Informe sobre residencias: Lo que ha bloqueado Ayuso en la Asamblea de Madrid.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha impedido la presentación del Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. El evento, que estaba planeado para este martes en la Asamblea regional y era organizado por Más Madrid, no se llevará a cabo. Ahora, surgen dos preguntas: ¿qué información revela la investigación y qué razones hay tras la negativa del Gobierno regional para que se presentara en el parlamento?

El documento comenzó a ser elaborado en octubre de 2023 por CCOO Madrid, UGT Madrid y sus respectivas federaciones, junto con la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), además de usuarios, familiares y expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Finalmente, se hizo público en julio de 2024. Durante su desarrollo, participaron 700 trabajadoras de residencias madrileñas que registraron los tiempos dedicados a cada tarea. ¿El objetivo de la investigación? Evaluar cuántas personas pueden recibir atención «digna» con las 1.772 horas anuales estipuladas en el VIII Convenio Colectivo del sector para 2025.

De acuerdo con los datos obtenidos, el 88,38% de las residencias en la Comunidad de Madrid son gestionadas por empresas privadas, mientras que solo el 11,62% son de administración pública. Las tasas proporcionadas por la propia comunidad son preocupantes. Actualmente, el informe indica que hay 8.820 trabajadores para atender a las 20.123 plazas con financiación pública en Madrid. Sin embargo, el análisis concluye que para asegurar una atención «digna» se requeriría una plantilla de 15.773 personas, es decir, casi el doble de los trabajadores actuales.

Según el informe, en la Comunidad de Madrid se necesitarían 83 profesionales por cada 100 residentes a lo largo del día.

Según los autores del análisis, las actuales proporciones de personal en Madrid «siguen el marco legal autonómico de 1990». En ese entonces, la composición de los residentes era diferente y el porcentaje de grandes dependientes era mucho menor. En la actualidad, estas cifras se traducen en 25 gerocultoras por cada 100 residentes no dependientes y 35 por cada 100 dependientes. Sin embargo, para asegurar una atención «digna», el estudio indica que se necesitarían 83 profesionales por cada 100 residentes a lo largo del día: 37 en el turno de mañana, 34 en el de tarde y 12 en el de noche. «Esto se da en una comunidad con 55.308 plazas para dependientes, de las cuales solo 6.430 son completamente públicas, 13.693 son públicas con gestión privatizada y el resto son privadas». «En resumen, el 93,28% de las residencias madrileñas son gestionadas de manera privada, mientras que solo un 6,72% están bajo gestión pública«, concluyen los expertos.

El documento menciona también el «Plan Velocidad» introducido por Esperanza Aguirre en 2022. Este plan preveía residencias de 180 plazas, con 63 concertadas, a un coste determinado por concurso público. Unos pasos que la propia Ayuso está monitoreando de cerca, con su proyecto para edificar 40 macrorresidencias y 40 centros de día de hasta 150 plazas.

Fernando Flores, presidente de Pladigmare, confirma a Público que en el contexto del informe se encuentran unas «condiciones laborales muy duras». «Los salarios son generalmente bajos y los beneficios adicionales son escasos; la mayoría recibe alrededor de 1.000 euros por jornada completa, y en algunas categorías el salario base está incluso por debajo del SMI«, aclara. Añade que la alta tasa de contratación a jornada parcial genera «inestabilidad laboral» y obliga a las trabajadoras a tener varios empleos para cubrir necesidades básicas. Y señala: «La combinación de estas malas condiciones, la falta de reconocimiento social, las largas jornadas y el estrés generado por el cuidado hacen que el sector de la dependencia sea poco atractivo en comparación con otros sectores».

A pesar de todo, los autores del estudio proponen una serie de medidas para mejorar el sector: «Asegurar un empleo digno y de calidad, con al menos un 80% de contratos fijos y a jornada completa, y que los contratos a tiempo parcial alcancen un 66% como mínimo de la jornada ordinaria; formación continua y adaptada para todas las categorías; riguroso cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral, especialmente en el uso de ayudas técnicas; control de la calidad asistencial mediante inspecciones no anunciadas y sanciones públicas; que los criterios económicos no dominen la adjudicación de centros; participación activa de trabajadores y familias en la creación de protocolos; coordinación sociosanitaria con el sistema de salud, incluyendo Atención Primaria y especializada; y asegurar la calidad en los menús, elaborados en el propio centro, equilibrados, variados, de temporada, personalizados y adecuados a requisitos médicos específicos».

«El asunto no interesa políticamente al PP»

Acerca del veto a la presentación, el portavoz de Pladigmare revela a este medio que «el PP no ha proporcionado ninguna explicación sobre la cancelación de la presentación del informe. Simplemente, no lo consideran un acto relevante«. De acuerdo con Flores, «censurar» la difusión pública del estudio y no implementar sus recomendaciones tiene consecuencias inmediatas. «Se perpetúa la crisis que enfrentamos desde 2022, cuando se firmó el Acuerdo de acreditación estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, que establece mínimos de personal necesarios para prevenir el maltrato por falta de cuidados. Un acuerdo que en la Comunidad de Madrid no se ha llevado a cabo». Además, no duda en criticar al Gobierno popular: «Mientras no se ponga énfasis en los cuidados, el mensaje es contundente: las personas no importan, lo que cuenta es el negocio. Cada uno puede elegir su postura, pero tarde o temprano, todos estaremos en esta situación».

 Fernando Flores, Pladigmare: «Mientras no se ponga el foco en los cuidados, el mensaje es claro: las personas no importan, importa el negocio».

Diana Paredes, diputada de Más Madrid en la Asamblea, manifiesta a Público que el PP, con su mayoría absoluta, «vuelve a utilizar su poder para censurar un asunto» que, según ella, no les interesa ni política ni humanamente. También critica que este veto pone de manifiesto que Ayuso y su partido no respetan la separación de poderes y «tratan la Asamblea como si fuera su propio feudo, como si fuera la Puerta del Sol».

Por su parte, miembros del PP en la Asamblea de Madrid aseguran a Público que «la presidencia no ha cancelado ningún acto». De acuerdo a sus palabras, la solicitud presentada por el grupo Más Madrid «no cumple con los criterios establecidos en las normativas de uso de las salas institucionales», norma aprobada por la Mesa de la Asamblea en 2008 y que, sostienen, el grupo parlamentario conocía. Estas fuentes indican que el acuerdo establece que las salas y eventos, incluidos los de naturaleza formativa, solo se autorizan cuando se trata de «actividades protocolarias, relaciones externas con otros parlamentos o instituciones públicas, o eventos que contribuyan a la promoción externa de la imagen de la Cámara».