Estos tres sinvergüenzas no lograran arruinarlo todo. Sánchez es como un caimán.
Las cosas han empeorado, y en el palacio de La Moncloa son conscientes, pero eso no alterará su plan principal: resistir hasta 2027 o hasta que surja una oportunidad. «Sánchez es un caimán y no se detendrá«, afirman desde su círculo cercano. La legislatura se desmoronó el 12 de junio cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vinculó a Santos Cerdán con una trama de corrupción que toca el núcleo del Partido Socialista. Ese día, el presidente del Gobierno tomó una decisión crucial. En lugar de dar un paso atrás, limitó la responsabilidad política a una simple disculpa y lanzó un plan interno para recuperar la iniciativa política con tres pilares: político, judicial y comunicativo.
Han pasado 171 días, casi medio año, y el balance no es favorable: el fiscal general ha sido condenado, el ministro José Luis Ábalos está tras las rejas y la mayoría de investidura se ha disuelto. Lo que más preocupa al Gobierno es la confluencia del pasado jueves, un jueves negro, con Ábalos ingresando en Soto del Real y la derrota parlamentaria en la votación del techo de gasto, que transmite un mensaje implacable a la opinión pública: corrupción e ingobernabilidad. Aún así, el espíritu del presidente y de su núcleo duro se mantiene inalterado.
Sin embargo, la distancia entre el «búnker» de La Moncloa y el resto del Partido Socialista es cada vez más evidente y se puede resumir en dos sentimientos y un debate abierto. Los sentimientos son «dolor y preocupación«, como ha podido confirmar este periódico a través de diversas fuentes del partido, tanto en Madrid como en diferentes federaciones. «Lo de Koldo, Ábalos y Cerdán es gravísimo. Son el eje fundamental del sanchismo, son los arquitectos que cimentaron ese proyecto político. Y el tema del techo de gasto demuestra que no se puede gobernar; en esta legislatura nunca se ha podido, solo han ido lidiando con ello». El debate actual en el Partido Socialista se centra en si se deben convocar elecciones y, de ser así, cuándo hacerlo para no perjudicar a los candidatos municipales y autonómicos.
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«Tres sinvergüenzas no van a acabar con todo», afirman fuentes del Gobierno a El Confidencial, abundando en la idea de limitar el escándalo a Ábalos, Cerdán y Koldo: «No vamos a tirar la toalla», añaden. Teniendo en cuenta que dos de ellos están en prisión y el otro ha estado cinco meses allí, esta afirmación recuerda a una versión de lo que dijo Mariano Rajoy en una rueda de prensa sin preguntas en la sede de la calle Génova, junto a los líderes del PP, sobre Gürtel: «No es un caso del PP, es un caso contra el PP». Pero más allá de estas similitudes, la realidad es que seis meses después de la detención de Cerdán, el Gobierno se mantiene en la misma posición.
Moncloa acelera
Fuentes cercanas al presidente explican que a Pedro Sánchez no le «sorprendió» que el juez Leopoldo Puente enviara a prisión a quien probablemente ha sido el político más poderoso de todos los que lo han acompañado en estos ocho años, desde que un 1 de octubre de 2016 fue desalojado de la Secretaría General del PSOE por sus propios compañeros. Tampoco le sorprendió el golpe en el Congreso con el techo de gasto, ya que en Moncloa entienden que es parte del juego de Junts, a quienes aún no dan por perdidos como socios para algunas votaciones parlamentarias. Lo que sí le sorprendió y descolocó fue la condena al fiscal general. Esa no la esperaba, y por esta razón sigue en sus trece e insinúa que el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolverán a su favor.
Aun así, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó con rapidez para reemplazar a Álvaro García Ortiz el lunes por la mañana, a pesar de que aún no se conocían los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo. Lo hizo a su manera, estableciendo un retrato y llevando a cabo un casting de entrevistas personales. Así actuó, por ejemplo, en un tema de menor importancia política: el nombramiento de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPS), Rosario García Mahamut: debía ser mujer, feminista, catedrática… y proamnistía, una condición que limitaba considerablemente las posibilidades entre los expertos en esa rama del Derecho.

