Francia niega la extradición y captura de Josu Ternera, como solicitaba la Audiencia Nacional de España.


José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, el último gran líder de ETA, permanecerá en libertad vigilada en Francia después de que la Fiscalía antiterrorista de París haya decidido no ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) emitida la semana pasada por el juez Santiago Pedraz, según han informado a EL PAÍS fuentes jurídicas. Esta decisión se toma tras la comparecencia de Ternera este miércoles ante las autoridades francesas, donde se le notificó la resolución del juez español, relacionada con una de las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional en su contra, específicamente sobre la supuesta financiación de la organización terrorista mediante las herriko tabernas (locales frecuentados por simpatizantes de la izquierda abertzale radical).

De acuerdo con las fuentes consultadas, en ese mismo acto, la Fiscalía de París comunicó a Urrutikoetxea que no procedería a su detención al considerar que ya existía una OEDE anterior emitida por la justicia española por la misma causa por la que ahora se solicitaba su arresto. Por ello, se resolvió mantener su situación de libertad vigilada, que disfruta desde hace más de cinco años. Ternera fue detenido el 16 de mayo de 2019 en Sallanches, una localidad francesa al pie de los Alpes. Inicialmente, fue encarcelado, pero a finales de julio de 2020, un juez parisino ordenó su liberación bajo vigilancia telemática y con la obligación de residir en la capital francesa.

No obstante, 11 meses después, la justicia gala flexibilizó estas medidas y le permitió mudarse a Anglet (departamento de Pirineos Atlánticos), donde vivían su pareja y su hija menor, reduciendo las medidas cautelares a la obligación de presentarse tres veces a la semana en la comisaría más cercana a su nueva residencia. Actualmente, solo debe hacerlo una vez al mes, según indican fuentes jurídicas.

El juez Pedraz había emitido la nueva OEDE tras examinar un informe de la Guardia Civil acerca de la documentación obtenida de los 14 dispositivos informáticos que estaban en poder de Ternera al momento de su arresto. El magistrado consideraba que de esa información se podía inferir que “el investigado, desde su huida de España en 2002 hasta su detención, ha actuado como uno de los altos dirigentes de la banda terrorista ETA. No puede entenderse de otro modo la posesión de documentos que solo podrían tener un número limitado y restringido de integrantes de ETA, quienes debían ser considerados como sus entonces líderes. No se entiende de otro modo que haya actuado en representación de la organización en reuniones con representantes del gobierno español. Finamente, no se explica de otro modo que fuera la persona que anunció, en nombre de ETA, su disolución”, enfatizaba en su resolución judicial.

Ternera enfrenta una causa pendiente en Francia donde se le imputa un delito de asociación de malhechores con fines terroristas por su supuesta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005. Urrutikoetxea ya fue condenado en ausencia en 2010 a siete años de prisión por estos hechos, pero el exjefe etarra apeló tras su arresto, y el Tribunal de Apelación de París le dio la razón, ordenando volver a iniciar el proceso desde el juez de instrucción. En España, hay dos causas judiciales abiertas en su contra. Una, por el atentado a la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó 11 muertos (incluidos seis menores y dos embarazadas) y 88 heridos, por el que la Fiscalía solicita 2.354 años de prisión al considerarlo presunto integrante de la dirección etarra que ordenó colocar el coche bomba que causó dicha masacre. La otra es la de las herriko tabernas, por la cual se había emitido la última euroorden.

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