esto representa un avance significativo que, si entra en vigor, generaría la mayor zona de libre comercio a nivel mundial, además de estar al margen de la guerra arancelaria que lidera el presidente estadounidense Donald Trump, con la carga política que esto conlleva.

Sin embargo, los opositores, principalmente agricultores y ganaderos europeos -incluidos los españoles y madrileños-, argumentan que su implementación podría amenazar la viabilidad del sector y, por ende, la economía rural, además de poner fin a la soberanía y seguridad alimentaria en el viejo continente. Esto podría resultar, a largo plazo, en un deterioro de la calidad de los productos que consumimos. Según afirman, no es posible competir con los estándares de producción de Sudamérica en la actualidad.

A pesar de la paralización momentánea iniciada por el Parlamento Europeo, que incluso considera llevar el texto a los tribunales, las principales entidades del sector no confían en el acuerdo y, además de criticarlo severamente, tienen la intención de manifestarse por toda España esta semana.

«Es un acuerdo muy perjudicial para el interés europeo, especialmente para el campo mediterráneo. Impactará cultivos cruciales para la Comunidad de Madrid, como el vacuno, el vino o el aceite de oliva, porque no podremos exportar todo lo que deseamos (…). No es solo acerca de las toneladas que pueda aceptar Mercosur, sino sobre los estándares de producción que aplican. Desde materias prohibidas, incluso hormonas de crecimiento reconocidas por Brasil, hasta los costos laborales mucho más bajos», explica, visiblemente preocupado, el director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Bruselas, José María Castilla, en entrevista con Madridiario.

En la misma línea, el presidente de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama), Alfredo Berrocal, es contundente: «No se puede seguir utilizando a los agricultores y ganaderos como moneda de cambio en acuerdos comerciales. No se puede exigir más a nuestros agricultores mientras se permiten la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas normativas medioambientales, sociales ni sanitarias».

«También es un problema para los consumidores»

Berrocal también destaca las posibles consecuencias del pacto para los consumidores. «Mercosur no es solo un problema del campo. También es un problema para los consumidores, que acabarán consumiendo productos producidos con menos garantías de calidad y controles, a miles de kilómetros, mientras se desvanece la producción local», afirma.

Para evitar esta evidente «pérdida de competitividad», las asociaciones del sector exigen a las autoridades internacionales que todos «juguemos con las mismas reglas». En la práctica, esto implica establecer «cumplimientos equivalentes» en el uso de fitosanitarios, el bienestar animal, la trazabilidad de los productos, las labores ambientales, la deforestación, la producción y manejo de residuos, y la normativa laboral y de derechos de los trabajadores.

Específicamente, tales reivindicaciones incluyen «cláusulas espejo» con mecanismos de verificación independientes y suspensión inmediata por incumplimiento, mayores controles fronterizos con capacidad de sanción, y «salvaguardas automáticas» por «perturbación» en mercados «sensibles» como la carne, el azúcar o el etanol, entre otros.

Además, se solicita una «trazabilidad robusta, digital y auditada», más fondos, evitando «parches», y un «plan de competitividad agraria europea» que contribuya en áreas como el uso del agua para riego, la genética vegetal o la mecanización de procesos. Todo esto, en colaboración con una simplificación normativa que actualmente se califica de «asfixia», y una política industrial «que apoye a la agrícola».

«Si prohibimos una sustancia aquí, no la importemos en productos que la hayan utilizado. Si exigimos un estándar, no lo rebajemos en frontera. Eso es reciprocidad. Lo demás es marketing.»

«No estamos en contra de los acuerdos comerciales, pero sí de este en particular» porque «nos coloca en una posición muy desfavorable (…). No tememos a producir, pero siempre que los acuerdos comerciales sean recíprocos, utilicen métodos similares de producción y no disminuyan nuestra competitividad. Un ejemplo claro: es como si el productor europeo solo pudiera utilizar una máquina, mientras que el brasileño usa tres, aprovechando mejor la tecnología, drones, agricultura de precisión y economías de escala… Si prohibimos una sustancia aquí, no la importemos en productos que la usaron. Si exigimos un estándar, no lo rebajemos en frontera. Eso es reciprocidad. Lo demás es marketing.«, concluye Castilla.

Aparte de las manifestaciones en Estrasburgo, que han tenido lugar desde la firma del acuerdo, el ciclo de movilizaciones en nuestro país comienza hoy, liderado por Asaja, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). De este modo, agricultores y ganaderos volverán a salir a las calles de toda España con sus tractores entre el 26 y el 30 de enero, con especial atención al 29, cuando se anticipa la marcha más concurrida en la capital.

Fuera de Madrid, se han convocado actos de protesta en 15 ciudades diferentes: Almería, Alicante, Córdoba, Gran Canarias, Granada, Huelva, Palencia, Jaén, La Rioja, Sevilla, Soria, Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid. Además, salvo cambios de última hora, se planea una gran tractorada para el 11 de febrero, organizada por Ugama.

La Comunidad exige garantías mientras el PP vota a favor del pacto

Atendiendo las exigencias de los agricultores y ganaderos de Madrid, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que dirige Carlos Novillo, firmó el 15 de enero un pacto «para proteger y defender al sector primario regional».

El documento reafirma el compromiso del Gobierno autonómico y de las asociaciones firmantes de colaborar para garantizar la rentabilidad y viabilidad del sector frente al «riesgo de depender de terceros países para el suministro de alimentos sin las mismas exigencias sanitarias». Esto implica abogar por una «financiación adecuada y orientada hacia un modelo de producción justo» mediante «compensaciones».

Al mismo tiempo, el Gobierno regional ha dejado claro su oposición a la aplicación del acuerdo UE-Mercosur en los términos actuales. Al menos «hasta garantizar la protección de los agricultores y ganaderos españoles».

«Ante la posibilidad de que el acuerdo UE-Mercosur sea elevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la intención de la Comisión Europea de aplicarlo automáticamente, la Comunidad de Madrid defiende su paralización hasta que no se aseguren las cláusulas de protección para el campo español y europeo. Es fundamental introducir cláusulas de salvaguarda automáticas, controles en frontera que exijan que los productos que entran cumplan las mismas exigencias sanitarias que los europeos, y sobre todo, garantizar más financiación y menos burocracia en el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC)», indican en un comunicado enviado a este medio.

Aún así, aclaran: «Para el Gobierno regional, este acuerdo es beneficioso para la economía europea en el actual contexto geopolítico, pero debe complementar las garantías de compensación para el sector agrícola y ganadero español. Observamos con preocupación cómo la Comisión, bajo la dirección de Teresa Ribera, pretende aplicarlo provisionalmente sin protecciones hasta que se pronuncie el TJUE».

Incluso la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha manifestado al respecto en su perfil oficial en la redes sociales ‘X’, anteriormente conocido como Twitter.

Sea como sea, es relevante señalar que los diputados del Grupo Popular en la Eurocámara votaron a favor de la legitimidad del Tratado y, por ende, en contra de elevarlo ante la justicia. Junto a ellos, los representantes del PSOE, PNV y Se Acabó la Fiesta. En oposición, por su parte, Vox, Sumar, ERC y BNG.