«En peligro extremo», «casi en la quiebra» y una calificación de 1.

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, otorgó 3,2 millones de euros públicos a FTC Obras y Energía S.A. como adelanto por los trabajos realizados en la construcción de un centro para personas sin hogar en El Cañaveral (distrito de Vicálvaro). Sin embargo, tras la declaración de concurso de acreedores de esta empresa, las obras continúan inconclusas y desde la oposición se exige a Almeida que explique qué sucedió con el dinero ya otorgado.

La oposición madrileña indica que esta problemática se agrava por el historial de la empresa contratada, que ya estaba en una situación crítica en el momento de la adjudicación. ElPlural.com tuvo acceso a Axesor, un ‘portal’ que analiza la situación empresarial de las compañías, para investigar la situación de FTC Obras y Energía S.A., que recibió la mencionada cantidad del Consistorio cuando la construcción, destinada a 276 personas en situación de sinhogarismo, solo había avanzado al 23%. Posteriormente, la empresa entró en concurso de acreedores.

Incluso “incidencias judiciales”

Los datos proporcionados por la consultora especializada eran alarmantes incluso antes del concurso de acreedores, comenzando por la puntuación: un 1 sobre 10. Esta calificación se establece a partir de una media de todos los aspectos que caracterizan a la empresa analizada. Por lo tanto, basta con hacer una rápida revisión para darse cuenta de que, en este caso, la puntuación no es trivial.

No es necesario ser un experto en Economía; basta con observar ciertas apreciaciones para llegar a esa conclusión: en febrero, un mes antes de que la empresa se declarase en concurso, la consultora la calificó como “muy próxima a la situación de insolvencia” y mencionó sus “impagos”. De hecho, la probabilidad que reflejaba en ese momento de dejar deudas era del 62,85%, lo que la colocaba en un “riesgo máximo”.

Asimismo, las recomendaciones de Axesor sobre establecer alianzas empresariales con esta compañía eran claras: “Se recomienda no realizar operaciones a crédito con este ente”. Esta advertencia se basaba en su “comportamiento en pagos irregular”, “coste de endeudamiento financiero superior a la media comparativa”, “muy elevado”, “nivel de liquidez ajustado” y la presencia de “incidencias judiciales”, entre otros factores.

Un nuevo contrato, por un millón de euros más

La cantidad otorgada por el Ayuntamiento y el hecho de que se adjudicaran las obras con este contexto —ingresando en concurso de acreedores pocos meses después de la adjudicación— ha suscitado sospechas en la oposición. El PSOE de Madrid (PSOE-M) planea elevar este asunto a la Comisión de Vigilancia de la Contratación Pública, según confirmó el partido a ElPlural.com.

Además, los socialistas apuntan que, a pesar de todo, el contrato se firmó por la “vía de urgencia”, un proceso que rara vez pasa desapercibido, especialmente en este caso. Ante este panorama, Pedro Barrero, portavoz del grupo de Reyes Maroto de la Comisión Permanente Ordinaria de Obras y Equipamientos y Políticas de Vivienda, expresó esta semana a este periódico que el porcentaje ya pagado era “muy alto”; equivalente a un “40% sobre el coste de obra”.

El representante socialista indicó que desde Cibeles “justifican que han hecho acopio de material”. “Y nosotros nos preguntamos cómo es que ahora, de repente, adjudican nuevamente la obra a otra empresa por 9 millones de euros, cuando el contrato anterior era de 8 (…). Si hay acopio de material, debería estar allí”, relata.

Asimismo, menciona que es sencillo acceder a la información empresarial, dado que “cuando se hace una licitación, en el Portal de Contratación se encuentra toda esta información”, además de que “en los portales se puede averiguar en qué situación está cada empresa”. “¿No vieron que esta tenía un 63% de impagos?”, se cuestiona, asumiendo como “lógico” que una administración pública revise la situación de una empresa, especialmente cuando un contrato se ejecuta por la “vía de urgencia”.

Contratos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

Las sospechas se alimentan también por otros hechos, como el hecho de que esta compañía ha sido habitual en los contratos que adjudica el PP. En años recientes, esto se ha manifestado en los contratos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad, según reportan los Portales de Contratación y diversos medios de comunicación.

Otro aspecto a destacar es que la actividad principal de FTC Obras y Energía S.A. -anteriormente FATECSA- es el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, aunque su objeto social abarca “la realización de toda clase de estudios, asesoramiento, asistencia técnica y, en general, toda clase de servicios y actividades relacionadas con la construcción, las energías y el negocio mobiliario; la construcción, obras fotovoltaicas, promoción (…)”.

Más allá de que algunas de las obras iniciadas nunca se finalizaron, la firma gestionó un lote de mantenimiento -reparación de calderas- del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS) cuyo contrato incumplió sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la penalizara inicialmente, a pesar de que la región tuvo que tramitar otro contrato de emergencia. Finalmente, parece que sí será así, según las últimas informaciones.