Guía para entender el juicio del Supremo sobre el fiscal general en España.

Desde este lunes, el Tribunal Supremo inicia el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta es la primera vez en democracia que el máximo representante del ministerio público se enfrenta al banquillo de los acusados. La vista oral, que sigue a una instrucción muy debatida a cargo del magistrado Ángel Hurtado, se extenderá hasta el 13 de noviembre. A continuación, se presentan claves para seguir el proceso:

¿Cuál es el origen de la causa? Álvaro García Ortiz es acusado de un delito de revelación de secretos por supuestamente haber filtrado un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid—, en el contexto de un intento de alcanzar un acuerdo en la causa que afecta a la pareja por un presunto fraude de más de 350.000 euros a Hacienda mediante una red de facturas falsas. La filtración del email ocurrió en marzo de 2024, tras la publicación de una información manipulada por El Mundo que afirmaba que el ministerio público había ofrecido un acuerdo a González Amador (cuando, en realidad, había sido al revés); y después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, difundiera la falsedad de que dicha oferta fue retirada por instrucciones políticas. En ese momento, la dirigente popular estaba acorralada por el escándalo.

¿Qué indicios se presentan? En la instrucción no se han encontrado pruebas de que el fiscal general haya facilitado dicho email a los medios o emitido órdenes al respecto. Los esfuerzos del instructor Ángel Hurtado por probar el origen de la filtración no prosperaron, a pesar de haber ordenado un registro masivo en las oficinas de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, así como la incautación de sus teléfonos y dispositivos electrónicos.

Este asunto es clave en el juicio y explica las críticas hacia la decisión del juez instructor de llevar al fiscal general al banquillo (lo cual fue respaldado posteriormente por una Sala de Apelaciones dividida). Hurtado estimó que había suficientes indicios para condenarlo; sin embargo, que su argumento se basa en dos elementos principales: que García Ortiz recibió el correo antes de que se hiciera público; y que borró el contenido de sus dispositivos electrónicos.

¿Cuál es la estrategia de la defensa? La defensa, liderada por la Abogacía del Estado, junto con la Fiscalía, refuta precisamente esos dos indicios. Por un lado, alegan que más de veinte personas tuvieron acceso a ese email antes que García Ortiz; y que seis periodistas subrayaron que conocieron su contenido (total o parcialmente) antes de que el máximo representante del ministerio público lo recibiera. Además, el fiscal general aclaró que el borrado de su móvil no está relacionado con la causa en su contra: “Borro todo, no solo porque ejerzo mi derecho a manejar mi terminal como desee, sino porque es una imposición legal”.

¿Cuántos días se espera que dure el juicio? El Supremo ha programado la vista oral para llevarse a cabo en seis sesiones distribuidas en dos semanas. El tribunal ha reservado las mañanas y tardes de los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre.

¿Quiénes componen el tribunal? Siete magistrados del Supremo se encargarán de juzgar al fiscal general: Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala de lo Penal; su predecesor, Manuel Marchena; Antonio del Moral; Carmen Lamela; Juan Ramón Berdugo; Susana Polo; y Ana Ferrer. La mayoría (Marchena, Del Moral, Lamela y Berdugo) se considera del sector conservador; dos (Polo y Ferrer), del progresista; y Andrés Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), es catalogado como conservador moderado por algunos y moderado progresista por otros.

¿Quiénes presentan la acusación? La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa la defensa de García Ortiz, solicitan su absolución. En el banquillo le esperan siete acusaciones. Por un lado, la acusación particular a cargo del novio de Díaz Ayuso, quien ha demandado cuatro años de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, además de tres años de suspensión de empleo y una multa de 108.000 euros. Por otro lado, las seis acusaciones populares: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que también pide cuatro años de prisión y justificó su iniciativa por la difusión de una nota de prensa que consideraban delictiva (aunque el propio Supremo lo desestimó después); la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), abiertamente opuesta a García Ortiz, que solicita seis años de prisión; y los grupos ultraderechistas Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa, que igualmente exigen cuatro años de cárcel.

¿Quiénes testificarán? El tribunal ha preparado un calendario intensivo, con días repletos de declaraciones. En total, se han programado las comparecencias de 29 testigos y 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero, ¿quiénes son todos ellos? ¿Cuándo están citados?