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En lo que respecta a la sustitución del fiscal general, Bolaños ha centrado su atención en dos áreas. La primera, resolver el asunto rápidamente, por lo que estuvo todo el día colgado del teléfono el lunes, con el único objetivo de presentar la propuesta de nombramiento en el Consejo de Ministros del martes. La segunda, un aspecto que perjudicó desde el principio a García Ortiz: el prestigio y la trayectoria. El Gobierno no podía permitirse que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volviera a calificar a alguien como “inidóneo” para el cargo, como ocurrió con el que acabó siendo el primer fiscal general del Estado inhabilitado debido a actos cometidos en el ejercicio del cargo. Teresa Peramato no solo es mujer y feminista, sino que también fortalece el punto más débil, ya que es fiscal de sala con 35 años de experiencia. No es de extrañar que el CGPJ no tardara ni 24 horas en considerarla idónea para el puesto.
En la valoración del fallo del Supremo sobre Ortiz, el ministro de Justicia ha sido mucho más cauteloso que el propio presidente, y, desde luego, que el más combativo de los ministros, Óscar López, encargado de crear el argumentario, desgastándose al cuestionar todo el proceso y tratando de revertir un caso que es complicado para el presidente del Gobierno por dos motivos: él mismo se involucró personalmente en su inocencia y actuación, y además, esto supone una victoria para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y para su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Esto es significativo, ya que revela que existen matices en el núcleo más cerrado del presidente y ofrece pistas sobre el estado de salud del tercer eje que Pedro Sánchez lanzó internamente después del 12 de junio: el comunicativo.
Los últimos diez días han sido especialmente difíciles para el Gobierno, porque han puesto de manifiesto que dos de los tres ejes lanzados en junio están fracasando estrepitosamente: el cerco judicial sobre el Gobierno se está intensificando y la soledad parlamentaria se hace notar y se agrava. En lo que respecta al primero, fuentes de Moncloa ya admitían a este periódico en septiembre que de todos los casos judiciales “el único que nos afecta es el de Ábalos”. En ese momento, al inicio del curso político, la previsión de daños del Gobierno en el ámbito judicial se limitaba a ese caso: ni el de la esposa del presidente, Begoña Gómez, ni el del hermano, David Sánchez, ni el del fiscal general, despertaban preocupación alguna. Hasta que en el primer caso, el juez Peinado continúa avanzando con el respaldo de instancias superiores y en el segundo todo parece indicar que podría ser el siguiente golpe para el Gobierno, ya que el juicio está programado para febrero.

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En lo que respecta al segundo eje, el político, el Gobierno volvió del verano con ánimo renovado y con el objetivo de recuperar la iniciativa política. El mensaje principal fue presentado por la portavoz, Pilar Alegría, tras el primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones, aún en agosto: tras dos años de legislatura, este año sí se presentará un proyecto de Presupuestos. Dos meses después, Junts no solo anunció su ruptura con el Gobierno, sino que lo demostró al derribar el techo de gasto, el paso previo a los Presupuestos. Este sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo un nuevo llamado a Junts (y al PNV) para que trabajen hacia la convocatoria de elecciones. Sin embargo, en Moncloa no cesan en su empeño: «Si Junts se va con PP-Vox es su suicidio», aseguran convencidos de que aún se podrá seguir legislando «partido a partido». En Génova piensan lo contrario, pues según su interpretación, lo único que ha logrado Junts al fortalecer a Sánchez es consolidar su alternativa: Salvador Illa.
El tercer eje que Sánchez implementó tras el 12 de junio es el comunicativo, que tiene impacto en todos los ministros. Aquí hay dos mensajes claros, y nada ha cambiado desde el jueves negro. El primero es transmitir tranquilidad y una clara intención de seguir tomando decisiones para informar a la opinión pública sobre cuál es el programa socialista: recogiendo el sentir de «la mayoría social». Este viernes, tras el jueves negro, un grupo de ministros se pronunció en esta línea, como si nada hubiera sucedido.

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El segundo aspecto de la estrategia discursiva es atacar al PP cada vez que se presente la oportunidad. El último ejemplo lo proporcionó Pedro Sánchez este sábado, en un discurso ante la Internacional Socialista en el que subrayó que los populares creen poder controlar a la extrema derecha y la han normalizado, pero al final han sido «absorbidos». Quienes dentro del PSOE no están de acuerdo con esta estrategia explican que “el mejor síntoma de que ese plan está marcado desde Moncloa es TVE, donde más que hablar del Gobierno se dedican a atacar a la oposición, tanto externa como interna”. «Viven en una burbuja, en el autoconvencimiento. En el búnker han llegado a creerse su propio relato», añaden.
Elecciones «antes de las municipales»
En el partido hay un debate profundo, pero discreto. Nadie quiere aparecer criticando abiertamente al secretario general, que ya ha lanzado públicamente el mensaje de que se presentará a las elecciones de 2027. Pocas son las voces que se atreven a solicitar abiertamente a Sánchez que convoque elecciones. El más claro ha sido el exlíder del PSE Nicolás Redondo. Otros históricos han expresado su crítica abiertamente, como ocurrió este mismo jueves en un acto celebrado en el Senado en el que Felipe González y Alfonso Guerra se lamentaron con contundencia sobre la situación política.
Otros dirigentes prefieren no hacer declaraciones, pero manifiestan su malestar y preocupación creciente: que el desgaste de Pedro Sánchez acabe arrastrando al partido. “Las elecciones tienen que ser antes de las municipales por pura decencia democrática, y no enviar a los alcaldes a una carnicería. En el contexto político actual es un imperativo democrático”, opinan desde una federación crítica.

Opinión
Este argumento, que comparten críticos con peso dentro del partido, subraya que es Sánchez quien “debe rendir cuentas”, porque “esta etapa ha sido protagonizada por él, y lo justo es que sea él quien se someta al juicio de las urnas, sin escudarse detrás de los alcaldes y los candidatos autonómicos”.
Dado que en el partido todos reconocen que el líder tiene la legitimidad para presentarse de nuevo, cualquier conversación sobre sucesión en el PSOE debe suceder después. Y no antes de que la ciudadanía hable. Eso sí, desde el Gobierno advierten: «Sánchez es un caimán«.



