La asociación catalana de víctimas afirma que el TJUE «no debería manifestarse» sobre la existencia o no de «autoamnistía».

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha sostenido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no debería pronunciarse» sobre si la ley de amnistía promovida por el Gobierno constituye o no «autoamnistía».

En un comunicado al que ha tenido acceso EP, la asociación solicita al TJUE que le pida a la Audiencia Nacional que aclare si, en el marco de la consulta planteada sobre la aplicación de la ley de amnistía a los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, busca pronunciarse sobre la conclusión del abogado general del TJUE de que la norma no implica una «autoamnistía».

La Acvot considera fundamental que la Audiencia Nacional aclare este punto, ya que entiende que, si no se va a pronunciar al respecto, «la cuestión que aborda el abogado general en su informe es puramente hipotética y sobre ello no debería emitir juicio» el TJUE. En este contexto, la asociación señala que si la autoridad española desea pronunciarse sobre este tema, puede hacerlo «en una cuestión prejudicial donde realmente se plantee dicha cuestión».

La Acvot destaca que el informe del abogado general trata «un tema específico» que «no se había planteado» por la Audiencia Nacional, «pero que sí se había mencionado en la vista por la Comisión»: que la ley impulsada por el Gobierno «no es» una «autoamnistía».

«Esto se hace en respuesta a las consideraciones de la Comisión en la vista sobre que la ley de amnistía era la contraprestación por los votos necesarios para que el actual presidente del Gobierno de España pudiera lograr su investidura», enfatiza.

Para la asociación, el planteamiento del abogado general de la UE «es anómalo» porque, a su juicio, sugiere que el TJUE «interprete la ley española y establezca su sentido y finalidad». Y, según argumenta, «su función es determinar la interpretación del derecho de la Unión, no de las leyes españolas».

Además, critica que este aspecto, al que se ha dado importancia en las conclusiones del abogado general, se presentó en la vista de la Comisión «sin posibilidad de un debate pleno por las partes afectadas».

Por ello, también solicita al TJUE que reabra la fase oral del procedimiento «para que la cuestión pueda ser debatida».

«Ese debate es aún más necesario al considerar que lo planteado específicamente por la Comisión en la vista (que la venta de una ley por votos en una investidura no es parte del interés general) es precisamente lo que se omite en las consideraciones del informe del abogado general», añade.