El TSJM acepta el recurso de la FRAVM contra la normativa sobre terrazas aprobada por el Ayuntamiento de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado el recurso presentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra la Ordenanza 7/2025 de Terrazas y Quioscos de Hostelería, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. La organización vecinal argumenta que la normativa infraestructura derechos relacionados con la movilidad, la accesibilidad y el uso del espacio público, mientras el Gobierno municipal sostiene que se trata de un marco regulatorio equilibrado que protege tanto el descanso ciudadano como la actividad económica.

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha confirmado que el tribunal madrileño ha comenzado la tramitación del recurso y ha solicitado al Ayuntamiento el expediente administrativo completo, lo que es un paso habitual al iniciar este tipo de procedimientos legales.

La federación vecinal ya había alertado durante el debate municipal de la ordenanza, realizado el pasado mes de noviembre, que acudiría a la justicia si el Gobierno municipal no realizaba modificaciones en el texto aprobado.

Los vecinos denuncian abuso del espacio público

Desde la FRAVM piensan que la normativa beneficia en exceso al sector de la hostelería y no asegura de manera adecuada los derechos de los vecinos.

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, en la capital hay actualmente 6.472 terrazas que ocupan alrededor de 196.647 metros cuadrados de espacio público, con 63.831 mesas y más de 204.000 sillas instaladas. Además, más del 60 % de estas terrazas se ubican en solo cinco distritos, lo que aumenta la presión sobre ciertas áreas de la ciudad.

La portavoz del Grupo de Terrazas de la federación, Pilar Rodríguez, ha señalado que el problema no radica solo en la cantidad de instalaciones, sino también en los incumplimientos frecuentes de la normativa.

Entre las situaciones señaladas se encuentran la ocupación excesiva de aceras, la invasión de accesos a portales, el incumplimiento de horarios y la falta de retirada del mobiliario fuera del horario autorizado. Según Rodríguez, “lo excepcional es que se cumpla y la norma es que no”.

Problemas de accesibilidad y movilidad

La federación también ha destacado el impacto que la proliferación de terrazas tiene sobre las personas con discapacidad y la movilidad peatonal.

Desde la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la FRAVM, Carmen Bonet, persona con discapacidad visual, ha compartido las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para moverse por algunas calles de la capital.

Bonet ha explicado que elementos como mesas altas, carteles publicitarios o mobiliario colocado perpendicularmente a la fachada pueden convertirse en obstáculos que complican el tránsito o el acceso a paradas de transporte público y pasos peatonales.

Críticas al proceso de participación

Otro de los argumentos del recurso se centra en el proceso de participación ciudadana anterior a la aprobación de la ordenanza.

Según Nacarino, solo algo más de 5.000 personas participaron en la consulta pública, lo que representa cerca del 0,6 % del censo de la ciudad. Además, la federación asegura que ninguna de las 43 alegaciones presentadas por la entidad fue incluida en el texto final aprobado por el Ayuntamiento.

El abogado de la FRAVM, Raúl Maíllo, ha indicado que el recurso pretende proteger el interés general y asegurar una regulación que favorezca la convivencia entre vecinos y la actividad económica, sobre todo en cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la seguridad en el espacio público.

El letrado ha recordado que una sentencia del TSJM en abril de 2024 ya anuló una modificación anterior de la normativa por problemas vinculados a la participación pública y la evaluación de impacto económico.

Posibles consecuencias de la decisión judicial

Según Maíllo, el fallo del tribunal podría generar diferentes efectos sobre la normativa actual.

En el escenario más amplio, la justicia podría anular totalmente la normativa vigente, lo que implicaría volver a aplicar la regulación anterior aprobada en 2013. Otra posibilidad sería una anulación parcial, que afectaría solo a determinados artículos.

En cualquier caso, desde la FRAVM insisten en que su objetivo no es eliminar las terrazas, sino promover una nueva ordenanza que surja del consenso entre vecinos, hosteleros y administración.

El Ayuntamiento defiende la ordenanza

Desde el Gobierno municipal han minimizado la importancia de la decisión judicial y han defendido la validez de la normativa aprobada.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha recordado que la admisión del recurso es un trámite habitual y ha manifestado su confianza en que los tribunales respalden la ordenanza.

Sanz ha criticado además lo que considera una “posición absolutamente negacionista” de la federación vecinal, asegurando que el Ayuntamiento atendió todas las alegaciones presentadas y mantuvo varias reuniones con la organización.

Según la portavoz municipal, la normativa busca asegurar el descanso de los vecinos y al mismo tiempo proteger una actividad económica esencial para la ciudad, como lo es el sector de la hostelería.

El conflicto judicial abre un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre el uso del espacio público, la convivencia vecinal y la actividad económica en Madrid, un tema que sigue generando intensas discusiones en la capital.