El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras investigadas de Ábalos hayan implicado fondos europeos.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no hay evidencia de que las obras públicas implicadas en la investigación que involucra, entre otros, a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, hayan afectado a fondos de la UE. Así lo señala el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, sin embargo, advierte que, “por supuesto, tampoco se puede descartar” esa posibilidad, lo que haría que el organismo comunitario pudiera solicitar hacerse cargo de la investigación.

La resolución emitida por Puente, de ocho folios, responde a la solicitud de información que realizó la Fiscalía Europea para determinar si las obras que están bajo investigación coinciden con las incluidas en una denuncia presentada ante ese organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez afirma que, hasta ahora, no hay constancia de que ninguna de las 11 obras objeto de su investigación haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque aclara que, incluso si eso hubiera ocurrido, su investigación se centra en la supuesta existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de posibles delitos de cohecho”, tendrían como fin la adjudicación de determinadas obras públicas, “sin relación directa con los fondos que podrían utilizarse en ellas (lo que, según el instructor, en este momento, sería un elemento meramente incidental), sin que se haya justificado, al menos hasta ahora, un perjuicio cierto para los fondos europeos, ni la existencia de ningún otro aspecto, subjetivo u objetivo, de carácter transfronterizo”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace algunas semanas, decidió dividir la causa en la que se investigan supuestos amaños de contratos durante la administración de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El juez dejó la pieza inicial para los contratos de compra de mascarillas que dieron inicio al caso y abrió una pieza separada para investigar todo lo relacionado con las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, en la que se encuentran investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El magistrado explica que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a conseguir la indebida adjudicación de obras públicas, beneficiándose las empresas favorecidas del rendimiento económico resultante y ofreciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e ilícito, premio económico, ejerciendo estos, a su vez, su influencia mal utilizada sobre los organismos o entidades encargadas de adjudicar dichas obras”.

El instructor detalla en su escrito las obras que están bajo sospecha y comenta que se está investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando entre las correspondientes a ADIF y las de la Dirección General de Carreteras. Después de recibir los expedientes completos de dichas obras, recuerda el juez que el pasado 23 de septiembre se solicitó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de presentación.

Sin embargo, el magistrado reitera que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya habido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de carácter trasfronterizo”.