Etarras asilados en Venezuela solicitan a la Audiencia Nacional el cierre de casos abiertos.

Etarras que se encuentran refugiados en Venezuela han solicitado a la Audiencia Nacional, mediante abogados vinculados a la izquierda abertzale, el archivo de sus causas pendientes. Esto ocurre tras la petición de Dignidad y Justicia (DyJ) al magistrado Francisco de Jorge, encargado de investigar el «aparato de huidos» de ETA, para que solicite a Caracas información sobre 14 terroristas bajo la protección de Nicolás Maduro hasta su captura por parte de Estados Unidos. Según indican las fuentes consultadas por LA RAZÓN, los abogados argumentan que los hechos relacionados con esos procedimientos, que incluyen decenas de asesinatos, ya están prescritos. Su objetivo es conseguir un sobreseimiento libre, que a diferencia del provisional, no permitiría reabrir la causa en el futuro por los mismos hechos.

Entre los etarras que buscan que la Justicia española dé por cerradas sus causas figura Luis María Olalde, quien se unió a ETA en 1978 y formó parte del «comando Urola», y se cree que habría participado en varios atentados, según la Guardia Civil.

La lista de terroristas que la asociación presidida por Daniel Portero desea que la Audiencia siga investigando incluye al infame Iñaki De Juana Chaos —condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos, de los cuales cumplió 21 en prisión—, y a Arturo Cubillas (quien actualmente se encuentra en España). Fue objeto de investigaciones por posibles vínculos entre ETA y las FARC, pero todos los intentos de que rinda cuentas ante la Justicia no tuvieron éxito.

De Juana Chaos y Cubillas

Además de De Juana, Cubillas y Olalde, la acusación desea que el juez explore posibles vínculos con el «colectivo de refugiados» de ETA que incluye a Eugenio Barrutiabengoa; al antiguo integrante del «comando Goierri», José Luis Eciolaza, «Dienteputo», condenado por cerca de 20 atentados; Ángel María Lizarbe; José Ángel Uritz Zabaleta; Javier Arruti; Asunción Arana; Juan José Aristizábal; María Ángeles Artola, viuda del etarra José Miguel Beñarán, «Argala»; Manuel Asier Guridi; Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

¿Por qué, después de tantos años, estos etarras refugiados en Venezuela buscan limpiar su pasado terrorista? Fuentes jurídicas consideran que actúan así por el temor a que la Audiencia Nacional reclame su entrega a Venezuela. En caso de que sean extraditados, tendrían que rendir cuentas por cualquier procedimiento aún abierto o provisionalmente archivado, lo que permitiría reabrir el caso ante nuevos indicios delictivos.

Aunque algunas fuentes mencionan que tres abogados habituados a la defensa de presos de ETA se reunieron recientemente con la Fiscalía para solicitar apoyo a estas peticiones de sobreseimiento basadas en una supuesta prescripción, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Jesús Alonso, lo niegan rotundamente.

Detención de Maduro

Dignidad y Justicia activó su solicitud de información sobre esos catorce etarras tras la detención de Maduro por Estados Unidos, para evaluar la «predisposición a colaborar con España» de la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Vanessa de Santiago, abogada de la asociación de víctimas, impulsó esta iniciativa —de la que, casi dos meses después, la Fiscalía no se ha pronunciado— en el marco de la investigación por integración en organización terrorista a siete presuntos integrantes del «aparato de huidos» de ETA.

Con Maduro en el poder, resultó «inviable» obtener la extradición de estos etarras a España, dada la «protección» que les ofrecía el régimen bolivariano (Cubillas ocupó un alto cargo en el Ministerio de Agricultura).

De hecho, Dignidad y Justicia indicó en su escrito enviado a De Jorge, que esta falta de colaboración y el paso del tiempo han llevado a que en algunos casos los delitos hayan prescrito.

La Fiscalía no se ha pronunciado

Con la espera de la decisión del instructor y el posicionamiento de la Fiscalía sobre investigar el papel de los etarras refugiados en Venezuela en el «colectivo de huidos» de ETA, la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre las peticiones de sobreseimiento.

Venezuela ha sido, como señala la acusación en su recurso al juez, uno de los países con una significativa colonia de miembros de ETA que han huido para eludir la Justicia española, evitando así «responder por los delitos cometidos en el seno de la organización terrorista».

Sin embargo, la información solicitada al régimen bolivariano debe aclarar, incluso, si los 14 mencionados por Dignidad y Justicia siguen residiendo en Venezuela, ya que la propia acusación advirtió que este listado —en parte basado en un informe de la Guardia Civil con fecha de septiembre de 2025— solo acredita que esos individuos se encontrarían residiendo en Venezuela «a fecha de 4 de abril de 2025».

La documentación de «El Pollo» Carvajal, clave

Dignidad y Justicia busca que la Audiencia Nacional obtenga de Estados Unidos toda la información relacionada con su investigación por narcotráfico del exjefe de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, que fue extraditado tras ser detenido en España en septiembre de 2021 después de casi dos años de estar fugitivo.

En particular, la acusación popular desea que el juez examine la documentación incautada a Carvajal relacionada con los catorce etarras que se encuentran en Venezuela. Esta documentación debería indicar, por ejemplo, cuándo adquirieron la condición de refugiados al recibir la nacionalidad del régimen bolivariano. Tal es el caso de Manuel Asier Guridi, quien hasta su detención en 1992 en España formó parte de un «talde» de apoyo del «comando Txantxi». Condenado a diez años de prisión, fue liberado en 1997 y entre 2001 y 2003 se le vinculó a Ekin y al «aparato de logística» de ETA. La documentación incautada a Carvajal señalaría que fue en diciembre de 2021 cuando se le otorgó la nacionalidad venezolana.

La defensa de los siete imputados en la investigación al «colectivo de refugiados» –con el exintegrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, alias «Txema» o «Atxulo» a la cabeza– se ha opuesto a que el instructor pida una comisión rogatoria a Estados Unidos para obtener toda esa documentación, como busca DyJ.

En su escrito oponiéndose a las medidas solicitadas por la acusación popular, señalaron que alegar «una inconcreta documentación que habría sido incautada a Hugo Armando Carvajal», así como un cambio de Gobierno en Venezuela tras la detención de Maduro, solo busca un propósito «abiertamente prospectivo».

Oposición frontal de los investigados

De abrirse esta vía de investigación, alertó la abogada, se produciría «la paralización del procedimiento» y se vulneraría el derecho de los investigados a que la causa se tramite «con todas las garantías, además de dentro de un plazo razonable».

Para los imputados, Dignidad y Justicia busca impulsar una investigación en busca de indicios delictivos, lo cual es incompatible con el Estado de Derecho y con el derecho fundamental a un proceso justo y con todas las garantías, y por ello solicitaron al juez que se oponga a estas acciones.

Los siete investigados por su integración en ETA del «colectivo de refugiados» no desean que la Audiencia Nacional persiga a los etarras asentados en Venezuela. Así lo dejó claro su defensa al oponerse a las medidas requeridas por Dignidad y Justicia, que consideran «indeterminadas y arbitrarias», y por lo tanto, innecesarias. Compararon dichas medidas con una «inquisición general prohibida en el ordenamiento jurídico». Los 14 etarras de los que la acusación solicita información a Venezuela son, como se quejaron, «personas investigadas en el presente procedimiento».