El TC avanza en los últimos detalles de la amnistía a la espera de la decisión de la Justicia Europea.

El Tribunal Constitucional volverá a examinar en septiembre los recursos pendientes contra la ley de amnistía. A pesar de que el Pleno ya aprobó la norma gracias a la mayoría progresista, aún quedan por resolver los recursos presentados por varias comunidades autónomas, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo y los recursos de amparo de los líderes del procés.

Fuentes del tribunal consultadas por LA RAZÓN indican que se dará prioridad a la solución de estas cuestiones, aunque es probable que los recursos de amparo se prolonguen más en el tiempo. De hecho, no se espera que se respondan a los reclamos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas hasta finales de año; especialmente porque primero hay que resolver sobre las recusaciones formuladas contra el magistrado José María Macías.

Lo que concierne a los recursos de amparo resulta crucial para los líderes de Junts y de ERC, pues obliga al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la no aplicación en el Supremo de la ley de amnistía en relación al delito de malversación. Es importante recordar que el tribunal de garantías solo se ha pronunciado hasta ahora sobre el recurso del Partido Popular, que no abordó la malversación en los gastos del procés. Por consiguiente, la sentencia se ha centrado en validar la controvertida norma, su «finalidad legítima» y su compatibilidad con la Constitución.

Las dudas del Supremo

No obstante, al PP se le unieron otras quince comunidades que comparten su postura, además de Castilla-La Mancha, indicando que la norma es inconstitucional. El primer recurso en admitirse a trámite fue el de las Cortes de Aragón, asignado a la magistrada del sector progresista Laura Díez.

Se prevé dar prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. En julio del año pasado, la Sala Segunda manifestó que la amnistía infringe el principio de igualdad ante la ley. Esta cuestión surgió en el contexto de un recurso presentado por un condenado por desórdenes públicos debido a los disturbios ocurridos en Cataluña tras la sentencia del procés.

Sin embargo, el respaldo proporcionado hasta ahora por el TC de Cándido Conde-Pumpido resulta insuficiente para los líderes de Junts y ERC. El hecho de que el Tribunal Supremo mantenga el delito de malversación sobre Oriol Junqueras significa que seguirá inhabilitado hasta 2031, impidiéndole volver a la escena política. Lo mismo aplica a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes también fueron condenados por este delito en 2019.

La amnistía de la malversación, clave

En relación a Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín -quienes fueron procesados en rebeldía- la acusación por este delito permite mantener las órdenes de detención nacional. Es importante recordar que Llarena, en línea con el tribunal del procés, entendió que la medida de gracia no se podía aplicar a la malversación dado que los procesados incurren en las dos excepciones que contempla la ley para su aplicación: que los actos se llevaran a cabo con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

Por lo tanto, el mantenimiento de las órdenes de detención nacionales es lo que realmente preocupa a Puigdemont, ya que esto implica que sería arrestado si pisa suelo español. Por esta razón, la respuesta del TC de Conde Pumpido sobre la malversación es fundamental para los líderes del procés.

Sobre este tema, las fuentes consultadas afirman que es casi seguro que el TC no se pronunciará sobre la malversación hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por diferentes órganos españoles en relación a la ley de amnistía. El primero en acudir a la Justicia europea fue el Tribunal de Cuentas, que planteó que la amnistía por el desvío de fondos públicos podría vulnerar los derechos comunitarios. De hecho, suspendió la sentencia por la vista que se celebrará en mayo de 2024 a la espera de su respuesta.

Pendientes de la Justicia Europea

A este se adhirió la Audiencia Nacional, que planteó su cuestión en el contexto del procedimiento de los CDR al considerar que la amnistía al terrorismo vulnera la Directiva de la UE sobre este grave delito. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también hizo lo propio en el marco del procedimiento abierto contra los responsables del 1-O (José María Jové y Lluís Salvadó), al igual que un juzgado de Vilanova i la Geltrú, que instruyó un caso por desobediencia del procés.

Una vez finalizada la vista, el TJUE ya está trabajando en su resolución, que se espera que se conozca antes de que finalice el año. Lo que se decida sobre la malversación y la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea será determinante tanto para el Tribunal Supremo como para el propio Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el TC tiene la capacidad de respaldar los reclamos de Puigdemont y los demás condenados, considerando aplicable este delito o, por el contrario, alineándose con las posturas del Tribunal Supremo.

Si el Tribunal Constitucional decide seguir la línea marcada por la mayoría progresista y dar la razón al independentismo, el Tribunal Supremo tendría que aplicar lo que dictamine el TC e incluir también la malversación en la amnistía. Sin embargo, el alto tribunal podría retrasar este dictamen si plantea una cuestión prejudicial al TJUE. Hasta ahora, el alto tribunal solo ha planteado cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC, pero no ha recurrido a la Justicia europea.

La razón de esto es que no consideró que la redacción de la ley cubriera la amnistía de la malversación del dinero público desviado para el procés y, por esta razón, no la aplicó. Por tanto, se prevé que el alto tribunal acuda a Europa si el TC presiona para incluirla. Esto implicaría que el independentismo tendría que esperar al menos medio año más para recibir una respuesta sobre la aplicación total de la norma.