España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España se ha instalado en una sala poco publicitada de Doha, alejada de las selvas donde el principal grupo criminal de Colombia ejerce su dominio. De forma silenciosa y sin previo aviso, el Gobierno español ha añadido a una delegada a la mesa de diálogo en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro analizan hasta dónde puede desarrollarse uno de los capítulos más delicados de la política de paz total. Esta es la primera vez que España participa en un diálogo con este grupo, descendiente del paramilitarismo y controlador de gran parte del narcotráfico en el país. Esta acción, confirmada por EL PAÍS a través de fuentes implicadas en el proceso, vuelve a posicionar a España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, en esta ocasión en una de las negociaciones más complicadas y controvertidas.

El involucramiento de España —que se suma al equipo mediador ya conformado por Suiza, Noruega y Qatar— llega en un momento crítico. Petro se encuentra en la última fase de su mandato y necesita demostrar que su estrategia de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente genera algún efecto. A pesar de las negociaciones en curso con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia sigue sin disminuir. Más bien, los grupos armados han ganado fuerza. La falta de una estrategia coordinada y de un marco claro para desmantelar estas organizaciones es señalada por entidades especializadas en el conflicto armado colombiano. International Crisis Group advierte que “en varias zonas, los grupos armados han aprovechado la tregua para ampliar su presencia”.

España no se presenta en Doha como un actor externo al esfuerzo de paz colombiano, que actualmente mantiene hasta 13 mesas de diálogo, con resultados variados. Desde los años noventa, ha participado en diversas iniciativas, y desde 2023 es parte del grupo de países que acompañan oficialmente la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno de Petro inició conversaciones de paz con el ELN en 2022, pero estas han estado suspendidas durante casi un año tras una serie de ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que resultaron en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60,000 campesinos.

Durante este proceso, el papel de Madrid ha sido mayormente discreto, más enfocado en el acompañamiento político y técnico que en la interlocución directa. Sin embargo, su entrada en el diálogo con el Clan del Golfo, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más delicada con el principal actor criminal del país.

¿Por qué eligieron Qatar y Colombia a España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, resulta importante porque tenemos vínculos con América Latina”, apunta una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden muy bien cómo la Historia impacta a las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A esto se suman razones más prácticas: “España no es ajena a todo esto. El Clan del Golfo tiene presencia hasta en Algeciras”, concluye esta fuente. Además, España ha tenido un rol (silencioso pero constante) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, controlar el panorama criminal en Colombia es crucial, porque, entre otras razones, muchos grandes capos del narcotráfico colombiano acaban estableciéndose en España, donde viven y realizan negocios. Entre los casos más recientes está el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte de Colombia y capturado en 2022 en la capital española. También está el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante cuyo paradero, según los servicios de inteligencia colombianos, se encuentra hoy en territorio español.

Las conversaciones en Doha surgieron de un intento desesperado por reactivarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes confusos del Clan del Golfo, este grupo se negó a continuar dialogando en Colombia y exigió un entorno neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la negociación a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que combina los primeros gestos para disminuir la violencia, los cuales se implementarán como proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz se probará en una franja selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Una región marcada por rutas de narcotráfico y conflictos armados, llena de ríos, selva, oro y madera; que alberga comunidades indígenas y afrodescendientes donde la presencia del Estado es escasa y, cuando se manifiesta, suele ser armada. En este contexto, el Clan del Golfo ejerce como autoridad de facto. Una de las prioridades será erradicar el reclutamiento infantil, un desafío que requiere que el Estado —históricamente ausente en esta área— despliegue una oferta real de seguridad y oportunidades para los niños.

El Clan del Golfo se originó de los vestigios del paramilitarismo y se expandió al ritmo del narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional del noroeste a una entidad criminal con influencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no depende únicamente de las armas, sino de su habilidad para controlar territorios, manejar economías ilegales y reconfigurarse cada vez que un líder es detenido. Es uno de los elementos más complejos de mover en el puzzle de la paz.