El Tribunal Constitucional planea continuar con la inhabilitación de Junqueras y Turull.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto rechazar esta semana la suspensión de las penas de inhabilitación solicitadas por el exvicepresidente catalán  de ERC Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, lo que les impide presentarse como candidatos electorales hasta 2030 y 2031.

El 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de Junqueras, Bassa y Romeva contra la decisión del Supremo de no concederles el perdón por el procés, y el 28 de abril hizo lo mismo con el recurso del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull.

Todos ellos continúan inhabilitados para ocupar cargos públicos y han solicitado en sus escritos que se suspenda cautelarmente esta pena, lo que llevó al tribunal a abrir una pieza de medidas cautelares para escuchar a las partes.

Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, mientras que Romeva y Turull tienen 12 años, hasta 2030. Fuentes jurídicas señalan que los borradores de los ponentes -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa– no apoyan la suspensión cautelar, considerando la naturaleza y duración de la pena.

En el caso de Junqueras, esto podría representar «una grave perturbación del interés general» dado el riesgo de que ocupe un cargo público justo en el momento en el que ya no esté inhabilitado.

Los borradores coinciden con la posición de la Fiscalía, que aboga por «denegar la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta solicitada» por los líderes independentistas del procés.

La Fiscalía agrega que «la concesión de la suspensión de la condena que aún resta por cumplir de la pena de inhabilitación absoluta a los recurrentes implicaría, por lo tanto, una anticipación del fallo del amparo y de sus efectos». En su opinión, «esto requeriría pronunciarse sobre la aplicación de la Ley orgánica de Amnistía y su posible estimación, que no corresponde hacer en esta fase de suspensión».

El Supremo decidió no amnistiar el delito de malversación por el cual Junqueras, Romeva, Turull y Bassa fueron condenados, al concluir que los líderes independentistas se beneficiaron personalmente de manera patrimonial con el procés y que los gastos del 1-O causaron un daño a las finanzas europeas.