El Tribunal Supremo frustra el segundo intento de Almeida de edificar viviendas en las históricas Cocheras de Cuatro Caminos.

La propuesta de desarrollar un proyecto inmobiliario sobre las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos ha sido anulada por completo por la justicia. El Tribunal Supremo ha inadmitido todos los recursos de casación presentados por las entidades que apoyaban esta iniciativa urbanística, reafirmando el fallo inicial del TSJM que desestimó el plan del Gobierno de Almeida.

La resolución del Supremo frustra los esfuerzos de casación del Ayuntamiento, la Comunidad, Metro de Madrid, y Residencial Metropolitan, la cooperativa del Grupo Ibosa que pretendía construir hasta 443 viviendas en estos terrenos, que pertenecían a la empresa que gestiona el metro. Así, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid queda anulada definitivamente, dejando al proyecto sin respaldo legal.

Las resoluciones judiciales respaldan a las dos organizaciones que se han enfrentado legalmente para detener este desarrollo urbanístico que implicaba la demolición de las históricas Cocheras de Cuatro Caminos. Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP) y Ecologistas en Acción han logrado que los recurrentes asuman el pago de las costas procesales.

“El plan para las Cocheras sigue siendo ilegal 16 años después de haber sido propuesto”, afirman las entidades. “El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Metro no pueden continuar insistiendo en llevar a cabo una operación ilegal, habiendo arrasado un elemento clave de nuestro Patrimonio Cultural, técnico, industrial, y arquitectónico que simboliza la llegada del metro a Madrid”, añaden.

Hacen referencia a la demolición de casi todas las instalaciones de las Cocheras, salvo un muro y un túnel de acceso, ocurrida en 2021 a pesar de una primera sentencia judicial que oponía al plan. El Gobierno de Almeida permitió estos derribos debido a que había apelado una sentencia anterior que cancelaba la operación. Posteriormente, el Supremo prohibió la demolición, pero la decisión llegó tarde para quienes intentaron preservar este patrimonio industrial de Madrid.

“Las administraciones responsables actuaron de manera antojadiza y con un estilo gubernamental antidemocrático”, consideran las asociaciones que ganaron el proceso judicial. “Primero, ignoraron los evidentes valores, como Patrimonio Industrial, que debía ser conservado”, sostienen. Además, acusan a la Comunidad de desestimar a Antonio Palacios como autor del proyecto, señalando que incluso realizaron informes periciales claramente sesgados o erróneos.

Segundo intento frustrado

El plan finalmente anulado contemplaba la construcción de cinco bloques de viviendas en un área de 43,250 metros cuadrados, incluyendo una torre de 31 plantas que superaría los 100 metros de altura, más alta que el Faro de Moncloa, sobresaliendo en un entorno sin edificios similares. La superficie total edificable para las 443 viviendas era de 58,500 m2, además de 4,728.64 m2 destinados a oficinas y tiendas, junto con 1,050 plazas de garaje subterráneas. Solo el 10% de las viviendas del proyecto se consideraban protegidas, gracias a un cambio legal de la Comunidad de Madrid, a pesar de que la Ley de Vivienda exige un 20%.

Las discrepancias judiciales surgen principalmente del uso del suelo en estos terrenos y de lo que existía anteriormente. La controversia comenzó en 2014, cuando Metro de Madrid vendió por 88 millones de euros el terreno donde se ubican sus cocheras, que aún estaban en uso. Residencial Metropolitan, una cooperativa vinculada a la promotora Ibosa, adquirió el terreno. El proyecto se modificó varias veces, resultando en la creación de la mencionada torre que concentraría la mayor cantidad de viviendas.

Luego del primer intento del Ayuntamiento, anulado en los tribunales, el Gobierno de Almeida intentó un segundo, que también ha sido desestimado por la justicia, a pesar de que Residencial Metropolitan ya había revelado el aspecto de la torres que se proponía, de más de 100 metros de altura.

Esta nueva planificación fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 2023 y respaldada por el Pleno de Cibeles hace un año, pese a que las asociaciones opositoras advirtieron que los planes municipales nuevamente caían en ilegalidades tras una primera modificación revocada por los tribunales.

Actualmente, tanto MCyP como Ecologistas en Acción cuestionan toda la operación urbanística: “Es completamente irregular que una transacción de terreno público, sujeta a un contrato, siga vigente después de una década, incumpliendo el contrato y con la imposibilidad legal de llevarla a cabo, creando dudas sobre la posible implicación personal de las Administraciones o sus responsables, dada su persistencia en aprobar un plan ilegal en dos ocasiones consecutivas y con indicios de querer plantearlo de nuevo sin corregir el error”.