Habitantes exigen renuncias y alertan sobre el daño ambiental.

La disputa en torno al cantón de limpieza en Montecarmelo continúa intensificándose. Representantes de la Asociación Vecinal y la Plataforma No al Cantón han demandado la renuncia del alcalde José Luis Martínez-Almeida, así como del delegado Borja Carabante y el concejal José Antonio Martínez Páramo, a quienes acusan de falta de transparencia, descalificaciones y contradicciones en relación al proyecto.

El conflicto, que lleva casi tres años, ha aumentado la tensión entre los vecinos y el Ayuntamiento, provocando movilizaciones, acciones legales y un creciente descontento en el barrio.

Críticas por falta de claridad en el proyecto

Los grupos vecinales argumentan que el Ayuntamiento ha presentado el proyecto como un cantón auxiliar con vestuarios, mientras que, según su interpretación de la documentación oficial, se trataría de una instalación de mayor magnitud con carácter industrial.

En este sentido, señalan que el proyecto abarcaría una superficie de hasta 5.800 metros cuadrados, de los cuales solo una pequeña parte correspondería a vestuarios, mientras que el resto estaría destinado a maquinaria y servicios conexos.

Para sustentar sus afirmaciones, han presentado un informe de 71 páginas que recopila, según ellos, datos, documentos y respuestas oficiales que cuestionan la versión del Ayuntamiento.

Respuesta del Ayuntamiento: instalaciones reducidas

Desde el Gobierno municipal, se argumenta que el proyecto ha sido minimizado al máximo, limitándose a vestuarios para operarios y pequeñas oficinas administrativas, sin incluir la base del Selur ni estructuras de gran impacto.

El alcalde ha sostenido que el desarrollo del cantón desmantelará lo que denomina “mentiras y exageraciones” propaladas por algunos grupos, refiriéndose a comparaciones con instalaciones industriales de gran escala.

Preocupaciones sobre el entorno y los menores

Uno de los principales argumentos de los vecinos es el efecto que la instalación podría tener en el entorno urbano. Indican la cercanía a centros educativos, viviendas y zonas verdes, así como el potencial aumento del tráfico de vehículos pesados.

Según los representantes, la zona afectaría a más de 4.200 menores, algo que consideran incompatible con un entorno seguro y saludable.

Además, critican la pérdida de árboles y espacios naturales, en un área actualmente utilizada como zona verde por los residentes.

Solicitud de intervención y alternativas

Los grupos han solicitado la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para mediar en el conflicto y revisar la ubicación del proyecto.

Asimismo, sugieren como alternativa trasladar el cantón a suelo industrial cercano, argumentando que existen parcelas disponibles que permitirían compatibilizar el servicio con el bienestar de los vecinos.

Movilización social y acciones legales

El rechazo por parte de los vecinos se ha manifestado en siete grandes manifestaciones y la recolección de 14.000 firmas, además de diversas acciones legales que mantienen el proyecto bajo revisión judicial.

Los portavoces han advertido que continuarán con las movilizaciones y no descartan nuevas acciones legales, insistiendo en la necesidad de establecer un diálogo real con el Ayuntamiento.

Un conflicto abierto sin solución a la vista

El enfrentamiento entre los vecinos y el Consistorio refleja la difícil tarea de conciliar infraestructuras de servicio público con la convivencia urbana, especialmente en áreas residenciales en crecimiento.

Mientras el Ayuntamiento defiende la necesidad de la instalación y su minimización, los vecinos reclaman transparencia, diálogo y reubicación, en un conflicto que aún carece de una solución definitiva.