Investigadores critican en ‘Science’ los polémicos estudios de Madrid y Andalucía que buscan validar la captura de aves cantoras | Clima y Medio Ambiente

Un grupo de aproximadamente veinte investigadores ha enviado una carta a la revista Science esta semana, en la cual critican los polémicos estudios sobre la captura de aves cantoras financiados por los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. Estas investigaciones, respaldadas por la Universidad de Alcalá (Madrid), tienen como objetivo, supuestamente, evaluar de manera científica la viabilidad de estas capturas, como desean los aficionados al silvestrismo, una práctica que consiste en perfeccionar el canto de especies como jilgueros, pardillos o verderones —pertenecientes a la familia de los fringílidos— para competir en concursos. Sin embargo, como informó en noviembre EL PAÍS, el encargado de estas investigaciones es Pablo Luis López, un ingeniero de Telecomunicaciones del centro alcalaíno, proveniente de una familia con una larga tradición silvestrista (su padre, abuelo y bisabuelo también lo fueron), quien ha ocupado el cargo de delegado de la Federación Madrileña de Caza y fue reconocido en 2023 por su labor en el ámbito del silvestrismo.

En la carta publicada en Science, científicos y ornitólogos especializados en el estudio de aves manifiestan su preocupación por el uso indebido de la ciencia para justificar estas capturas. Además, critican que estas investigaciones apoyadas por los gobiernos de Madrid y Andalucía “carecen de transparencia metodológica, supervisión independiente y publicación abierta de datos, todos ellos requisitos fundamentales para una ciencia reproducible y fiable”.

Los firmantes de la carta, investigadores de instituciones como la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla o el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, subrayan que estas capturas están prohibidas por la Directiva Aves de la Unión Europea desde 2009. A pesar de ello, entre 2013 y 2018, cerca de 1,7 millones de fringílidos fueron capturados en España con permisos de caza otorgados por gobiernos regionales que hicieron “la vista gorda” a la legislación europea.

“En 2018, tras prolongados conflictos con asociaciones de cazadores que defendían esta práctica como un derecho ancestral, todos los gobiernos autonómicos de España finalmente cumplieron con las normativas de la UE”, se menciona en la carta de los investigadores, quienes afirman que “dado que la caza ya no es una opción legal, la captura ha resurgido bajo el pretexto de la investigación científica”.

Los científicos críticos advierten que, desde 2018 y hasta 2024, los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía han concedido permisos científicos de anillamiento para tramperos de aves, válidos por un año y aplicables incluso en espacios protegidos. “En Madrid y Andalucía, cientos de tramperos autorizados están registrados como científicos ciudadanos en ‘proyectos científicos’, aunque utilizan reclamos vivos en jaulas y trampas de red, violando la normativa de la UE”, se expone en la carta. “El objetivo declarado de estos proyectos —evaluar si las poblaciones de fringílidos podrían tolerar en el futuro una ‘extracción sostenible’ por parte de los mismos voluntarios— genera un conflicto de intereses inherente que es incompatible con una práctica científica creíble y con los objetivos de conservación”.

Como destacan los denunciantes, “la investigación ornitológica legítima, realizada por instituciones acreditadas, está sujeta a una rigurosa evaluación ética, protocolos estandarizados y supervisión por parte de los programas nacionales de anillamiento coordinados en toda Europa a través de EURING”. “En contraste, tanto las iniciativas gubernamentales andaluzas como las de la Comunidad de Madrid permiten la captura de un número potencialmente alto de aves sin cumplir con los requisitos científicos ni éticos fundamentales”, se señala en la carta.

“La apropiación del lenguaje científico para legitimar la captura tradicional o recreativa, que parece ser el objetivo de los ‘proyectos científicos’ autorizados, amenaza con socavar la confianza pública en la ciencia de la conservación y pone en riesgo el cumplimiento de la legislación de la UE”, enfatiza la misiva publicada en Science, que concluye: “Las autoridades nacionales y autonómicas españolas deben garantizar que cualquier investigación que involucre la captura de fauna silvestre se ajuste a protocolos transparentes, revisados por pares y científicamente validados. Los permisos deberían ser otorgados exclusivamente a investigadores cualificados y anilladores autorizados que operen bajo supervisión ética institucional. España debe proteger la integridad tanto de la investigación científica como de las políticas de conservación”.