España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España ha tomado asiento en una discreta sala de Doha, lejos de las selvas donde el mayor grupo delictivo de Colombia establece su dominio. En silencio y sin previo aviso, el Gobierno español ha designado a una delegada en la mesa montar en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Gobierno de Gustavo Petro evalúan el avance de uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Esta es la primera ocasión en la que España participa en un diálogo con este grupo, sucesor del paramilitarismo y que controla gran parte del narcotráfico en el país. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS a través de fuentes implicadas en el proceso, vuelve a posicionar a España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, esta vez en una de sus negociaciones más complejas y controvertidas.

La entrada de España —que completa el equipo mediador que ya incluía a Suiza, Noruega y Qatar— ocurre en un momento crucial. Petro se encuentra en la fase final de su mandato y necesita exhibir resultados que demuestren que su estrategia de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente está dando frutos. A pesar de las negociaciones que se han abierto con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Por el contrario, los grupos armados han ganado fuerza. Se carece de una estrategia coordinada y de un marco claro para someter a las organizaciones delictivas, advierten agrupaciones especializadas en el conflicto armado colombiano. International Crisis Group señala que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para ampliar su presencia”.

España no se presenta en Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz colombiano, que actualmente cuenta con hasta 13 mesas de conversación en paralelo, con resultados variados. Desde los años noventa, ha estado involucrada en diversas iniciativas, y desde 2023 forma parte del grupo de países que respaldan oficialmente la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno Petro inició diálogos de paz con ellos en 2022, pero estos se han suspendido desde hace casi un año tras una serie de ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que causaron cerca de un centenar de muertes y el desplazamiento de 60.000 campesinos.

Durante ese proceso, la intervención de Madrid fue sutil, más centrada en el acompañamiento político y técnico que en la interlocución directa. Sin embargo, su inclusión en el diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: ahora se involucra en la negociación más delicada con el principal actor criminal del país.

¿Por qué Qatar y Colombia pensaron en España? “España es un socio confiable para Colombia. Para Qatar, es crucial debido a nuestra conexión con América Latina”, señala una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden muy bien la influencia de la Historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A esto se añaden razones prácticas: “España no es ajena a toda esta situación. El Clan del Golfo ha llegado hasta Algeciras”, concluye esta fuente. España, además, ha tenido un papel (silencioso pero persistente) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, la supervisión del ámbito criminal en Colombia es relevante, porque, entre otras cosas, muchos capos del narcotráfico colombiano se establecen en España, donde residen y realizan negocios. Entre los casos más recientes está el de Freddy Castillo, apodado Pinocho, identificado como líder de una estructura paramilitar en el norte de Colombia y capturado en 2022 en la capital española. Otro caso es el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos ubican actualmente en territorio español.

Las conversaciones en Doha surgieron en un intento desesperado por revitalizarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes ambiguos por parte del Clan del Golfo, el grupo se negó a continuar dialogando dentro de Colombia y solicitó un entorno neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que incluye los primeros gestos de desescalamiento de la violencia que se implementarán en forma de proyecto piloto en cinco municipios en el noroeste del país.

La paz se probará en una zona selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Una región marcada por rutas del narcotráfico y conflictos armados, con ríos, selva, oro y madera; con comunidades indígenas y afro donde la presencia del Estado es escasa y casi siempre armada. Allí, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento infantil, un reto que exige que el Estado —históricamente ausente en la zona— despliegue una oferta real de seguridad y de futuro para los niños.

El Clan del Golfo se originó a partir de los restos del paramilitarismo y ha crecido al compás del narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional del noroeste del país a una organización criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no depende solo de las armas, sino de su capacidad para controlar territorios, mover economías ilegales y reorganizarse cada vez que un líder es capturado. Es una de las piezas más complicadas de mover en el rompecabezas de la paz.