La Abogacía Española destituyó al decano de Madrid, Eugenio Ribón, en medio de acusaciones por falta de pago.

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acordado excluir a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), de sus órganos de dirección. Según el organismo, Ribón será reemplazado en la vicepresidencia por la decana de Barcelona y también queda fuera de la comisión permanente. Este cambio se produce en un momento crítico en las relaciones entre ambas entidades, ya que el Consejo ha presentado una demanda por impagos contra el ICAM por reducir unilateralmente la cuota trimestral y ha decidido no cobrar la tasa de incorporación a nuevos colegiados.

Las dos instituciones han mantenido un conflicto económico desde hace un año, que ha culminado en los tribunales con una demanda por impagos presentada por el Consejo contra el ICAM. Antes de este conflicto, en varias entrevistas, Ribón había indicado que sus “desavenencias” con el CGAE, presidido por Salvador González, eran “notorias” desde hace casi tres años. Durante el último año, según fuentes cercanas, las disputas se han intensificado en el ámbito financiero.

Según estas fuentes, a principios de 2025, el ICAM decidió reducir la cuota que abonaba al CGAE, argumentando que este colegio, el más grande de Europa, estaba pagando doble por los mismos servicios, dado que Madrid cuenta con un Consejo de Colegios que incluye el de la capital y el de Alcalá de Henares. “Es necesario restar de la aportación presupuestaria la cantidad que el ICAM destina al Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid”, afirmó antes de recibir el respaldo unánime de la Junta de Gobierno de Madrid.

En paralelo, fuentes indican que el curso 2026 ha comenzado con otra medida económica que penaliza al CGAE, ya que el ICAM anunció en sus presupuestos que no cobrará a los nuevos afiliados la tasa de incorporación destinada al CGAE, aunque esta puede ser administrada y recaudada por los colegios autonómicos.

En este contexto de enfrentamiento, sin hacer referencia directa al conflicto, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en Cuenca renovar su estructura y su comisión permanente. Eugenio Ribón ha sido destituido de su puesto en esta comisión y como vicepresidente del organismo, siendo reemplazado por Cristina Vallejo, decana de Barcelona, como vicepresidenta primera, y Leandro Cabrera, decano de Granada, como vicepresidente segundo.

En un comunicado, el ICAM de Eugenio Ribón sostiene que el cese “ocurre tras las discrepancias entre el ICAM y el CGAE sobre el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo”. El conflicto, explican, radica en sus “propuestas” sobre financiación, que fueron rechazadas “sin posibilidad de diálogo”.

La acusación contra el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con más de 74.000 colegiados, tuvo un papel destacado en la causa judicial que condujo al juicio y condena de Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, a través de Eugenio Ribón, fue el primero en presentar una denuncia contra la Fiscalía en los juzgados de Madrid y solicitó cuatro años de prisión para García Ortiz en el juicio ante el Tribunal Supremo.

Este papel como acusación popular provocó demandas de dimisión contra Ribón de diversas organizaciones, incluida la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que acusó al ICAM de intentar asegurar la “impunidad” de la pareja de Ayuso en un caso de fraude fiscal que aún está pendiente de juicio. El ICAM afirmó que siempre actuó en este asunto sin influencias “políticas o personales”. Su actuación también fue cuestionada por los cursos para abogados organizados poco antes del juicio, en los que participaron tres de los magistrados que condenaron a García Ortiz, quienes incluso bromearon durante esos días, según reveló elDiario.es.

Durante el juicio y la instrucción, Ribón utilizó su posición como vicepresidente de la Abogacía Española para justificar la denuncia presentada contra la Fiscalía y la acusación popular contra García Ortiz en el caso. Sin embargo, recientemente ha perdido esa vicepresidencia tras la decisión del pleno del Consejo General de la Abogacía Española.