La Audiencia, a la espera de una declaración crucial en el fraude relacionado con criptomonedas y cannabis.

La Audiencia Nacional (AN) espera tomar declaración el próximo 7 de abril a un acusado clave en la conocida estafa ‘cripto-cannabis’, que logró captar más de 645 millones de euros. Este caso se considera uno de los mayores fraudes en Europa.

La declaración de Víctor Bitner, investigado por presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, estaba originalmente programada para el miércoles pasado. Sin embargo, el juez instructor Antonio Piña no pudo asistir, y la comparecencia del investigado fue asumida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz.

El juez optó por posponer el interrogatorio del acusado, a la espera del regreso de Piña, y decidió mantener a Bitner en prisión provisional sin fianza debido a un «alto riesgo de fuga» y a la posible destrucción de pruebas.

Este investigado, quien fue detenido en Alemania, es considerado una pieza fundamental en la presunta macroestafa internacional relacionada con la plataforma de inversión en cannabis Juicy Fields. Los investigadores lo describen como el gestor económico de la trama: administraba una de las cuentas bancarias que recibió más de 161.000 millones de euros provenientes de las víctimas del fraude y era el administrador de una de las empresas involucradas.

«También participó en el blanqueo de capitales para la organización criminal a través de su cuenta de criptomonedas, donde se recibieron 3,46 millones de dólares de direcciones controladas por la red», señala el auto.

La Audiencia está a la espera de la comparecencia de Bitner, así como de la investigación que se desarrolla en Alemania, donde se instruye el mismo caso.

Sin embargo, el considerado «líder» de la red, quien daba «órdenes» a otros miembros de la organización criminal, es Sergei Berezin, investigado por los mismos delitos que Bitner. Fue detenido en la República Dominicana en abril de 2024 y prestó declaración ante el juez el pasado noviembre.

No solo era el líder, sino que, según la Policía, también ordenó a otro miembro de la organización criminal que «asesinaran a Bitner por haber desaparecido con datos de acceso a diferentes bancos».

En su comparecencia ante el juez, este ciudadano ruso afirmó que parte del dinero obtenido con la estafa se utilizó para financiar una fábrica de drones en San Petersburgo. Su declaración apuntó a lo que los investigadores ya sospechaban: en lo que se considera el mayor fraude europeo, la red contó con el respaldo del Kremlin.

Solo en España, el número de afectados se elevaría a 1766 y los denunciados a 284, según un auto del magistrado. El importe del fraude denunciado en el país ascendería a 24.192 millones de euros. Pero, ¿cómo operaba esta presunta estafa piramidal?

La operativa de la red

Los inversores se registraban en la página web y destinaban grandes sumas de dinero para la compra de cultivos de cannabis –que en realidad no existían–, esperando recibir rentabilidades entre el 70% y el 168,08%, según lo que exponía la plataforma.

Los pagos se realizaban en criptomonedas de tres tipos: Bitcoin, Ether y Tether, que eran enviados a una ‘wallet’ gestionada por los socios de la plataforma. También existía la opción de realizar pagos mediante transferencias bancarias a cuentas tituladas por la red en Chipre, Alemania o Lituania.

De acuerdo a un auto judicial, el dinero obtenido de las víctimas –la mayoría de ellas en España y representadas por el despacho Zaballos Abogados– no se reinvertía en cannabis medicinal, sino que «se destinaba a pagos parciales a las víctimas (…) y a la financiación del aparato de captación de la estafa (…), desapareciendo la mayor parte de la inversión en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias tanto en Europa como fuera de ella.

La plataforma inició sus actividades el 22 de marzo de 2020 y dejó de operar en julio de 2022. Las autoridades financieras ya habían alertado sobre la irregularidad de la actividad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España advirtió acerca de la plataforma, mientras que el regulador alemán BaFin llegó a prohibir su operación e impuso una sanción de un millón de euros.

A pesar de todo, y según el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado en febrero de este año, el caso ya cuenta con una docena de imputados, y se estima que la instrucción podría prolongarse por más de un año.