El Tribunal Supremo se divide nuevamente en una rápida discusión sobre el fiscal general del Estado | España

Exactamente una semana después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, pronunciara el “visto para sentencia”, los siete magistrados del Tribunal Supremo dieron a conocer este jueves el fallo de una condena histórica contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El tribunal se ha dividido, similar a lo que ha sucedido con la sala segunda en decisiones recientes con carga política. Una mayoría de cinco magistrados ha votado a favor de la inhabilitación de dos años para el cargo de líder del Ministerio Público por el delito de revelación de secretos sobre el procedimiento que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Las juezas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer redactarán un voto particular y la sentencia se hará pública “lo antes posible”.

Las deliberaciones del tribunal —compuesto por Andrés Martínez Arrieta (actual presidente de la sala), Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ferrer y Polo— comenzaron el mismo día que concluyó el juicio, según indican fuentes jurídicas. Algunas voces sugieren que, incluso, durante las dos semanas de las sesiones se debatieron ciertos puntos como las cuestiones de nulidad que planteó la defensa de García Ortiz al inicio del juicio.

Los magistrados han estado “intercambiando roles” en los últimos días y han establecido un dique a su alrededor para evitar cualquier tipo de filtración. A lo largo de los años, durante la presidencia de Manuel Marchena, la Sala de lo Penal actuó mayoritariamente unida, siendo poco habitual la redacción de votos particulares en las sentencias más complejas.

Un ejemplo de esto fue el juicio tan político que concluyó con la condena por sedición y malversación a los miembros del procés en octubre de 2019. La sala se propuso entonces alcanzar la unanimidad y la actitud que Marchena mantuvo durante su mandato para cohesionar las diversas sensibilidades contribuyó a unir las teorías de todos los magistrados en torno a una única sentencia. En aquel tribunal también estaban Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Ana Ferrer. Sin embargo, en esta ocasión, con el fiscal general, esta última se ha separado de la mayoría.

La concordancia entre todos los magistrados se mantuvo ese mismo año, en junio de 2019, con el caso de La Manada. La sentencia estableció que la agresión sexual de cinco amigos a una joven durante los sanfermines de 2016 fue una violación en grupo y no un abuso. La sala aplicó de manera conjunta el agravante que aumentaba la pena para los agresores, en un tribunal que incluyó también a Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Susana Polo. Lo mismo ocurrió en febrero de 2021 con la interpretación de la sala sobre la ley del solo sí es sí para decidir si el cambio de las horquillas punitivas en la norma debía resultar en una disminución de la pena en ciertos casos. El pleno de la sala actuó de manera unida.

Sin embargo, esa cohesión comenzó a desmoronarse a partir de la sentencia sobre los ERE en 2022. La Sala de lo Penal se fraccionó en tres votos a dos, precisamente, los dos en contra de Susana Polo y Ana Ferrer. La división se prolongó en julio de 2024 con uno de los asuntos más políticos de esta legislatura: la Ley de Amnistía. En este caso, cinco magistrados consideraron que la malversación por la que fueron condenados los líderes independentistas no era amnistiable, y Ferrer, nuevamente, emitió un voto discrepante al afirmar que “la única interpretación razonable de la Ley” era el perdón de esos delitos.

En órganos como el Tribunal Constitucional —cuyos miembros son elegidos directamente por el Gobierno, el Congreso, el Senado o el Poder Judicial— la división entre progresistas y conservadores es más evidente, especialmente en asuntos de gran relevancia mediática. Sin embargo, varios miembros del Supremo han expresado su preocupación en el último tiempo por la ruptura del consenso en la sala que enjuicia a los aforados. Esta fractura comenzó en la última etapa de la presidencia de Marchena y no parece haberse restablecido completamente con la actual presidencia de Arrieta desde diciembre de 2024.

Deliberación rápida

La deliberación sobre el caso del fiscal general del Estado se ha llevado a cabo en los mismos términos que en las ocasiones recientes mencionadas. Las dos magistradas progresistas, Ferrer y Polo, discrepaban de sus colegas y, por ello, la mayoría del tribunal ha decidido que era necesario cambiar de ponente. Susana Polo iba a redactar la sentencia inicialmente, pero ahora será el presidente Andrés Martínez Arrieta quien lo haga.

Este cambio ha generado preocupación en la sala acerca de una posible filtración sobre el sentido del fallo. Según explican fuentes jurídicas, el presidente Martínez Arrieta ha escuchado las opiniones de los magistrados para saber si debía o no adelantar el fallo y la mayoría estuvo a favor de hacerlo para evitar suspicacias. Si en el Supremo se sabía que el equipo del presidente era el encargado de redactar la condena y no el de Polo, podrían surgir especulaciones sobre el sentido condenatorio, al excluir a la magistrada progresista de la redacción de la sentencia.

La rapidez con que el tribunal ha llegado a un consenso sobre el fallo ha causado sorpresa en algunos sectores de la Fiscalía; sin embargo, dentro del alto tribunal no le otorgan gran relevancia y explican que hay deliberaciones que concluyen en un día, y este proceso no era especialmente complejo. Después de que un grupo de estos magistrados saliera este jueves a tomar un café en las cercanías de la Plaza de las Salesas, el gabinete de prensa del órgano emitió una providencia en la que se leía: “Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal”.