Es momento de revelar el nombre de Ayuso

Los altos funcionarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, supuestamente involucrados en los llamados protocolos de la vergüenza, que obstaculizaron el traslado de residentes a hospitales en la región, se enfrentan este martes a su quinto procedimiento judicial.

En esta ocasión, los tres están convocados como imputados en un proceso derivado de la querella presentada por Concha Quirós, cuya madre residía en la Manoteras durante la primera ola de la pandemia, en primavera de 2020. En la antesala de una convocatoria que se prevé crucial, expresa un único deseo a ElPlural.com: “Que se revelen ya los nombres de Ayuso y de Enrique Ossorio (exconsejero de Sanidad)”.

La querellante pide que “dejen de cubrirse unos a otros” y, más allá de la comparecencia en los juzgados, solicita respeto hacia la responsable de Madrid, tras haberla nombrado en ocasiones anteriores como una “plataforma de frustrados”. “La presidenta anda buscando funerales a los que asistir, y a las víctimas de las residencias nunca les ha ofrecido uno, además de estar muy lejos de pedir perdón”, señala.

“Somos quienes hemos enterrado a nuestros seres queridos sin, a veces, ni siquiera saber si eran ellos. No supimos cuándo enfermaron, hemos sido engañados (…) Nos decían que no había ningún caso y, en mi caso, de repente me informan que a mi madre la trasladan para su extinción”, relata, recordando esos días. “¿Cómo se puede llevar todo esto?”, pregunta.

Que dejen de cubrirse unos a otros

De este modo, aclara que ellos “no están llenos de odio”, sino “de preguntas y de dolor”. “Procuro no recordar eso, pero siento una impotencia increíble cada vez que veo a Ayuso hablando en la Asamblea y recriminándonos, porque lo que está haciendo es inconcebible”, añade. “No me dejaron ver a mi madre, ni hablar con ella… Se olvidan de que somos las verdaderas víctimas de toda esta locura”.

En reiteradas ocasiones, enfatiza que lo único que desean este martes es que “comiencen a hablar de verdad, que reconozcan que han cometido errores muy graves”. “Entendemos que había cosas que no se conocían”, reconoce. “Lo que no aceptamos es que nos insulten y nos ignoren”, enfatiza, también refiriéndose al ámbito judicial: “Desde el principio, la fiscal Almudena Lastra dijo que no había causa, cuando sabemos que hubo 7.291 víctimas, por lo menos. Por supuesto que hay causa, lo que falta es vergüenza”.

Cronología judicial

En esta ocasión, comparecen Carlos Mur, firmante de los triajes; Francisco Javier Martínez Peromingo, ideólogo de estos documentos; y Pablo Busca Ostalaza, quien era el máximo responsable del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en el momento de la pandemia.

El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid investiga la querella mencionada, en la que se acusa a los implicados de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas enfermas residentes en geriátricos.

Hasta ahora, en mayo, Mur y Peromingo debían comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones fueron suspendidas tras alegar los imputados que no recibieron traslado de las actuaciones. Un mes después, el Juzgado de instrucción número 6 de Leganés detuvo sus declaraciones al decidir inhibirse en favor del juzgado mencionado, considerando que este “ya investigaba previamente los mismos hechos ”.

En diciembre, Mur fue citado, pero no declaró en esa ocasión; sin embargo, lo hizo el pasado 26 de enero mediante videoconferencia desde Andorra. Un día después, Peromingo hizo lo mismo. Lo más relevante de sus comparecencias fue que ambos se atribuían la culpa mutuamente. Este 10 de febrero será la primera vez que Busca comparezca ante un tribunal.

En octubre, familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos presentaron una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por su gestión de la pandemia en estos espacios. De esos más de cien casos, cinco ya han resultado en citaciones judiciales para declarar.

Desde Marea de Residencias valoran que Mur finalmente se haya abierto en sede judicial hacia sus superiores en el departamento sanitario, pero lamentan el secretismo con el que se han manejado más de cinco años después. “Ayuso debe dejar de ocultarse tras sus insultos a las víctimas y explicar a toda la sociedad madrileña por qué tomó esta decisión, que impactó en la vida y la salud de miles de residentes madrileños”, concluyen.