García Ortiz considera solicitar la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo y apelar su condena ante el Tribunal Constitucional.

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya está organizando sus próximos movimientos tras haber sido condenado por la revelación de datos reservados. De acuerdo a informaciones de laSexta, García Ortiz tiene la intención de presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para que anule la sentencia. Si esta es rechazada, podría recurrir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Respecto a la sentencia, el círculo cercano al ex fiscal general mantiene silencio y no desea emitir comentarios sobre el asunto.

Las sentencias del Tribunal Supremo son irrecurribles, pero se contempla la opción de que García Ortiz interponga un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales definitivas que rara vez tiene éxito, ya que es el propio Supremo quien lo resuelve.

Agotada esa vía, el ex fiscal general podría eventualmente presentar un recurso de amparo ante el Constitucional si estima que durante el juicio se le vulneraron sus derechos fundamentales. Tiene un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación de la sentencia.

Según Servimedia, no es común que el Constitucional anule una sentencia del Supremo, aunque en tiempos recientes ha habido casos como la anulación parcial de las condenas confirmadas por el Alto Tribunal a varios implicados en el fraude de los ERE, incluidos los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

García Ortiz también podría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, solicitando que verifique si las autoridades españolas han garantizado debidamente los derechos y libertades, aunque esta no es una senda que él ni su círculo han mencionado a los medios.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado una condena contra Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados debido a la filtración de una cadena de correos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y el Ministerio Público, así como de la posterior difusión de una nota de prensa.

El Supremo ha determinado que García Ortiz «o alguna persona de su entorno» filtraron dicho correo. Por este motivo, se le ha inhabilitado por dos años para el cargo de fiscal general del Estado, y se le ha impuesto una multa de 7.200 euros. Además, deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

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