El trasfondo del acuerdo de Ayuso con los rectores: un encuentro en Pontejos, un mensaje nocturno y dos consejeros esenciales.
Era alrededor de las 18:00 horas del lunes cuando se inició la reunión en la plaza de Pontejos de Madrid, la cual resultó crucial para alcanzar un acuerdo histórico con las universidades madrileñas. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, recibió en su consejería a su homóloga en Educación, Mercedes Zarzalejo, y a los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Este fue el último encuentro que culminó dos semanas intensas de contactos bilaterales y multilaterales entre el Gobierno madrileño y los principales responsables académicos. Se buscaba desbloquear una situación que había permanecido enquistada durante meses bajo la dirección del anterior consejero.
Y es que Emilio Viciana había priorizado la aprobación de la ley de Universidades, que generaba desacuerdos con los rectores, por encima del interés principal de la presidenta, que no era otro que este nuevo y revolucionario modelo de financiación, según indican fuentes de su equipo. De hecho, el proyecto de ley de universidades madrileñas (LESUC) se encuentra guardado en un cajón y no hay indicios de que se avance en esta legislatura «por una cuestión de tiempos», explican desde el Gobierno regional.
La tarea no ha sido sencilla, comentan fuentes con conocimiento de la negociación, ya que las necesidades de cada universidad son diversas y satisfacerlas a todas ha sido un trabajo arduo y complicado. Era esencial «conciliar las necesidades» de cada institución para que las seis se sintieran representadas en este acuerdo, que, como no podría ser de otra manera, ha contado con la aprobación de la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert.
Aunque es cierto que las negociaciones estaban bastante avanzadas bajo el liderazgo del anterior equipo dirigido por Viciana, la llegada de Zarzalejo y la implicación de García han sido determinantes, hasta el punto de que la nueva consejera pensaba que la situación estaba más resuelta de lo que realmente era. «Desde la vicenconsejería –cargo que ocupó desde el pasado otoño hasta ahora– no contaba con toda la información a la que solo tuvo acceso al asumir el cargo», indican fuentes fiables que conocen la situación.
Durante la firma del acuerdo, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, expresó su agradecimiento especial a Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, que ha guiado el proceso con criterio y flexibilidad en coordinación con otras consejerías y con un manejo impresionante de las herramientas de gestión», y calificó de «hito» el documento consensuado.
Además, Mendikoetxea también agradeció a la presidenta Ayuso. «En primer lugar, gracias presidenta por tu sensibilidad ante nuestras demandas y por haber adoptado como compromiso de legislatura la consecución de este acuerdo tan necesario», le manifestó.
«La presidenta ha estado encima de Miguel Ángel con todos los detalles de este nuevo modelo», afirman desde su equipo. Tras la reunión de dos horas en Pontejos, de 18:00 a 20:00, aún hubo algunos mensajes de WhatsApp a altas horas de la noche para clarificar conceptos. El objetivo era que el redactado del texto quedara claro y sin margen para una interpretación errónea de la voluntad de los legisladores en el futuro.
Así, apenas unas horas después, este martes alrededor de las 13:00 horas, los protagonistas firmaron el acuerdo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, que contempla un desembolso de 14.800 millones para las universidades públicas entre 2026 y 2031, de los cuales el 83% provendrá directamente de los presupuestos regionales. Es la primera vez en la historia que las universidades cuentan con una propuesta de financiación plurianual, que incluye un fondo dedicado exclusivamente a inversiones para modernizar sus infraestructuras docentes y científicas.
En el último año de vigencia (2031), estas instituciones educativas tendrán acceso a 549 millones adicionales de la Comunidad de Madrid, y solo los fondos específicos habrán aumentado un 41% (480 millones de euros más). Además, se incluyen programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas, y se estima que las universidades generarán otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones de euros durante los años del modelo.
Uno de los aspectos más innovadores de este modelo plurianual es que una parte significativa de la inversión estará vinculada a objetivos o proyectos específicos, que la Comunidad negociará con cada universidad. Existirá un fondo dedicado a esto, mientras se refuerzan los mecanismos de seguimiento, supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Así, las universidades deberán presentar anualmente una memoria justificativa del uso de los fondos recibidos y contar con un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes de finales de 2028.
Adaptándose a las particularidades de cada universidad, tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desigualdades y equilibrar el déficit de aquellos centros que lo necesiten; y un fondo adicional que permitirá compensar los efectos de la implementación del nuevo modelo y proporcionará financiación para proyectos únicos con el fin de aumentar su competitividad. Así, sin considerar los fondos comunes (financiación por objetivos o específica para inversiones, entre otros), la Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones; y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros.
El acuerdo no solo cierra una etapa sino que «abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo», destacó Mendikoetxea, y también representa un importante revés para la oposición, que se preparaba para recibir con críticas a Isabel Díaz Ayuso este jueves en la Asamblea, donde comparecerá a petición propia para explicar por qué destituyó a su consejero de Educación y nombró a Zarzalejo, un movimiento que generó numerosas dimisiones tanto en el grupo parlamentario popular como en el departamento de Viciana.
«No creo que vaya a haber ningún anuncio», afirmó la portavoz socialista, Mar Espinar, el lunes. Veinticuatro horas después, la realidad superó sus expectativas: Zarzalejo formalizó el tan esperado pacto que pedían los rectores… y la presidenta. Y lo hizo menos de dos semanas después de asumir su nuevo cargo como consejera de Educación [13 días], mediante decenas de llamadas, correos, mensajes y reuniones.



