El Tribunal Supremo informa a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras relacionadas con la investigación a Ábalos hayan puesto en riesgo fondos europeos.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no se ha confirmado que las obras públicas involucradas en la investigación, que incluye a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, afecten a fondos de la UE. Así se detalla en una providencia a la que ha accedido EL PAÍS, aunque el juez advierte que, “evidentemente, no puede tampoco descartarse” que esto ocurra, lo que podría permitir que el organismo comunitario asumiera la investigación.

La decisión de Puente, escrita en ocho folios, responde a la solicitud de información de la Fiscalía Europea para verificar si las obras investigadas coinciden con las que están mencionadas en una denuncia presentada ante dicho organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez indica que, hasta el momento, no hay constancia de que alguna de las 11 obras en cuestión haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque subraya que, incluso si esto hubiera sucedido, su pesquisa se centra en la supuesta existencia de “sendas organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios y particulares que, “a través de posible delito de cohecho”, tendrían como objetivo la adjudicación de obras públicas, “sin importar los fondos que pudieran ser utilizados en ellas (lo que, según el instructor, constituiría, si así fuera, un elemento meramente accidental), sin que se haya hallado indiciariamente justificado, al menos hasta ahora, un perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de carácter trasfronterizo”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, decidió dividir en dos la causa relacionada con supuestos amaños de contratos durante el mandato de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El juez separó la pieza inicial referente a los contratos de compra de mascarillas que dieron origen al caso, y abrió una pieza distinta para investigar las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, donde se encuentran implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez detalla en esta pieza “la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas supuestamente favorecidas con el resultado económico obtenido y otorgando, a cambio, a ciertas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente e indebido premio económico, utilizando a su vez su influencia mal utilizada sobre los organismos o entidades responsables de la adjudicación de esas obras”.

En su escrito, el instructor describe las obras sospechosas y detalla que se están investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando las que corresponden a ADIF de las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de dichas obras, el juez recuerda que el pasado 23 de septiembre se solicitó un informe a la Intervención General del Estado sobre los mismos, el cual está aún pendiente de presentación.

Sin embargo, el magistrado insiste en que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que exista un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.