García Ceniceros, líder de FJI, considera la crítica a los jueces como «legítima» pero condena la «descalificación sin fundamento».

Roberto García Ceniceros, el recién nombrado presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), ha afirmado que «es legítimo criticar una sentencia», pero ha rechazado las «descalificaciones gratuitas» hacia jueces y magistrados por parte de los políticos, tras la sentencia contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por una revelación de secretos que involucró a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se manifestó García Ceniceros en una entrevista con Europa Press, con motivo de su reciente elección como presidente de FJI durante su XXI Congreso, celebrado en Albacete el 7 de noviembre. «Hemos visto a muchos políticos atacando directamente a miembros de la carrera judicial, a veces incluso insultándolos directamente«, ha denunciado el magistrado, quien actualmente se desempeña en la Audiencia Provincial de Barcelona. Este comportamiento, añadió, «es muy grave porque normalmente son miembros del Gobierno», y, por lo tanto, «titulares de otros poderes del Estado».

En este contexto, criticó que se acuse a jueces y magistrados de «hacer política», ya que «eso es lo mismo que acusar de un delito de prevaricación». «Es como si dijera que hay miembros del Gobierno que están aprobando decretos para obtener beneficios económicos o favores. Estaríamos en esa situación», expresó enérgicamente.

También se quejó de que «cinco minutos después» de hacerse pública la sentencia contra García Ortiz «ya estaban los políticos hablando» con comentarios «muy extremos, muy a la trinchera». Por ello, resumió que «tiene que existir respeto institucional» entre el Poder Judicial y el Ejecutivo «a través de los cauces constitucionales», como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La sentencia contra García Ortiz

Varios días después de la publicación de la sentencia contra García Ortiz, cuyo fallo se presentó por temor a filtraciones, el presidente de FJI ha considerado que «reafirma un poco más la sensación de dolor» en relación a la salud de la Fiscalía.

García Ceniceros reflexionó sobre el razonamiento expresado en el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes pidieron la absolución de García Ortiz, en torno a la filtración del ‘email’ clave donde la defensa del empresario ofrecía a Fiscalía reconocer delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel. «Si la idea es que no debemos condenar al fiscal general del Estado porque era un correo que había circulado días en las redacciones de todos los medios, ¿qué pasa, que eso se convierte en una centrifugadora de datos reservados?», cuestionó el presidente de FJI.

Y esa perspectiva le resulta «incluso menos» favorable que la condenatoria, ya que el tribunal concluyó que el ex fiscal general «o alguien de su entorno» filtró el mencionado correo electrónico. Por eso agregó: «Con independencia de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, es grave, porque incluso la tesis de la absolución nos habría abierto la puerta a una situación en la cual en la Fiscalía se están filtrando datos constantemente. Además, resulta que el fiscal general del Estado no se enteraba de nada. Así que quizás eso sea peor».

El mandato de Peramato

Al conocer la sentencia contra García Ortiz, FJI expresó en un comunicado su esperanza de que la nueva etapa en la Fiscalía General del Estado, liderada por Teresa Peramato, sirva «para dotar al Ministerio Fiscal de la autonomía e independencia necesarias para el correcto ejercicio de sus funciones».

García Ceniceros considera que esto «no se puede hacer en un día» y que «lo tiene complicado» porque deberá ganarse la confianza «poco a poco». También valoró que Peramato haya transmitido mensajes «en los que ha indicado expresamente que el Ministerio Fiscal debe gozar de más autonomía e independencia».

El magistrado ha reconocido que, «desde dentro», Peramato «no puede cambiar las normas», pero ha señalado que «quizá tenga pronunciamientos claros» sobre la independencia de la Fiscalía. En definitiva, García Ceniceros espera que Peramato no sea «seguidista» de una determinada corriente durante su mandato, dado que «el contexto es el que es» y será «difícil para ella».

La instrucción de los fiscales

Uno de los proyectos del Ministerio de Justicia que enfrenta oposición desde FJI es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aprobada en Consejo de Ministros a finales de octubre, que, de ser aprobada en el Parlamento, provocaría que la instrucción penal pasara a manos de la Fiscalía, entre otras medidas.

García Ceniceros considera que la instrucción «quedaría muy comprometida», dado que «el Ministerio Fiscal actúa o interviene siempre bajo un criterio de dependencia jerárquica, con una pirámide en cuya cúspide está el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno».

Por ello, manifestó que la ciudadanía necesita «que la acción pública se realice por un organismo que sea absolutamente independiente«. En relación con la reforma del Ministerio Fiscal, que fue adoptada en el Consejo de Ministros pero también se encuentra estancada en las Cortes Generales, García Ceniceros es claro: «Eso es pura cosmética».

Esta reforma establece un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, de modo que no coincida con el del Gobierno que lo designe. Además, la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio sobre el del jefe del Ministerio Público si cuenta con el apoyo de, al menos, las tres quintas partes de sus miembros.

«Por supuesto que está bien que el mandato (del fiscal general) no coincida con el del Gobierno de turno. Pero tampoco creo que sea esa una solución real al problema. El problema es que la instrucción debe ser otorgada a una institución que sea independiente, tanto como lo es en la actualidad el Poder Judicial», concluyó García Ceniceros.