La abogacía de Begoña Gómez solicita al magistrado que cierre el expediente: “Se está perjudicando la imagen de la Justicia” | España

El juez Juan Carlos Peinado ha continuado con su tradición y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar tanto a las defensas como a las acusaciones en el caso Begoña Gómez. Este trámite tampoco era novedoso; se trataba de una simple formalidad para informarles que, de llegar a juicio, se realizaría ante un jurado popular. Las partes han seguido el guion establecido. Los investigados ―la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han comparecido y han delegado su defensa en sus abogados, quienes han solicitado el sobreseimiento definitivo del caso, apoyados por la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha declarado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Por su parte, las acusaciones han solicitado nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

La única novedad ha venido de parte de Manos Limpias, el pseudosindicato cuya denuncia originó el caso. Se ha distanciado de la dirección letrada de las acusaciones populares ejercida por Hazte Oír, solicitando al juez por escrito que archive toda la causa para Álvarez y que, en lo que atañe a Gómez, cambie la calificación jurídica de los hechos, eliminando los delitos de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, manteniendo solo los de malversación y tráfico de influencias, y añadiendo un nuevo delito ―prevaricación― que impediría que el caso pudiera ser juzgado por un jurado popular.

Manos Limpias, representada por el despacho Soriano i Piqueras, propone el sobreseimiento provisional para Álvarez al considerar que es “más razonable asumir” que, en lugar de participar conscientemente en “el plan concebido” por Gómez, obedecía órdenes “de quien se considera su superior jerárquico —a efectos materiales, no formales—” y que “se viera inmiscuida en las actividades privadas” de la esposa de Sánchez. Asimismo, recuerda que en el ordenamiento español la cónyuge del presidente del Gobierno “no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial”, lo que hace “complejo” definir el papel de su asistente personal.

En cambio, Manos Limpias apoya la continuidad de la investigación contra Gómez, pero solo por dos de los cinco delitos que actualmente se le imputan: malversación y tráfico de influencias. Sostiene que los demás “carecen de sustento jurídico” y “ponen en riesgo el buen fin del proceso”. Sin embargo, propone sumar el delito de prevaricación y realizar nuevas diligencias para investigarlo, ya que para la comisión de los dos delitos que se respaldan es “imprescindible” la realización de conductas supuestamente prevaricadoras, como el nombramiento de Álvarez y “la omisión en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en cuanto al destino y las tareas encomendadas”. De ser así, el pseudosindicato anticipa que no se podrá continuar por el cauce del tribunal del jurado, dado que la prevaricación es uno de los delitos que no puede ser juzgado.

Un “déjà vu” de “pesadilla”

Dentro de lo esperado, y anticipando un nuevo rechazo de sus solicitudes, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide proseguir con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la esposa de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que es parte central del caso, además de que se le permita presentar tres informes periciales. Uno de ellos es para analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno, con el propósito de acreditar que tradicionalmente todas las parejas han contado con un asistente personal que les ayudaba en sus asuntos; otro sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay base para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. El letrado ha denunciado este «déjà vu», describiéndolo como una auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías que observa en la causa. En este sentido, ha advertido que se persigue “otra cosa” que no es Justicia, reprochando directamente lo que percibe como una falta de imparcialidad del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha lamentado, según fuentes presentes en la audiencia.

El exresponsable de Interior ha atacado uno a uno los delitos imputados a su cliente para sostener su tesis de que Peinado está aplicando un “derecho penal de autor” fundamentado en la condición de Gómez como esposa de Sánchez y guiado por el “ardor” de las acusaciones. En lo que respecta al delito de malversación, ha incidido en que la función de Álvarez era asistir a Gómez en todo momento, y que, por razones de amistad, la ayudó con ciertas gestiones relacionadas con la UCM, aunque ha enfatizado que nunca lo hizo de manera exclusiva. También ha rechazado el delito de tráfico de influencias al argumentar que, en lugar de experimentar un auge en su carrera profesional, Gómez la vio disminuir al llegar Sánchez a La Moncloa. Además, ha señalado que su relación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. En relación a la corrupción en los negocios, ha expresado su asombro porque se pueda atribuir a la captación de financiación para una universidad pública. Sobre el intrusismo profesional, se ha remitido a los informes y declaraciones testificales que demuestran que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, dado que así se le indicó desde la propia UCM y porque no se requería formación específica. Por último, ha desestimado la apropiación indebida de marca, alegando que este delito solo se aplica a bienes materiales, no intelectuales. En todo caso, ha subrayado que la marca debería estar registrada y que solo se realizó con los símbolos distintivos y el dominio del software desarrollado.

Por su parte, el abogado que defiende a Álvarez, José María de Pablos, ha instado a Peinado a solicitar de La Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones. En su intervención, el fiscal José Manuel San Baldomero ha renovado su solicitud de archivar la causa. En un escrito presentado ese mismo miércoles, ha comentado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” puedan analizarse ―“al menos para ser desechadas”― las alegaciones de descargo presentadas durante este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que las autoridades y funcionarios intervinientes en el procedimiento penal consigne y aprecien tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha enfatizado.

En el otro extremo, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización sobre el salario que percibe Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión vinculada al software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa que participó en el proyecto― señalando que la asesora de Gómez formaba parte de los intervinientes.

Hacia un juicio con jurado popular

Esta es la segunda vez que el juez realiza este trámite. Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, informó a la esposa del presidente del Ejecutivo que, si el caso por malversación iba a juicio, sería un jurado popular el que lo juzgaría y no un tribunal compuesto por jueces. Luego, unificó la investigación y comunicó que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le advirtió que, si deseaba mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió con una resolución de 47 páginas donde insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los implicados. Reiteró que Gómez se ha beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para experimentar un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no se presenta, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto”. Asimismo, ha subrayado que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la esposa de Sánchez “en actos protocolarios” derivados de su agenda como primera dama, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” de su “actividad profesional y académica”. “Pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”, enfatizó.

Se espera que en los próximos días Peinado comunique su decisión sobre las solicitudes presentadas este miércoles. Desde Hazte Oír, el letrado Javier María Pérez-Roldán se ha mostrado confiado en que, a pesar de que Gómez “está pasando de la Justicia” por su ausencia, “la Justicia no pasará de ella”. En la misma línea, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado que “la causa avanza”. “Hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, ha afirmado en declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

El caso surgió en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero desde entonces se ha ampliado con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta determinar si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada”.