El Tribunal de Cuentas ha estado investigando numerosos contratos en el CNIO durante varios meses.


Un grupo de entre tres y cinco miembros del Tribunal de Cuentas ha estado investigando desde septiembre en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), revisando numerosos contratos relacionados con personal y la adquisición de bienes y servicios. Según fuentes del propio CNIO que ha consultado ABC, los auditores del TCu llegaron al centro antes del verano y fue en septiembre cuando comenzaron a analizar una gran cantidad de documentos.

De acuerdo con las fuentes mencionadas, los auditores mantienen reuniones regulares con José Manuel Sánchez Bernabé, el actual gerente, y no comparten información con otros empleados del organismo, salvo en casos excepcionales con algunos responsables de personal y adquisiciones, siempre en presencia del gerente.

Los auditores del CNIO aún no han emitido ningún informe sobre sus investigaciones, y se estima que tardarán entre cuatro y seis meses en hacerlo, según lo indicado por el centro.

Según lo informado por ABC, la documentación que están recopilando corresponde principalmente al año 2025, iniciando desde enero, justo en el momento en que se produjo la sustitución de María Blasco en la dirección del CNIO y del entonces gerente, Juan Arroyo.

Los trabajadores del TCu están supervisando los contratos que se han llevado a cabo en los últimos meses, especialmente aquellos relacionados con bienes y servicios. Es relevante señalar que la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción menciona posibles irregularidades en la contratación de proveedores.

La Fiscalía Anticorrupción ha revisado toda la información de la denuncia presentada por empleados del centro y considera que los hechos son de «especial trascendencia» para iniciar diligencias de investigación posiblemente por delitos de malversación (al tratarse de un organismo público estatal), tráfico de influencias y prevaricación, aunque estos aspectos se definirán durante la investigación.

Malversación, tráfico de influencias y prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción recibió denuncias y documentación desde la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y podrá comenzar la investigación ya que el Juzgado 13 de Madrid inadmitió otra querella contra los responsables del CNIO. Debido a que no hay ningún juzgado investigando los hechos, será la Fiscalía Anticorrupción la responsable de abordar el caso, y decidir si solicitará que se investigue en un juzgado o archivará las diligencias, según comunicó Carmen Lucas Torres.

Además, ABC informó el martes pasado que la ministra de Ciencia, Diana Morant, la cual supervisa esta institución, ocultó las irregularidades internas que estaban ocurriendo en la fundación, las cuales podrían constituir una significativa cantidad de delitos.

En la denuncia presentada ante Anticorrupción se mencionan especialmente posibles anomalías en la contratación de proveedores

Dos comunicaciones de los empleados dirigidas a la secretaria general, Eva Ortega, con fechas del 18 y 26 de agosto, a las que ABC ha tenido acceso, reabren el debate sobre la gestión de las denuncias referentes a presuntas irregularidades en la contratación dentro del CNIO. Este medio ya había revelado que el secretario de Estado, segundo de Morant, también ignoró sus comunicaciones acerca de las presuntas compras fraudulentas en el centro.

De esta manera, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, el número dos de la ministra Diana Morant, se desvinculó por completo de la presunta red de corrupción que operaba en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Esto se evidencia en la falta de respuesta a las cartas que recibió durante meses -con acuse de recibo-, y a las que ahora ABC ha tenido acceso, en las cuales empleados de alta dirección de la fundación le informaron sobre las numerosas irregularidades que se estaban produciendo desde la gerencia en la compra de materiales y contratación de servicios. El desfalco acumulado en varios años puede alcanzar los 23 millones de euros.

La ministra de Ciencia, bajo cuya dependencia se encuentra el CNIO, ocultó las irregularidades internas que estaban ocurriendo

Todo ello ocurrió tras la exclusiva de este periódico en diciembre del año pasado, que señalaba a la entonces directora del CNIO, María Blasco, cuando se envió la primera carta al número dos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que fue registrada el 3 de marzo de 2025. En ella se le comunicaba que «en virtud de las graves acusaciones que surgieron el 11 de diciembre de 2024 sobre la posible o presunta existencia de irregularidades en la contratación pública que podrían implicar la existencia de ilícitos penales como prevaricación, corrupción y malversación de caudales públicos, se considera oportuno y necesario implementar diversas medidas de prevención y control así como acciones correctivas».

Cruz no respondió a esa carta en ningún momento, aunque unos meses antes se había destapado el caso del centro de arte dentro de la fundación que había establecido Blasco, a pesar de que la finalidad de esta era la investigación contra el cáncer. La exdirectora, destituida de su puesto, también incurrió en numerosos gastos injustificados, lo que llevó a exigirle la devolución de 90.000 euros que había cobrado de más al CNIO.

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