La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor escándalo de corrupción en la trama Púnica | España

La sentencia del mayor escándalo de la trama desmantelada en la Operación Púnica ya ha sido emitida. La Audiencia Nacional ha condenado a cinco alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local por “prácticas corruptas” en la manipulación, entre 2012 y 2014, de contratos públicos en diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a favor de la empresa de eficiencia energética Cofely España. Dos regidores populares que estaban en el banquillo de los acusados resultaron absueltos. La pena más severa, de ocho años y dos meses de prisión, recae sobre un empresario, David Marjaliza, considerado el líder de la trama y quien se convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España, facilitando avances en una macrocausa que aún cuenta con varias líneas de investigación relacionadas con el caso Púnica, cuyo eje fue Marjaliza y Francisco Granados, consejero autonómico en los Gobiernos de Esperanza Aguirre.

El fallo emitido este lunes impone a los condenados penas notablemente inferiores a las solicitadas inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, ya que el tribunal aplicó el atenuante de dilaciones indebidas, dado que han pasado más de 11 años desde el inicio de la instrucción de la causa, en junio de 2014, hasta la sentencia. Además, a una docena de ellos se les reconoce el atenuante de confesión al admitir las irregularidades cometidas, y a varios más se les absolvió por haber entregado diversas sumas de dinero para reparar el daño causado. En el caso de Marjaliza, se intervinieron en 2015 38 obras de arte valoradas en 15,6 millones de euros que había escondido en Suiza y que ayudó a repatriar para cumplir con sus responsabilidades económicas en esta pieza y el resto de la macrocausa.

Uno de los exalcaldes condenados es José María Fraile, antiguo regidor socialista de Parla (Madrid), quien ha recibido una condena de dos años y cuatro meses de prisión por ser autor de fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias al manipular un contrato de eficiencia energética de 54,6 millones de euros en su municipio. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado inicialmente para él una pena de 11 años. Fraile fue uno de los procesados que admitió los delitos cometidos y reconoció haber recibido una dádiva de 500.000 euros por amañar el concurso en beneficio de Cofely. Por su parte, el exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), ha recibido una condena de dos años y 10 meses por los mismos delitos.

El exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, del PP, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho. La misma pena fue impuesta a Agustín Juárez López de Coca, exalcalde del PP en Villalba; mientras que Daniel Ortiz, exregidor popular de Móstoles, tiene una pena de tres años de prisión por cohecho durante su gestión en esta localidad, la segunda más poblada de la Comunidad de Madrid. También han sido condenados a la misma pena el concejal de su partido Alejandro Utrilla y su hermano Mario Utrilla, quien en aquel momento era regidor del PP en Sevilla La Nueva y también ocupó un escaño en la Asamblea de Madrid. Ninguno de ellos admitió durante el juicio su implicación en los hechos que el tribunal ha considerado probados.

El quinto exalcalde del PP condenado, Gonzalo Cubas, exregidor de Torrejón de Velasco y cuñado de Marjaliza, admitió los hechos, no obstante, la Audiencia Nacional no le impuso prisión, sino tres años de inhabilitación. Los dos exalcaldes del PP que fueron finalmente absueltos son José García Lobato, que ocupó la alcaldía de Almendralejo (Badajoz), y José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro (Madrid), a quienes el tribunal consideró sin pruebas de actuación delictiva durante su gestión.

La sentencia condena a 28 de las 36 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados cuando inició el juicio el pasado abril. También se condena, en calidad de persona jurídica, a Cofely, quien deberá pagar una multa de 3,6 millones de euros por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque se le absuelve del de blanqueo de capitales. El fallo destaca que los mecanismos de control interno de la empresa para prevenir actividades corruptas fallaron durante los tres años en que operó la trama. Tres de sus directivos también han sido condenados, enfrentándose a penas de cárcel. Entre ellos se encuentran el entonces director general, Didier Roger Maurice, y el exdirector comercial, Constantino Álvarez, quienes han recibido penas de seis años y seis meses por organización criminal, fraude a la Administración, cohecho y como colaboradores en un delito continuado de prevaricación.

La sentencia concluye que, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely España condenados y Marjaliza, actuando como comisionista, “formaron una organización criminal con una planificación integral, destinada a perdurar e interviniendo en los ayuntamientos” para conseguir contratos de eficiencia energética en diversos municipios. Para ello, pagaban sobornos a los responsables públicos y funcionarios implicados en las adjudicaciones, obteniendo de antemano información crucial sobre las licitaciones e incluso influyendo en elementos esenciales de los concursos como la fórmula de valoración económica o los criterios de valoración, otorgándoles una ventaja clave ante otras empresas concursantes. En sus ofertas, la trama incluía diversas partidas, como una por auditoría, que les permitía embolsarse una cantidad de dinero a cuenta del ayuntamiento como sobrecoste, que posteriormente utilizaban para pagar la mordida a los políticos y funcionarios implicados. “Esta dinámica se ha repetido, con las variaciones correspondientes a cada caso, en la práctica totalidad de los ayuntamientos afectados”, enfatiza el fallo.