La Audiencia Nacional autoriza a Jordi Pujol a participar por videoconferencia el día de inicio del juicio | España

El tribunal de la Audiencia Nacional que tiene previsto juzgar a partir de la próxima semana a Jordi Pujol, quien fue presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1980 hasta 2003, ha determinado que este comparezca mediante videoconferencia el lunes, antes de iniciar la primera sesión de la vista oral, «para examinar» su estado de salud. Pujol, de 95 años, permanece hospitalizado desde el sábado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona, debido a una neumonía y una infección pulmonar.

La decisión de los jueces, quienes tienen programado el inicio de la vista para ese mismo lunes, se toma después de que en octubre pasado ordenaran realizar un examen al exmandatario catalán, tras recibir tres informes médicos presentados por sus abogados que describían su estado de salud, incluida su capacidad cognitiva. La defensa solicitaba que los magistrados evaluaran si Pujol está en condiciones de enfrentar la larga vista oral. Esta situación podría llevar a que se le permita seguir el juicio de manera remota, solo acudir en días específicos, que la causa sea suspendida (mientras continúa el proceso para los demás acusados), o incluso que se archive el caso si no está en condiciones mentales.

Por todo esto, según informan fuentes legales, los magistrados prevén celebrar el lunes la comparecencia por videoconferencia con el exlíder de CDC (Convergència Democrática de Cataluña), a la que también han sido citados los médicos forenses que emitieron el informe sobre su estado de salud, así como todas las partes implicadas en el proceso. Este acto se realizará antes del inicio del juicio propiamente dicho.

El inicio del juicio al político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que cumplió 95 años en junio, está previsto para el próximo lunes 24 de noviembre. Se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Este proceso llega tras años de retrasos, provocados en gran medida por maniobras y recursos del clan Pujol para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario. La vista oral podría extenderse hasta mediados de 2026, y se han programado declaraciones de más de 250 testigos. La expectación es máxima, sobre todo ante los intentos del independentismo de recuperar la figura del expresident.

Al concluir sus investigaciones, el juez José de la Mata, encargado de la causa, dictaminó que la familia del exdirigente convergente se había “aprovechado de su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante décadas para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Pujol mismo confesó públicamente en 2014 que había escondido durante años una fortuna en Andorra, alegando que provenía de un “legado” que su padre Florenci dejó en el extranjero para su nuera y sus nietos antes de fallecer, una tesis que la Fiscalía rechaza.

El ministerio público solicita nueve años de prisión para el expresidente catalán por blanqueo y asociación ilícita. Asimismo, exige penas de cárcel para sus siete hijos —29 años para el primogénito Jordi Pujol Ferrusola; 14 años para Josep; y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta)—. Además de a Pujol y sus siete hijos, la Audiencia Nacional propuso juzgar a la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, aunque la causa contra ella se cerró por “demencia severa” antes de su fallecimiento en 2024; y a otros quince implicados.