El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras investigadas en relación a Ábalos hayan afectado los fondos europeos.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta ahora, no hay evidencia de que las obras públicas implicadas en la investigación que involucra a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán haya afectado fondos de la UE. Así lo detalla el juez en una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, sin embargo, advierte que “evidentemente, no puede tampoco descartarse” esa posibilidad, lo que podría permitir al órgano comunitario asumir la investigación.

La resolución emitida por Puente, de ocho páginas, responde a la solicitud de información realizada por la Fiscalía Europea para determinar si las obras investigadas coinciden con las denunciadas ante dicho órgano por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez sostiene que, hasta el momento, no hay indicios de que ninguna de las 11 obras bajo investigación haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque advierte que, incluso si fuera el caso, su investigación se centra en la supuesta existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de posible delito de cohecho”, buscarían la adjudicación de ciertas obras públicas, “sin depender en absoluto de los fondos que pudieran utilizarse en ellas (lo cual, a juicio del instructor y hasta este momento, sería un elemento meramente accidental), sin que se haya justificado indiciariamente, al menos hasta ahora, un perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, decidió dividir la causa en la que se investigan presuntos amaños de contratos durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor dejó la pieza inicial para los contratos de compra de mascarillas que dieron origen al caso, mientras que abrió una nueva pieza para investigar las adjudicaciones supuestamente irregulares de obras públicas, donde están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, incluido Víctor de Aldama.

El juez aclara que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con el rendimiento económico resultante y, en contraprestación, remunerando a determinadas autoridades o funcionarios públicos con un correspondiente, e indebido, premio económico, ejerciendo estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades encargadas de la adjudicación de aquellas obras”.

El instructor describe en su escrito las obras en cuestión y expone que se están investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando las relacionadas con ADIF de las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de dichas obras, recuerda el juez que, el pasado 23 de septiembre, se solicitó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, el cual está pendiente de presentación.

No obstante, el magistrado insiste en que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya existido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.