España eliminará la opción rápida de regularización que los venezolanos tenían desde 2018.

España finalizará en junio el procedimiento que desde 2018 ha facilitado a decenas de miles de venezolanos la regularización de su estatus de manera casi automática. El Gobierno dejará de otorgar permisos de residencia por razones humanitarias a este grupo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares —y menos debatidos— del asilo en España. Después de años de discusiones internas sobre cómo abordar la situación de los venezolanos, que han saturado el sistema, el Ejecutivo ha decidido devolverlos al proceso regular que debe seguir cualquier inmigrante. Esta decisión se ha plasmado en medio de la tramitación de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el Gobierno en virtud de un acuerdo con Podemos, la cual podrán solicitar quienes demuestren estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber residido en el país al menos cinco meses al momento de la solicitud.

Fuentes del Gobierno sostienen que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo. “Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”, explican estas fuentes. En la práctica, esta decisión resulta negativa para aquellos venezolanos que planeaban emigrar a España. Para ellos, los procedimientos se complicarán, ya que, en realidad, las autorizaciones por razones humanitarias son limitadas y suelen estar asociadas a circunstancias muy concretas, como motivos médicos. Por lo tanto, se elimina una vía privilegiada en el sistema.

Desde la apertura de este canal específico en 2018, España ha expedido cerca de 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, representaron más del 95% —y en otros casi el 100%— de todos los permisos concedidos por razones humanitarias. Aunque las cifras han oscilado, durante años se mantuvieron alrededor de las 40.000 autorizaciones anuales. En 2025, el número subió hasta las 50.000.

El proceso era relativamente sencillo. Los venezolanos solicitaban asilo y entraban en el circuito de protección internacional. En lugar de recibir el estatus de refugiado, obtenían una autorización de residencia por razones humanitarias. No se trataba de asilo en sentido estricto, pero funcionaba dentro del mismo sistema. Ese permiso tenía una duración de 12 meses, renovable por otros 12, y permitía trabajar y residir legalmente en España. En la práctica, constituía una salida administrativa para miles de casos que no encajaban en la definición clásica de refugiado, pero que tampoco podían resolverse con una devolución. Estos dos años de residencia legal también abrían la puerta a una regularización más estable y, con el tiempo, a la nacionalidad.

El principal inconveniente es que lo que comenzó como una excepción para miles de personas —justificada por el Gobierno debido al deterioro de la situación en Venezuela— se transformó en un canal estructural que terminó colapsando.

A la acumulación de decenas de miles de solicitudes anuales se añadió la falta de recursos para gestionarlas. El sistema se tensionó en todos sus niveles: desde la obtención de citas para iniciar los trámites hasta la resolución de expedientes. Con el tiempo, la situación de los venezolanos dejó de ser un episodio más dentro del complicado y lento proceso para obtener asilo, convirtiéndose en uno de sus principales cuellos de botella.

La nacionalidad venezolana ha concentrado una parte considerable —en ciertos momentos, más del 60%— de las solicitudes presentadas en España. En algunos años, hasta el 80% o el 90% de las resoluciones positivas no fueron concesiones de refugio, sino permisos por razones humanitarias concedidos casi exclusivamente a venezolanos. Gran parte de la tasa de reconocimiento que España proyectaba en protección internacional descansaba sobre este mecanismo. Sin la comunidad venezolana, ese porcentaje descendía a niveles bajos, en torno al 5%-12%, lo que dejaba los datos por debajo de la media europea.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se produce en un contexto marcado por varios factores. En primer lugar, la evolución de la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que ha alterado el escenario que justificó en su momento este tratamiento excepcional. Se inició un proceso de transición bajo la supervisión de Estados Unidos, aunque la antigua vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, sigue en el poder y el camino hacia la resolución de la profunda crisis social y política aún no está claro. Esto se suma a la adaptación al nuevo marco europeo, más restrictivo en materia de asilo, cuya aplicación comenzará en junio de 2026.

Sobre todo, se suma la presión acumulada sobre el sistema debido al elevado número de solicitudes recibidas. En el Ministerio del Interior creen que una parte significativa de las solicitudes de la mayoría de las nacionalidades no respondía a persecución real, sino que buscaba una vía de entrada para la regularización. Con esta premisa, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha estado buscando maneras de hacer menos atractiva la ruta del asilo para descongestionarla. Primero, se modificó el reglamento de extranjería el pasado mayo, endureciendo las condiciones para regularizarse después de solicitar asilo. Ahora se cierra la vía para los venezolanos.

La política de acogida ha posicionado a España como uno de los principales destinos de la diáspora venezolana fuera de América. La comunidad ha crecido de manera asombrosa en pocos años. Según el INE, en 2018 había en España poco más de 255.000 personas nacidas en Venezuela. En la actualidad, son cerca de 700.000, de las cuales más de 250.000 tienen la nacionalidad española. Solo en 2024, 35.403 venezolanos obtuvieron la ciudadanía. En pocos años, la presencia venezolana se ha multiplicado en todo el territorio.

España se ha comprometido con los venezolanos desde una perspectiva humanitaria, mientras mantiene una postura de política exterior más cautelosa frente al régimen chavista. Mientras el PP exigía mayor firmeza tras las elecciones de 2024 en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, el Gobierno ha decidido mantener el diálogo con Caracas.

Esta posición ha sido criticada por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha acusado recientemente a España de falta de compromiso y ha advertido que “la historia juzgará” su papel. Sin embargo, el papel de España también ha sido el de convertirse en uno de los principales destinos del exilio político venezolano y de los países europeos que más ha absorbido esta migración.

Edmundo González, quien según las actas ganó las elecciones presidenciales de ese año, se estableció en Madrid tras la represión desatada tras esos comicios. Otro ejemplo es el de Leopoldo López, quien permaneció durante meses en la residencia del embajador español en Caracas antes de que el diplomático lo ayudara a salir del país en 2020. Ayer, el Consejo de Ministros le otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza en un procedimiento reservado para unos pocos.

El cierre de esta vía representa, en definitiva, un cambio significativo para la gran mayoría de los venezolanos. Durante años, la respuesta dentro del sistema de asilo era predecible: aunque no hubiera refugio, había un permiso. A partir de junio, el tratamiento será el mismo que el de cualquier otro extranjero.