Inmigración 1957: no eran épocas diferentes.

En septiembre de 1957, el régimen de Franco emitió un decreto en el BOE que impedía la entrada a Madrid de cualquier ciudadano español sin vivienda en la capital. En las estaciones de tren, se implementaron controles policiales que devolvían en caliente a los migrantes andaluces, extremeños y gallegos a sus lugares de origen si no podían demostrar su residencia. En lugar de la golden visa, teníamos el golden pisito berlanguiano.

Previo a la aprobación de aquel decreto, el clima en Madrid era asfixiante. El sutil encanto de la burguesía dejó de serlo, con tantos bárbaros llegando a las costas matritenses. Los periódicos y revistas de la época elaboraban reportajes fantásticos sobre las tendencias delictivas y salvajes de esos otros españoles que invadían Madrid y la llenaban de chabolas. 

Ciudadanos indignados publicaban esquelas en los medios para incitar a los hombres de la sociedad civil a organizarse en somatenes armados y salir a cazar gallegos, andaluces y extremeños chaboleros e ilegales, a quienes consideraban una amenaza para nuestras mujeres y nuestra cultura. 

La ocupación de infraviviendas era destacada como un delito por Francisco Franco en su decreto: “[Están] ocupando [sin K pero casi] terrenos colindantes con importantes vías de comunicación e incluidos en planes urbanísticos aprobados o en proyecto”. Por esta razón, según el régimen, debían ser eliminados. Los provincianos que en 1957 llegamos a Madrid éramos los putos moros de hoy y estábamos okupando, lo cual, como gallego, me llena de orgullo moro. 

Franco movilizó ejércitos y excavadoras en los alrededores de Madrid. Arrasaron sin compasión los asentamientos chaboleros, destruyendo también los escasos enseres de esas familias famélicas. A quienes habían levantado su chabola en un pequeño terreno propio, les expropiaron el terreno para dárselo a las grandes inmobiliarias, que se beneficiarían construyendo sobre esos arrabales de Madrid durante las décadas de 1960 y 1970. Y a los gallegos, andaluces y extremeños los expulsaron hacinados en vagones de ganado hacia sus provincias, regresando al hambre. La historia no se repite, pero su melodía es similar. 

Después de aquella exitosa operación de desinfección de Madrid conocida popularmente como ley anti jornaleros (la del 57), los madrileños se dieron cuenta de que se habían quedado sin hortelanos, vaqueros, albañiles, poceros y en general, mano de obra. Las míticas nodrizas gallegas y asturianas que alimentaban a los hijos enfermos de la alta burguesía ya no estaban en el mercado negro laboral. Las nodrizas asturianas y gallegas son, por sí solas, un género literario particular en nuestra rica novela de posguerra. Muchos autores respetables escribieron sobre esas mujeres con ternura y poesía, sin darse cuenta de que esos bellos pezones eran, en realidad, pezones esclavos.

Lo cierto es que el franquismo tuvo que moderar la aplicación de aquel decreto, ya que el sistema productivo necesitaba mano de obra barata y con escasa cultura para no plantear demandas laborales. Incluso se les acabaron construyendo infraviviendas con algunas goteras menos que sus antiguas chabolas, enriqueciendo a ciertos constructores cuyos apellidos aún aparecen en el Íbex-35. 

Pasó tiempo. Pero Madrid al final reconoció que aquellos inmigrantes extremeños, gallegos y andaluces eran imprescindibles. Y, con el desarrollismo, incluso les brindaron aguinaldos por Navidad. 

De acuerdo con investigaciones demoscópicas recientes, la sangre de esos expatriados por ley se ha vuelto intolerante en solo 68 años. A simple vista, al repasar el CIS y el INE, hay alrededor de cinco o seis millones de españoles vivos en edad de recordar esa época en primera persona. No es historia remota. Más del 15% de la población con derecho a voto vivió en esa España de segregación o  apartheid, que es el término que hoy se usa para que se entienda mejor. Y ese 15% hoy apoya mayoritariamente políticas de racismo, expulsión, aporofobia y crueldad: PP, Vox, Junts, Aliança Catalana. Hasta, lamentablemente, la ERC de Gabriel Rufián, quien se identifica abiertamente como charnego, debería aplicarse retroactivamente las leyes que actualmente sugiere implementar contra aquellos que, como su propia familia, huyen del terror o de la hambruna o de las circunstancias adversas.

Como conclusión a esta reflexión nada sabia, y para suavizar un poco el ambiente, añadiré anecdóticamente que Alberto Núñez Feijóo no ha dejado pasar esta nueva oportunidad de reirse de sí mismo. Tanto el líder popular como su lideresa Isabel Díaz Ayuso corrieron a criticar que la reciente regularización de medio millón de trabajadores migrantes impulsada por Podemos era una estrategia de Pedro Sánchez para comprar votos. O no se dieron cuenta o decidieron ignorar que esa regularización no les da derecho a los nuevos regularizados a votar en 2027. Pero lo realmente sorprendente es que ninguno de los dos mencionó algo diferente a votos, no a seres humanos, niños, mujeres, ancianos, amputados y trivialidades woke por el estilo. 

El odio, por sí mismo, es repugnante. Pero cuando ese odio es además infundado y fallido, como el de Feijóo, Abascal y sus seguidores, resulta aún más aterrador. Si nada cambia, en 2027 recuperaremos con nuestros votos la España de 1957. Qué forma de avanzar, españoles.