El Tribunal Constitucional permite ahora investigar a la Guardia Civil por las agresiones del 1 de octubre.

Han transcurrido ocho años desde el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña, pero todavía quedan temas sin resolver. O al menos así lo considera el Tribunal Constitucional. El pleno de esta semana tiene planificado tratar una propuesta de sentencia de la magistrada Laura Díez, que sugiere investigar a la Guardia Civil. En concreto, la negativa de este Cuerpo a proporcionar la identificación de los agentes que formaron parte del operativo en uno de los colegios donde se llevó a cabo la votación.

A pesar de la aprobación de la ley de amnistía -que el TC ha declarado constitucional y en la que se eximen a los miembros de la fuerza policial por las cargas durante el referéndum-, la magistrada progresista opina que no se puede olvidar lo sucedido en una de las múltiples investigaciones abiertas en su momento. Las indagaciones sobre los hechos ocurridos en la localidad barcelonesa de Callús fueron cerradas no por falta de indicios, sino porque no se consiguió identificar en tiempo quiénes eran los presuntos autores materiales.

La investigación judicial empezó pocos días después del 1-O. Los demandantes presentaron ante el Juzgado de Guardia de Manresa (Barcelona) una denuncia por la posible comisión de varios delitos de lesiones, contra las garantías constitucionales y contra la inviolabilidad del domicilio por parte de los agentes que ingresaron en la escuela pública Joventut. Esta denuncia se acompañaba de varios vídeos e imágenes, y solicitaba la realización de diversas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

El juzgado contactó con el instituto armado, que proporcionó un informe sobre las acciones realizadas, en el que se identificaba al capitán a cargo del operativo y a varios agentes encargados de incautar las urnas empleadas en el referéndum, pero no a aquellos que se encargaron de contener a la ciudadanía que intentaba votar a pesar de que las elecciones habían sido declaradas ilegales.

Tanto Manresa como, posteriormente, la Audiencia Provincial consideraron exageradas diversas solicitudes presentadas por la defensa de los agredidos, un total de nueve personas con heridas leves. El juzgado determinó que los afectados no habían logrado identificar a los agentes agresores y que los fotogramas obtenidos de las imágenes proporcionadas solo mostraban el rostro de algunos de ellos, sin conseguir especificar su participación. Rechazó tomar declaraciones sin conocer la implicación concreta de cada individuo.

La Audiencia, por su parte, explicó que no se habían identificado “conductas individualizadas atribuibles a autores concretos que puedan ser calificadas como actuación desproporcionada y de exceso policial” y que, en consecuencia, tampoco se podía responsabilizar a algunos agentes por omisión. La causa no fue declarada compleja y acabó archivándose dentro del plazo establecido sin que se aclarara la autoría.

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La ponencia de Díez sugiere ahora conceder un amparo parcial a los recurrentes y que las actuaciones se retrotraigan para permitir que se realicen las diligencias de identificación que solicitaron y que no se acordaron. La magistrada considera que se vulneró el derecho a la protección judicial efectiva de los denunciantes. Se requería -afirma- un examen no solo dirigido a verificar si la actuación de la Guardia Civil fue proporcional, sino también a la identificación efectiva de los autores del posible exceso policial.

Falta de cooperación

Insinúa que hubo una falta de colaboración por parte de las autoridades. Resalta también que la causa no fue declarada compleja, lo que facilitó -indica- que no hubiera tiempo para llevar a cabo la identificación durante la fase de instrucción, justificando así la decisión de archivarla por falta de autor conocido.

En caso de que la propuesta de sentencia de la ponente recibiera el apoyo de la mayoría progresista y se llevara a cabo la identificación, las consecuencias penales para los agentes serían nulas, dado que a la amnistía establecida en la ley se suma la prescripción de los hechos. Fuentes jurídicas del bloque conservador consultadas señalan que la iniciativa tiene un carácter de señalamiento que no es inocente. La Guardia Civil, y especialmente la Unidad Central Operativa (UCO), se ocupa como fuerza ejecutora de las principales investigaciones que rodean al entorno del Gobierno.

Han transcurrido ocho años desde el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña, pero todavía quedan temas sin resolver. O al menos así lo considera el Tribunal Constitucional. El pleno de esta semana tiene planificado tratar una propuesta de sentencia de la magistrada Laura Díez, que sugiere investigar a la Guardia Civil. En concreto, la negativa de este Cuerpo a proporcionar la identificación de los agentes que formaron parte del operativo en uno de los colegios donde se llevó a cabo la votación.