El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras en investigación relacionadas con Ábalos hayan afectado fondos europeos.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha informado a la Fiscalía Europea que, hasta ahora, no hay constancia de que las obras públicas relacionadas con la investigación, que involucra a figuras como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, hayan estado afectadas por fondos de la UE. Así lo manifiesta el juez en una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, advirtiendo, sin embargo, que “evidentemente, tampoco se puede descartar” esa posibilidad, lo que permitiría al órgano comunitario considerar asumir la investigación.

La resolución de Puente, de ocho páginas, responde a la solicitud de información que la Fiscalía Europea le envió para confirmar si las obras bajo investigación son las mismas que se mencionan tras una denuncia recibida por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez señala que, hasta este momento, no se ha demostrado que ninguna de las 11 obras investigadas haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque aclara que, aun si ese fuera el caso, su indagación se centra en la supuesta existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de un posible delito de cohecho”, buscarían la adjudicación de ciertas obras públicas “sin importar los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, según el instructor y en este momento, sería un elemento meramente incidental), y sin que haya indicios claros, al menos hasta ahora, de un perjuicio concreto para los fondos europeos, ni la presencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, decidió dividir en dos la causa que investiga supuestos amaños de contratos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El juez dejó la pieza inicial relacionada con los contratos de compra de mascarillas que originaron el caso, mientras que abrió una pieza separada para examinar las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, en la que se encuentran bajo investigación el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez detalla que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a conseguir la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas favorecidas con el rendimiento económico resultante, y a cambio, recompensando a determinadas autoridades o funcionarios públicos con un premio económico indebido, ejerciendo a su vez estos su influencia mal utilizada sobre los organismos o entidades encargadas de adjudicar dichas obras”.

El instructor expone en su escrito las obras sospechosas y explica que se está investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando entre las de ADIF y las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de esas obras, recuerda el juez que, el pasado 23 de septiembre, se solicitó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, el cual está pendiente de presentación.

A pesar de ello, el magistrado reitera que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya existido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la presencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.