La Audiencia de Madrid rechaza la última táctica de la asesora de Begoña Gómez.

El 22 de enero pasado, la defensa de la asesora de Begoña Gómez reiteró su estrategia en un nuevo documento solicitando a la Audiencia Provincial de Madrid que confirmase que el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, nunca ofreció en su declaración la entrega voluntaria de los correos electrónicos que mantenía con ella.

Los correos intercambiados entre ambos suman un total de 121 y representan un material probatorio clave que sugiere que la asesora podría haber sobrepasado sus funciones laborales, potencialmente incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos debido a su implicación en la actividad profesional privada de la esposa del presidente del Gobierno, cuando Gómez ejercía como codirectora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la UCM.

El abogado de Cristina Álvarez solicitó a la instancia superior que el juez Juan Carlos Peinado se autocorrigiera o aclarara las afirmaciones realizadas en un reciente auto. La alto cargo de la Presidencia del Gobierno, bajo investigación, sostiene que Doadrio «nunca ofreció, en ningún momento de sus declaraciones, la aportación voluntaria de esos correos a la causa». Además, afirma que en su primera declaración en julio de 2024, Doadrio «ni siquiera mencionó la existencia de esos correos».

En su segunda declaración, de enero de 2025, el testigo se limitó a indicar en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que «había revisado los correos antes de acudir a declarar y que eran ‘ciento y pico’». «Pero en ningún momento se ofreció a entregarlos», reitera en su escrito.

José María de Pablo, el letrado, opina que la afirmación de la Audiencia de Madrid no puede ser otra cosa que «un error material de la Sala» y señala que «se puede verificar en la grabación de las declaraciones del testigo» que Doadrio nunca afirmó eso en el tribunal.

La Sección 23 de la Audiencia rechazó la solicitud de aclaración planteada por la representación legal de la directora de Programas de Presidencia en una resolución del 13 de febrero. Los magistrados madrileños le reprochan que intente obtener «un nuevo pronunciamiento» respecto a lo ya decidido al resolver su recurso de apelación, por no estar «de acuerdo» con el sentido del fallo.

La Audiencia de Madrid responde al abogado de la asistente gubernamental que Doadrio «manifestó que tenía unos ‘ciento y pico’ correos y que, inicialmente, se comunicaba con Gómez, pero luego con Álvarez». Para la Sala, esto indica un dato relevante para la investigación sobre el desvío de fondos estatales.

Por otro lado, considera que no se puede considerar como una «intromisión en la esfera privada del individuo» el hecho de que el juez Peinado solicitara unos correos de ella, que eran «dirigidos desde direcciones oficiales de Moncloa», y otros del ex vicerrector, «remitidos desde la UCM».

La Audiencia de Madrid señala que estos correos «recogen información oficial» y, en relación con la empleada pública investigada, valoran que «aportan datos de interés para evaluar la participación de Álvarez en una esfera ajena a las funciones de su cargo como asistente» de la pareja del jefe del Ejecutivo.