España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España ha tomado asiento en una sala discreta de Doha, lejos de las selvas donde el mayor grupo criminal de Colombia impone su ley. En silencio y sin aviso previo, el Gobierno español ha incorporado a una delegada en la mesa instalada en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro están evaluando hasta dónde puede avanzar uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Esta es la primera vez que España participa en un diálogo con este grupo, descendiente del paramilitarismo y controlador de gran parte del narcotráfico del país. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS mediante fuentes cercanas al proceso, vuelve a posicionar a España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, esta vez en una de sus negociaciones más complejas y polémicas.

La incorporación de España —que completa el equipo mediador en el que ya se encontraban Suiza, Noruega y Qatar— llega en un momento crucial. Petro se acerca al final de su mandato y necesita demostrar que su estrategia de negociar con todos los grupos criminales de forma simultánea está dando frutos. A pesar de las conversaciones abiertas con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Por el contrario, los grupos armados se han fortalecido. Falta una estrategia coordinada y un marco claro para someter a estas organizaciones criminales, según apuntan entidades especializadas en el conflicto armado colombiano. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su presencia”.

España no aparece en Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz colombiano, que simultáneamente mantiene hasta 13 mesas de conversación con resultados variados. Desde la década de los noventa, ha estado involucrada en diversas iniciativas y, desde 2023, forma parte del grupo de países que acompañaron oficialmente la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno de Petro inició conversaciones de paz con esta guerrilla en 2022, pero se han suspendido durante casi un año tras una oleada de ataques en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que dejó casi un centenar de muertos y desplazó a 60.000 campesinos.

En este proceso, el papel de Madrid fue discreto, más centrado en el acompañamiento político y técnico que en la interlocución directa. Sin embargo, su entrada en el diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más delicada con el principal actor criminal del país.

¿Por qué Qatar y Colombia pensaron en España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es esencial porque hablamos de América Latina”, añade una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden muy bien el impacto de la Historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A esto se suman motivaciones más prácticas: “España no es ajena a todo esto. El Clan del Golfo llega hasta Algeciras”, concluye esta fuente. Además, España ha tenido un papel (silencioso pero constante) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, el control del panorama criminal en Colombia es crucial porque, entre otras cuestiones, grandes capos del narcotráfico colombiano terminan establecidos en España, donde viven y hacen negocios. Entre los casos más recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, acusado de ser líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano y capturado en 2022 en la capital española. También está el caso de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos sitúan actualmente en territorio español.

Las conversaciones de Doha surgieron en un intento desesperado de reactivarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes ambiguos del Clan del Golfo, el grupo se negó a continuar dialogando dentro de Colombia y exigió un escenario neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que incorpora los primeros gestos de desescalamiento de la violencia, que se implementarán como un proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz se probará en una zona selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Una región atravesada por rutas del narcotráfico y disputas armadas, que cuenta con ríos, selva, oro y madera; con comunidades indígenas y afro donde la presencia del Estado es escasa y casi siempre armada. Allí, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento de menores, un desafío que requiere que el Estado —históricamente ausente en la región— despliegue una oferta real de seguridad y futuro para los niños.

El Clan del Golfo se originó de los restos del paramilitarismo y ha crecido al ritmo del narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional del noroeste del país a convertirse en una maquinaria criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no radica solamente en las armas, sino en su capacidad para dominar territorios, mover economías ilegales y reponerse cada vez que un líder cae. Es una de las piezas más complicadas de mover en el rompecabezas de la paz.