El TSJ de Madrid desestima la decisión de la Delegación de Gobierno y permite una manifestación de la Falange en Ferraz.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado luz verde a la manifestación programada para este viernes por la Falange, que se llevará a cabo para recordar el aniversario de la muerte de Franco, y que recorrerá las inmediaciones de las calles Génova y Ferraz, donde se encuentran las sedes del PP y del PSOE, según lo indicó EFE.
En una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, a la que tuvo acceso EFE, los jueces aceptan el recurso de la Falange contra la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno para la manifestación, que estaba programada entre las 21:00 y las 23:30 horas desde la calle Marqués de la Ensenada (cerca de la sede del PP) hasta la calle Ferraz con la calle Quintana (junto a la sede del PSOE).
La Delegación justificó la prohibición alegando que, para la Policía, existe un riesgo de alteraciones del orden público, poniendo en peligro tanto a personas como a bienes.
Este organismo añadía que la etapa final de la manifestación en la calle Ferraz representa el «punto de mayor vulnerabilidad«, debido a su carga política, su exposición mediática y la repetición de concentraciones ideológicas.
Ante la orden de prohibición, la Falange presentó un recurso ante el TSJM, argumentando que tal prohibición «no tiene fundamentos jurídicos ni argumentos relacionados con el orden público», considerándolo un acto de «pura censura ideológica«.
En la sentencia emitida ahora, pocas horas antes de la manifestación, los jueces del alto tribunal señalan que para restringir el derecho de reunión no basta con que existan dudas sobre si la manifestación pudiera generar efectos negativos, sino que se requieren «razones fundadas».
Y no encuentran esas «razones fundadas». De hecho, califican de «insuficiente» la justificación para prohibir la manifestación y no identifican «razones objetivas» en el primer informe policial aportado que justificaran su no autorización.
Consideran, además, «en extremo llamativa la inclusión» de un segundo informe de la Policía Nacional sobre el riesgo de la convocatoria, «del cual no se ha dado una explicación razonable del porqué y cómo irrumpe en el expediente».
Explican que hay un tercer informe de la Policía Municipal de Madrid que detalla que no hay otros actos concurrentes en la zona el día de la manifestación, y hacen hincapié en que el hecho de que el 9 de noviembre de 2024 ocurrieran disturbios en la calle Ferraz durante una manifestación organizada por Nucleo Nacional no implica que se pueda «trasladar la responsabilidad de esos hechos a la entidad ahora recurrente».
«Lo que se nos plantea es que el eventual riesgo de la concentración no está en la entidad convocante, sino en elementos externos a ella», añaden.
Según la sentencia, la decisión de la Delegación del Gobierno también justifica la prohibición de la manifestación en la «eventual posibilidad» de que se produzcan conductas contrarias a la ley de Memoria Democrática e incluso posibles delitos de odio.
Sin embargo, los jueces sostienen que dicha posibilidad «no es más que un hecho futuro e incierto» y, a su juicio, sigue sin ser una «razón fundada» que justifique la prohibición de la convocatoria.
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La sentencia concluye reiterando que «la Sala no aprecia con suficiente intensidad» las razones «fundadas, objetivas y proporcionales» que son necesarias para prohibir el derecho de reunión.
Delegación de Gobierno «respeta» la decisión
Fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid han manifestado que «respetan plenamente» la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han justificado la prohibición inicial recordando los disturbios en la calle Ferraz, provocados por grupos de ultraderecha, y han alertado sobre el riesgo que estas nuevas protestas podrían implicar, basándose en un informe policial que determinó que el riesgo para la seguridad en esta calle era «elevado».
Aseguran que actuaron conforme al «artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983 cuando existen indicios de que pueden surgir alteraciones del orden público que pongan en peligro a personas y bienes», y afirman que tomarán medidas contra cualquier delito de odio o acción violenta y que, en caso de exaltación de la figura de Franco, actuarán conforme a la Ley de Memoria Democrática y el Código Penal.



