Genera inquietud que alguien busque eliminar evidencias

El PP continúa con su modus operandi de postergar toda información relacionada con Madrid Network, la agencia de colocación fundada por Esperanza Aguirre durante su mandato, que aún adeuda alrededor de 70 millones de euros en préstamos que no ha reembolsado y que provienen de fondos públicos.

Dentro del Partido Popular hay discrepancias sobre los plazos para la entrega de la documentación. Mientras tanto, la oposición presiona a la Comunidad de Madrid, recordándole que el reloj apremia, manteniendo su desconfianza, con más o menos ironía, acerca de las prácticas de la derecha en relación con datos sensibles.

«Va a estar media boda de Aznar»

En este sentido, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha expresado de forma clara su preocupación por la posibilidad de que “haya alguien intentando destruir documentación”, apelando a lo que considera la “mejor tradición del PP”. “Cuando se conozca la lista completa de empresarios que dejaron deudas con esos créditos, va a estar ahí media boda de Aznar, media Gürtel y media Púnica”, ha añadido.

Bergerot tiene claro que los ‘populares’ “harán todo lo posible para impedir conocer la verdad sobre quienes se han estado enriqueciendo con el dinero de los madrileños”, mientras advierte de las maniobras que utilizan a nivel regional para mantener el secretismo; el “rodillo”, como lo define la izquierda madrileña. “Hacen todo lo posible para que no se hable de esto en la supervisión de contratos”, recuerda.

En la misma línea, se pronunció la portavoz del PSOE de Madrid (PSOE-M), Mar Espinar, quien aconsejaba a la máxima responsable de la Comunidad Autónoma “quitarse la tirita de golpe” y “mostrar esos casi 70 millones de euros”, recordando que Madrid Network fue el “trampolín político” de Ayuso. “El reloj seguirá su cuenta”, afirmaba.

Menos de un mes

Hace un mes, el Tribunal Supremo advirtió a Ayuso que debía esclarecer la situación de Madrid Network, rechazando de esta manera el recurso presentado por su equipo para no tener que hacerlo.

El pasado 8 de octubre, el Alto Tribunal se pronunció en contra del Gobierno autonómico y a favor de la transparencia, después de que un periodista de la Cadena Ser solicitara la información.

La decisión del Tribunal devolvió a la agenda pública el polémico préstamo de 80 millones de euros que la autonomía, bajo Aguirre, otorgó a esa asociación empresarial, con vínculos muy estrechos con la formación conservadora.

De hecho, catapultó a la propia Ayuso, ya que trabajó ahí entre 2008 y 2011, cobrando 4.200 euros netos mensuales por sus funciones en las redes sociales del partido. La sucesora de Aguirre y Cifuentes es solo uno de los muchos ejemplos de personalidades que recibieron cantidades considerablemente altas de Madrid Network, ya que allí pasaron varios amigos y exalumnos de la expresidenta.

El caso específico que se trata aquí está relacionado con la cantidad mencionada, de la cual la firma solo ha devuelto 15 millones, a los que hay que sumar intereses. Asimismo, no ha abonado ninguna cuota desde 2017.

Entre las entidades que recibieron fondos está el despacho fundado por el exministro de Economía con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Equipo Económico, que recibió cerca de dos millones de euros. El Gobierno central, entonces bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero, emitió fondos para ser destinados a I+D+I en la región. Sin embargo, la entidad dejó de cumplir con las devoluciones anuales pactadas y el agujero acumulado ya supera los 50 millones de euros, que finalmente recaen sobre las arcas públicas regionales.

Ayuso presentó un recurso ante el Supremo, que fue desestimado por la Justicia. Ya en 2021, la Comunidad argumentó que aportar las cifras “implicaría un daño real, claro y directo sobre los intereses económicos de numerosas empresas mencionadas”:

Nada más alejado de la realidad, el Alto Tribunal aseguró que existe un “claro interés general y público en saber cómo la Comunidad de Madrid ha estado prestando dinero a esta Asociación durante años”, e insistió en la Ley de Transparencia: “Deben prevalecer claramente los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento”.