3-N: la Fiscalía, en el centro de todo

El tribunal comenzará el lunes 3 de noviembre con las declaraciones de seis testigos, todos vinculados a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Madrid. El primer citado será Julián Salto, fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso, quien declaró en la instrucción que el correo filtrado no contenía «ninguna información privada, ningún secreto». Luego testificará Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien fue procesada por Hurtado por su supuesta participación en la difusión del ‘email’, aunque la Sala archivó el caso contra ella. Después, será el turno de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que admitió haber llamado al fiscal general para informarle que iban a desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Posteriormente comparecerán Diego Villafañe, fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, a quien el instructor también llegó a imputar; y Mar Hedo e Íñigo Corral, jefes de los gabinetes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

4-N: el origen de la desinformación

La jornada del martes 4 de noviembre comenzará con los interrogatorios de dos fiscales: Esmeralda Rasillo, de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado; y Diego Lucas Álvarez, que también estuvo involucrado en parte de las investigaciones sobre González Amador. Después se recibirán testimonios sobre las acciones llevadas a cabo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid para difundir desinformación sobre el ministerio público, comenzando con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez; luego seguirá el novio de Ayuso y su abogado, Carlos Neira. Este día también está prevista la citación de Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, reemplazado en diciembre de 2024.

5-N: la llegada al PSOE

El tribunal quiere que la sesión del miércoles 5 de noviembre empiece con la comparecencia de Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, quien registró ante notario unos mensajes de WhatsApp que se cruzó el 14 de marzo (cuando ya se había difundido el contenido del ‘email’ filtrado) con Pilar Sánchez Acera, que en aquel momento trabajaba en La Moncloa. Sánchez Acera, también citada esta jornada, le envió una copia del correo electrónico cuestionado y, al ser preguntada sobre cómo lo había conseguido, contestó: «Porque llega, la tienen los medios». Además, serán llamados a testificar seis periodistas que publicaron información sobre el caso: Isaac Blasco, de ‘Vozpopuli’; Olivia Moya, de ‘Libertad Digital’; Esteban Urreiztieta, de ‘El Mundo’; Alfonso Pérez Medina, de La Sexta; y José Precedo y Marcos Pinheiro, de ‘Eldiario.es’. Urreiztieta, quien escribió la primera noticia manipulada sobre el supuesto acuerdo de González Amador con la Fiscalía, admitió en la instrucción que sus fuentes le proporcionaron información sobre las conversaciones entre la defensa de Ayuso y el ministerio público. Pérez Medina y Precedo también dijeron que tuvieron acceso al contenido del ‘email’ antes de que a García Ortiz le llegara.

11-N: la voz de los periodistas

El calendario prevé que el 11 de noviembre inicie con la declaración de Eugenio Ribón, decano del ICAM. Al principio del caso, en una entrevista con EL PAÍS, Ribón justificó la denuncia del ICAM a la Fiscalía por difundir una nota de prensa para refutar el bulo del PP de Ayuso; y según explicó, la acción del Colegio se limitaba solo a ese comunicado. Sin embargo, cuando el Supremo desestimó que la emisión de esa nota fuese delictiva (pues la prensa ya había difundido los datos que contenía), el ICAM mantuvo su acusación y afirmó que la nota era parte de un supuesto plan para filtrar información. Luego de Ribón, se citó a María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado; y Agustín Hidalgo, fiscal delegado de Protección de Datos. Después, se escucharán a otros seis periodistas: Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER; Cynthia Coiduras, de ‘El Plural’; José Manuel Romero, que era subdirector de EL PAÍS; y Fernando Peinado, Berta Ferrero y Juan José Mateo, también de EL PAÍS. El redactor de la Cadena SER ya mencionó que obtuvo el ‘email’ filtrado antes de que le llegara al fiscal general. Y los periodistas de EL PAÍS también enfatizaron que tenían detalles de esa información antes que García Ortiz.

12-N: la UCO en el banquillo

El tribunal ha reservado el miércoles 12 de noviembre para escuchar a los guardias civiles de la UCO. Los magistrados planean escuchar primero a tres agentes que participaron en la entrada y registro del despacho del fiscal general; luego a otros cinco que hicieron lo mismo en la Fiscalía Provincial de Madrid; y al funcionario que se encargó de volcar los datos de los dispositivos electrónicos de García Ortiz. Posteriormente, como peritos, han sido citados tres agentes (uno de los cuales también se llamará como testigo) que elaboraron informes sobre el material intervenido, incluido el que atribuía al fiscal general «un papel preeminente en la filtración».

¿Cuándo declara el fiscal general? Se estima que García Ortiz testificará en la sesión del 12 de noviembre, después de que finalicen los interrogatorios de los testigos y de los agentes de la Guardia Civil. De esta manera, el Supremo aplica una práctica que fue instaurada durante el juicio del procés para fortalecer el derecho de defensa: que los acusados puedan responder a las preguntas al final de la audiencia. El tribunal espera que el juicio concluya al día siguiente (13 de noviembre) con la presentación de las conclusiones de todas las partes.

¿Habrá transmisión en directo? El Supremo ha decidido que, a diferencia de lo ocurrido en el juicio del procés, la vista contra el fiscal general no se emitirá en directo. Además, los magistrados han restringido el uso de las imágenes que la prensa podrá capturar de las sesiones a través de la señal interna del tribunal.