España se niega a indagar sobre torturas cometidas por dos exfuncionarios venezolanos residentes en Madrid.
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- 4 de septiembre de 2025
La Audiencia Nacional ha decidido no investigar a dos ex altos funcionarios del régimen bolivariano de Venezuela por un posible delito de lesa humanidad y torturas, a quienes una opositora señala de ser responsables de las agresiones y una violación que sufrió durante su arresto en el país caribeño. La denunciante, Dulce Bravo, inició acciones legales en la justicia española al enterarse de que ambos acusados se habían trasladado a Madrid desde Venezuela. Sus abogados ya han apelado la inadmisión inicial de esta denuncia.
Los acusados son Miguel Rodríguez Torres, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en varias ocasiones y además ejerció como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz entre 2013 y 2014, según la denuncia. La otra acusada es Luisa Marveilla Ortega Díaz, quien ocupó el cargo de Fiscal General del Ministerio Público de Venezuela por designación de la Asamblea Nacional desde 2007, siendo ratificada en 2014 para un segundo mandato de siete años. La Fiscalía española ha confirmado que ambos residen actualmente en España, y fuentes afirman que tienen su residencia legal en Madrid.
Años después de haber ocupado puestos de responsabilidad, Rodríguez Torres se opuso al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue arrestado en 2018, y tras cuatro años fue excarcelado, trasladándose a España. La denuncia de 74 páginas incluye información de prensa, mencionando una carta de los familiares de este ex alto cargo que agradecen las gestiones para su salida del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. También se incluye una entrevista de la fiscal en la que afirma residir en Madrid y niega su involucramiento en la represión.
La denuncia presentada por la víctima aborda la persecución del régimen hacia los movimientos opositores. Se solicitó interrogar a los dos ex funcionarios como investigados y que testificaran algunas figuras visibles de la oposición que también se encuentran en España como exiliados de Venezuela, incluyendo a Leopoldo López, quien estuvo en las cárceles del SEBIN, su esposa Lilian Tintori y el opositor refugiado en España, Lorent Saleh.
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La Audiencia Nacional sostiene que la documentación presentada, más allá del caso particular de la denunciante, se fundamenta en informaciones de prensa que no son suficientes para justificar la acusación por lesa humanidad. El auto al que ha tenido acceso El Confidencial no niega la existencia de torturas, pero considera que España no tiene competencia para investigarlas, dado que los involucrados no poseen nacionalidad española y los hechos ocurrieron en el extranjero. Al inadmitir la denuncia, el juez también rechazó que hasta ocho personas más, incluido Lorent Saleh, pudieran personarse en el caso.
La denunciante, Dulce Bravo, tiene 56 años y inició su militancia en 2002, el mismo año en que Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. Un año después, de acuerdo con su relato, fue arrestada: “Mientras me dirigía hacia donde había aparcado mi coche, cerca de la parada del metro, un auto negro se detuvo y de él se bajaron tres hombres con acento cubano y una mujer. De forma rápida, me cubrieron la cara con un pañuelo y me metieron en el auto. Después de un tiempo, me encontré en una silla, medio desnuda y con las manos atadas”.
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Así comienza su relato, donde explica que le administraron “hipnóticos químicos”. “Me escribieron amenazas en la espalda, el vientre y los pechos. Horas después me dejaron prácticamente desnuda en la entrada de la iglesia la Coromoto y me llevaron a la clínica Caracas. Pasé tres meses desintoxicando mi cuerpo, sufrí pánicos nocturnos, luego me recuperé y seguí adelante”, narra.
El «cuartico de la verdad»
La segunda detención ocurrió el 10 de mayo de 2004, cuando se encontraba en la casa de un amigo con otros opositores. “Continuando su relato, los agentes de la DISIP (el servicio de inteligencia que fue reemplazado por el SEBIN en 2009) irrumpieron sin portar orden judicial. Tras reducirnos de manera violenta, propinándonos patadas en el estómago y golpes en la cara y la cabeza, me sacaron arrastrándome por el cabello, me pusieron una capucha negra y fuimos trasladados esposados al Helicoide”, que es una de las cárceles donde se detiene a los opositores en Venezuela.
Recuerda que la presentaron como un trofeo ante un superior, el director de la DISIP, Miguel Rodríguez Torres, a quien acusa de haber ordenado que la llevaran a una habitación conocida como “cuartico de la verdad”, donde sufrió maltratos hasta ser violada: “Me sentaron en una silla y comenzaron a interrogarme, golpeándome en la cabeza con un objeto que parecía un tubo, luego me dieron golpes en las rodillas con algo metálico que causaba un ardor intenso, y me golpeaban la espalda y los riñones con lo que parecía ser arena en bolsas, aumentando los dolores cada vez más”.
El juez: «El testimonio evidencia la notoria vulneración de sus derechos»
“Me dejaban un rato sin golpearme –detalla–. Después de muchos golpes, el agente Melvin Collazo (uno de los agresores) rompió mi camisa y fui violada sexualmente por él y los otros agentes presentes, aunque no logré ver sus rostros”. “Como me negué a hablar, me dieron un puñetazo en la cara que me dislocó la mandíbula y perdí el conocimiento. Al recuperar el sentido, me encontré bañada en sangre y mareada, con un dolor profundo”, agrega.
Tras horas de tortura, la llevaron ante Miguel Rodríguez: “Estaba ahí sentado, mirándome con una sonrisa burlona, me trataba de puta de mierda”. Le acusaban de incitar a la rebelión. Su objetivo era obtener información sobre el paradero de un general opositor, Felipe Rodríguez, con quien la denunciante colaboraba. Este militar, conocido como el Cuervo, formaba parte de un grupo de oficiales que se levantaron contra Hugo Chávez al inicio de su gobierno.
59 días en Ramo Verde
En relación al papel de la otra acusada, la denuncia indica que desde el Helicoide los detenidos fueron llevados a un tribunal civil, donde se les negó el derecho a declarar, supuestamente por orden de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Aquí se inició un ciclo de traslados entre centros de detención, incluyendo la temida prisión de Ramo Verde durante 59 días. Leopoldo López también estuvo recluido en esa misma prisión. Dulce Bravo permaneció en la clandestinidad hasta que escapó a Argentina en 2013, el mismo año en que falleció Hugo Chávez. Su caso fue finalmente archivado.
Opinión
La denuncia fue admitida en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo de Antonio Piña. El juez considera que el “testimonio evidencia la notoria vulneración de sus derechos fundamentales, relatando hechos que deben ser calificados como delitos de tortura o contra la integridad moral”, aunque no ve suficientes indicios de lesa humanidad. Además, señala que en los hechos descritos hay indicios de la participación de Miguel Rodríguez, pero no de la exfiscal Luisa Ortega.
El auto de inadmisión, emitido el 4 de julio, argumenta que el único episodio que la víctima describe con detalle es el suyo, mientras que el resto de la represión que menciona se fundamenta en “informaciones de carácter periodístico”. Se destaca uno de los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también se opuso a la investigación, sobre que la Corte Penal Internacional está investigando los delitos de lesa humanidad en Venezuela, “siendo esta institución la que debería recibir este tipo de denuncias”.
Finalmente, el juez señala la falta de competencia para investigar también las torturas descritas, dado que, según el testimonio, se trata de “un delito de tortura y contra la integridad moral cometido fuera del territorio español contra una víctima que no posee la nacionalidad española, lo que impide que la jurisdicción española se haga cargo de la denuncia”.