La Audiencia de Madrid ratifica el juicio contra el pareja de Ayuso por evasión de impuestos y falsificación de documentos | Noticias de Madrid.

La Audiencia de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsedad documental, según lo informado por eldiario.es y corroborado por EL PAÍS. En otro auto, los magistrados han rechazado la solicitud de diligencias presentada por la defensa de González Amador, la cual ya había sido denegada por el juzgado que investiga el caso. Esta decisión aproxima a la pareja de la presidenta madrileña hacia el juicio, ya que el próximo auto que deberá emitir el juez, referente a la apertura de juicio oral, no es recurrible.

En septiembre del año pasado, la jueza Carmen Rodríguez-Medel procesó a la pareja de Ayuso después de aceptar todas las solicitudes de las acusaciones. En dicho auto, solicitó que se le juzgue por fraude fiscal y falsificación en documento mercantil (los dos delitos centrales de este proceso), así como por delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos habían sido demandados en los escritos de acusación por el PSOE y Más Madrid, que actúan como acusación popular, pero no por la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Amador. Además, la pareja de Ayuso enfrenta otra investigación en el juzgado 19 por un presunto soborno a un directivo de Quirón, el gigante de la sanidad privada. Tanto PSOE como Más Madrid piden cinco años de cárcel.

La investigación se inició en mayo de 2022 por parte de Hacienda, que determinó que Amador defraudó al erario público una cantidad de 350.910 euros usando 15 facturas falsas. La tormenta política siguió en marzo del año pasado, cuando se filtró la denuncia de la Fiscalía y la presidenta Ayuso respondió mencionando que se trataba de una cacería en su contra.

Rodríguez-Medel también ha procesado a cuatro supuestos colaboradores de Amador. Ellos son el mexicano Maximiliano Niederer y tres sevillanos: David Herrera Lobato, y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido.

Alberto González Amador jugó su última carta en septiembre para evitar el banquillo. El empresario aguardaba la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a un recurso contra su procesamiento por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, decisión adoptada en mayo por la jueza que lo ha investigado, María Inmaculada Iglesias. La Fiscalía pide para él una pena de 3 años y 9 meses de prisión.

El empresario, dueño de dos consultoras de calidad sanitaria, ha sido el protagonista de este caso con repercusiones políticas desde que en marzo del año pasado la Fiscalía lo acusó por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros. Además, Amador está siendo investigado en otro procedimiento por un presunto soborno de medio millón de euros a un ejecutivo del grupo sanitario Quirón que ha contratado sus consultoras desde 2017.

La jueza Iglesias lo procesó el 28 de mayo de este año por el primer procedimiento. El 21 de julio, desestimó un primer recurso de Amador contra esa decisión, señalando que existían evidencias claras en su contra. Le otorgó cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia.

La pareja de Ayuso argumentaba que Iglesias no había tomado en cuenta varias pruebas solicitadas, incluyendo la declaración de dos testigos y un informe pericial. Amador sostiene que no tuvo la intención de defraudar al presentar 15 facturas que Hacienda considera falsas en las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021. Sus abogados argumentaron que el auto de procesamiento, emitido sin haber admitido diligencias requeridas por González Amador, infringía sus derechos fundamentales.

Ahora, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de González Amador y ya no cabe recurso, por lo que tendrá que afrontar el juicio.

González Amador se expone a entrar en prisión. Sus posibilidades se complicaron en marzo, cuando la Audiencia Provincial abrió el camino para un segundo procedimiento en su contra. Su situación es delicada, ya que los jueces pueden eximir a un condenado de prisión si no tiene antecedentes penales, pero eso se anularía si es declarado culpable en ambas causas pendientes.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años para el fraude fiscal. En este caso, Amador presuntamente cometió dos delitos de fraude, uno por cada ejercicio fiscal investigado (2020 y 2021). En cuanto a la falsedad en documento mercantil, esta se sanciona con prisión de entre seis meses y tres años.

Las partes han presentado a la jueza sus escritos de conclusiones en la causa por los delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicitó el 16 de julio una pena de tres años, nueve meses y un día de cárcel para Amador, además de una multa de 623.000 euros. La Abogacía del Estado hizo lo propio este lunes, pidiendo la misma pena de prisión y una multa de 448.000 euros. Por su parte, PSOE y Más Madrid pidieron este jueves cinco años de cárcel.

En la segunda causa, que aún se encuentra en instrucción, los delitos incluyen la corrupción en los negocios, que conlleva penas de entre seis meses y cuatro años, y la administración desleal, con cárceles de seis meses a tres años.

Su defensa ha tenido un giro en la pieza original, la del fraude. Inicialmente, Amador reconoció su culpa y su intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía por una condena menor. Es famoso su correo del 2 de febrero al fiscal del caso, en el que su abogado, Carlos Neira, admitía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Este pacto estuvo a punto de materializarse en junio de 2024, pero la jueza lo detuvo a petición de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, quienes consideraban inapropiado cerrar el caso de tal forma por la existencia de otros delitos. Eso condujo a la apertura de la pieza separada.

Desde entonces, Amador no ha retomado las negociaciones y ha defendido su inocencia en ambas causas. Fue en ese momento que acudió a la Audiencia Provincial para recurrir su procesamiento por fraude fiscal, alegando indefensión por no haberse practicado las pruebas solicitadas. La jueza lo denegó, reprochándole que solo pretendía prolongar el proceso y que los indicios de que utilizó facturas falsas para disminuir su carga fiscal eran «claros».

El caso del presunto soborno se centra en si Amador realizó un pago indebido a un ejecutivo de Quirón de manera encubierta. La operación investigada tuvo lugar en diciembre de 2020, cuando Amador adquirió a la esposa del ejecutivo una empresa que, de acuerdo a los indicios recopilados por la jueza, no valía 500.000 euros. La dueña es la farmacéutica Gloria Carrasco, quien había establecido anteriormente un negocio paralelo de estética, Círculo de Belleza SL.

Qué alegan Amador

La empresa carecía de empleados o activos, pero Amador sostiene que Círculo tenía un contrato que le permitiría desarrollar un proyecto para que las farmacias ofrecieran atención segura durante la pandemia. Sin embargo, tras la compra de Círculo, Amador nunca realizó el plan mencionado y, en cambio, utilizó esa empresa para simular operaciones con su otra consultora, Maxwell SL, para así reducir su carga tributaria, según concluyó Hacienda.

Las acusaciones argumentan que la verdadera razón de dicha compra podría haber sido el pago de una comisión oculta al esposo de la farmacéutica, Fernando Camino, quien es el ejecutivo de Quirón que desde 2017 ha contratado a Maxwell, la principal consultora de Amador.

Resulta notorio que la compra de Círculo en diciembre de 2020 se realizó meses después de que Amador obtuviera ingresos extraordinarios de 1,9 millones de euros por mediar en la venta de mascarillas, también en relación con Camino. Este ejecutivo de Quirón es consejero de Mape, la empresa compradora de las mascarillas.

La acusación sospecha que, meses después de ese «pelotazo», Amador devolvió el favor a Camino de manera encubierta, adquiriendo a un precio desmesurado la empresa de su esposa. Las evidencias que apuntan a esa intención se ven reforzadas por una operación anterior entre Camino y su esposa. En septiembre de 2020, el ejecutivo vendió su 20% en Círculo a su mujer a un precio muy inferior al que tres meses más tarde ella se lo revendió a Amador, quizás para borrar rastros del verdadero objetivo de esa compra.