España se une a las conversaciones con el principal grupo criminal de Colombia.

España ha tomado asiento en una sala discreta de Doha, distante de las selvas donde el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia, ejerce su dominio. Sin previo aviso, el Gobierno español ha designado a una delegada para participar en la mesa instalada en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro consideran hasta dónde puede avanzar uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Es la primera vez que España se involucra en un diálogo con este grupo, que es heredero del paramilitarismo y controla una gran parte del narcotráfico en el país. Esta participación, confirmada por EL PAÍS a través de fuentes vinculadas al proceso, reitera el papel de España como actor internacional en el proceso de paz colombiano, en esta ocasión en una de sus negociaciones más complejas y controvertidas.

La incorporación de España —que se suma al equipo mediador ya conformado por Suiza, Noruega y Qatar— acontece en un momento crucial. Petro se encuentra en el tramo final de su mandato y necesita demostrar que su enfoque de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente genera resultados. A pesar de las conversaciones abiertas con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Por el contrario, los grupos armados han fortalecido su posición. Falta una estrategia coordinada y un marco claro para someter a estas organizaciones, según apuntan entidades especializadas en el conflicto armado colombiano. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su presencia”.

España no llega a Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz colombiano, el cual mantiene simultáneamente hasta 13 mesas de diálogo, con resultados variados. Desde los años noventa, ha estado involucrada en diversas iniciativas y, desde 2023, forma parte del grupo de naciones que acompañaron oficialmente la negociación con el ELN, la última guerrilla de Colombia. El Gobierno de Petro inició conversaciones con esta guerrilla en 2022, pero las mismas están suspendidas desde hace casi un año, tras una oleada de ataques en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que resultó en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60,000 campesinos.

En este proceso, el papel de Madrid ha sido más bien discreto, centrado en el acompañamiento político y técnico en lugar de en la interlocución directa. Sin embargo, su inclusión en el diálogo con el Clan del Golfo, que se denomina a sí mismo Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más sensible con el principal actor criminal del país.

¿Por qué Qatar y Colombia optaron por España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es importante porque estamos hablando de América Latina”, agrega una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes entienden bien el impacto de la Historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A esto se suman motivaciones más prácticas: “España no es ajena a esta situación. El Clan del Golfo tiene presencia hasta en Algeciras”, concluye esta fuente. Además, España ha desempeñado un papel (silencioso pero continuo) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, el control del tablero criminal en Colombia es relevante por varias razones, entre ellas que grandes capos del narcotráfico colombiano terminan asentados en España, donde residen y operan. Entre los casos más recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano y capturado en 2022 en la capital española. Otro caso es el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, narcotraficante cuyo paradero han localizado los servicios de inteligencia colombianos en territorio español.

Las conversaciones de Doha surgieron en un intento desesperado por reactivarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes contradictorios por parte del Clan del Golfo, el grupo se negó a continuar dialogando dentro de Colombia y pidió un escenario neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que contempla los primeros gestos de disminución de la violencia que se llevarán a cabo a modo de proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz será probada en una franja selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Una región marcada por rutas de narcotráfico y conflictos armados, de ríos, selva, oro y madera; de comunidades indígenas y afrodescendientes donde el Estado pocas veces se presenta, y casi siempre de forma armada. En este contexto, el Clan del Golfo ejerce de facto como autoridad. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento infantil, un desafío que requiere que el Estado —históricamente ausente en la zona— ofrezca una verdadera propuesta de seguridad y futuro para los niños.

El Clan del Golfo se originó a partir de los restos del paramilitarismo y se expandió junto al narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional en el noroeste del país a convertirse en una organización criminal presente en gran parte de Colombia y con conexiones internacionales. Su fuerza no solo proviene de las armas, sino de su capacidad para controlar territorios, movilizar economías ilícitas y reorganizarse cada vez que pierde a un líder. Es uno de los elementos más difíciles de mover en el rompecabezas de la paz.