Existen oportunidades comerciales dirigidas a los adultos mayores

En 2024, la pensión media en Castilla y León fue de 1.315 euros. Sin embargo, la vida en una residencia privada, que representa alrededor del 80% de las plazas en la región, tiene un costo de 3.500 euros en las ciudades y 1.800 euros en áreas rurales. Esto equivale a un 266% y un 137% de lo que recibe un jubilado.

Estos son algunos de los hallazgos del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’, elaborado por CC.OO., que se presentó este lunes en la sede del sindicato en la Plaza Madrid de Valladolid. En el evento participaron la secretaria general autonómica, Ana Fernández, la secretaria general de Pensionistas de CC.OO. CyL, Marisol García, y el secretario general de Pensionistas a nivel nacional, Juan Sepúlveda.

En este contexto, Ana Fernández señaló que existe «un negocio en torno al ámbito de los mayores» y abogó por la creación de más plazas públicas en residencias, que en el último año solo representaron el 22% de las disponibles en Castilla y León.

Dichas plazas podrían generarse a través de la ampliación de residencias ya existentes, la construcción de nuevos centros o mediante conciertos, según afirmó la responsable regional de CC.OO. «No podemos evitar los conciertos, porque si no, sería imposible ofrecer una prestación pública en una comunidad tan envejecida», reconoció.

En cualquier caso, los tres representantes sindicales coincidieron en que en lo que respecta a las personas mayores en Castilla y León se ha «avanzado», aunque señalaron que se debe «seguir mejorando», especialmente en temas de género, cuidados y dependencia.

«Cada año observamos un aumento en las plazas privadas, lo que trae consigo la reducción de plazas públicas», enfatizó Fernández, quien también solicitó una «política de cuidados integral» que aborde las necesidades de los mayores.

Sepúlveda comentó que actualmente el 20% de la población en España tiene más de 65 años, y se prevé que en la próxima década esta cifra llegue al 30%. Algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, Galicia y Asturias, ya están «muy cerca» de alcanzar esta estadística.

El representante nacional de CC.OO. también criticó a aquellos expertos que, en un «ataque sistemático», denigran el sistema público de pensiones en medio de una «lucha intergeneracional». «Provienen de fondos privados. Se gastan más de 13.000 millones de euros, lo que es un bocado muy tentador para ellos», destacó.

Según su opinión, el desafío ahora es «asegurar que los futuros pensionistas disfruten de pensiones comparables a las que actualmente están financiando».

En cuanto al sistema de dependencia, subrayó que es «bueno», pero presenta algunas «deficiencias», sobre todo en financiación, ya que representa un 0,77% del PIB cuando «debería dedicarse al menos el 1,5 o 2%».

La «falta de financiación» provoca «largas listas de espera» desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se concede la retribución de grado, que puede llegar hasta 2 años en algunas comunidades autónomas, a pesar de que la ley establece un «máximo de 180 días». Sin embargo, este aspecto «no es muy malo» en Castilla y León.

Respecto al sector de la Sanidad, Sepúlveda señaló que ocurre algo similar, con un «problema de financiación» que se sitúa en un 6,3% del PIB cuando debería «aumentarse al 7,5%». «Es un buen sistema, pero cada vez presenta más debilidades», matizó.

Según el observatorio de CC.OO., en Castilla y León hay un total de 634.843 pensionistas, y a pesar de que la pensión media asciende a los mencionados 1.315 euros, «es necesario destacar la desigualdad entre provincias».

Además, en el ámbito de cuidados, desde el sindicato han lamentado que el 21,09% son «familiares, especialmente mujeres». «Defendemos que estos cuidados deben ser proporcionados por profesionales para que las mujeres puedan reincorporarse al mercado laboral», exigió Marisol García.

«Hay un presupuesto que no se sabe si se aprobará, pero claramente se debe priorizar todo lo relacionado con los servicios sociales, la sanidad y la educación», concluyó Ana Fernández, quien también advirtió que un 18% de los médicos de Castilla y León se espera que se jubilen para 2030, por lo que es crucial abordar la reposición de plazas.