El Tribunal Superior evalúa al fiscal general del Estado por la divulgación de información sobre la pareja de Ayuso.
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- 2 de noviembre de 2025
Madrid (EFE).- A partir de este lunes, la filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía haber defraudado dinero a Hacienda lleva a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, al banquillo por primera vez en la historia, acusado de un delito de revelación de secretos.
El Tribunal Supremo evaluará durante dos semanas si García Ortiz cometió este delito, por el cual las acusaciones particular y popular —que incluyen a la pareja de la presidenta madrileña y a una asociación de fiscales— piden penas de entre 4 y 6 años de prisión, así como hasta 12 años de inhabilitación.
La Fiscalía, representada por la teniente fiscal del Supremo, argumentará que no hubo delito, ya que «ninguna intervención puede atribuirse» a García Ortiz en la divulgación de ese u otros correos, un argumento que también sostendrán los abogados del Estado a su favor.
Tal como hizo al declarar ante el juez, el fiscal general ingresará por la puerta principal del Supremo, en su calidad de autoridad, y se espera que, en el juicio, se siente en el estrado junto a sus abogados, vistiendo toga, según informan fuentes fiscales a EFE.
Se anticipa que un grupo de fiscales, incluidos varios fiscales de Sala, estará presente en algunas sesiones para respaldar al fiscal general, así como algún miembro de alguna asociación.
En el Palacio de las Salesas, sede del Supremo, desfilarán hasta cuarenta testigos, incluidos políticos como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y la número dos del PSOE-M, la antigua colaboradora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera; así como fiscales, periodistas y los guardias civiles que registraron por primera vez el despacho del fiscal general bajo orden judicial.
El polémico correo y las informaciones «inveraces»
El 2 de febrero de 2024, el abogado Carlos Neira envió un correo a un fiscal proponiendo un acuerdo que redujera su solicitud de condena contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. En dicho correo, admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos» fiscales por los que este empresario está procesado, en un caso que ha evolucionado hacia presunta corrupción en los negocios.
El 13 de marzo, el diario El Mundo publicó que «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», cuando en realidad la situación era la contraria.
Según el juez instructor, García Ortiz participó en un «intenso intercambio de comunicaciones» con otros fiscales para «controlar el relato», y se le atribuye la filtración de un correo con «información sensible» y privada a la cadena SER.
La teniente fiscal ha discrepado desde el inicio, afirmando que García Ortiz no filtró ningún correo con información que «ya era conocida» por otros, y argumenta que recabó información de sus subordinados para emitir un comunicado que desmentía noticias «inveraces publicadas» por ciertos medios y «responsables públicos».
«Rotundamente no»
La Abogacía del Estado sostiene que García Ortiz, en virtud del Estatuto de la carrera, solicitó los correos para informar con veracidad, y menciona una campaña «perfectamente orquestada» donde Miguel Ángel Rodríguez creó un «relato alternativo» y comunicó a los medios que era el fiscal quien había ofrecido el pacto al abogado, y no al revés, y que lo había retirado por «órdenes de arriba».
Rodríguez aclaró al juez que al hacer esa afirmación se basó en una suposición que pudo «intuir, colegir, adivinar».
Más de 200 periodistas de casi 60 medios acreditados
A pesar de la singularidad del caso, el Supremo ha decidido no ofrecer transmisión en directo, a diferencia de lo que sucedió en el juicio por el proceso independentista catalán en 2019. Los más de 200 periodistas de 59 medios acreditados podrán difundir fragmentos de la vista, pero no transmitirla ni en directo ni en diferido. Diez cadenas de radio, dieciséis de televisión, ocho periódicos y diecinueve digitales, además de agencias, forman parte de los medios acreditados, todos nacionales, excepto France Press y Reuters, y podrán seguir el juicio desde tres espacios habilitados, según fuentes del Supremo.
Además, en el interior de la Sala de lo Penal, donde se llevará a cabo el juicio, podrán asistir al acto cincuenta personas del público y veinte periodistas.
El tribunal está compuesto por siete magistrados, cuatro hombres y tres mujeres, y es presidido por Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal.
El fiscal general contará con la defensa de los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -quien fue abogada general del Estado-, mientras que la Fiscalía estará representada por la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.
También participará como acusación particular el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, y como acusaciones populares, dos letrados del Colegio de la Abogacía de Madrid, uno de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (que incluye a Vox y Hazte Oír), dos de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y uno del autodenominado sindicato Manos Limpias.